La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) advirtió que la cuestión de las vacantes “es un problema crónico y estructural que afecta gravemente el servicio de administración de justicia”.
El presidente de la AMFJN, el juez Andrés Basso, precisó que la enorme cantidad de cargos sin nombramientos “genera que la mayoría de los magistrados titulares del poder judicial y los ministerios públicos deban hacerse cargo de juzgados y tribunales vacantes, desdoblando así su prestación laboral, debiendo atender más de una oficina judicial, con las consecuencias lógicas que tal situación genera en cuanto a los tiempos de resolución de los casos”.
No obstante, consideró que “esta situación ha empezado a solucionarse a partir de los recientes envíos de pliegos al Senado realizados por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Los datos estadísticos revelan que más de la tercera parte de los cargos de jueces están vacantes. En Comodoro Py, no tienen juez titular cuatro de los doce juzgados federales de instrucción, siete de los veinticuatro puestos que corresponden a los tribunales orales, y tres de las doce magistraturas en la Cámara Federal de Casación Penal.
Tribunales vacantes
Ante la consulta de infobae, varios jueces que integran los tribunales orales en Comodoro Py destacaron la importancia de cubrir los cargos vacantes para dar agilidad a todas las causas pendientes.
Además, coincidieron en que se requiere completar la Cámara de Casación, encargada de revisar los recursos contra las sentencias. Expresaron su preocupación ante el proyecto de reducir la cantidad de integrantes.
Las fuentes manifestaron que la mayoría de los magistrados están subrogando en otros tribunales, incluso fuera de la jurisdicción de Capital Federal. Advirtieron que más allá de su dedicación, la situación se complica a la hora de coordinar las audiencias por superposición de horarios.
Según indicaron, en cada tribunal oral se acumulan al menos cien causas, muchas de ellas en condiciones de fijar fecha de audiencia, aunque debe dilatarse esa decisión hasta que se libere la agenda. Los consultados insistieron en que la situación es crítica porque hay jornadas en las que deben atender dos juicios.
Existe el caso del Tribunal Oral Federal 6 que no tiene jueces titulares desde el 2020. En el TOF 4 hay dos vacantes, y en los TOF 2 y TOF 5, cada uno tiene una juricatura sin nombrar.
En cuanto a la suma de causas que están en condiciones de comenzar las audiencias mencionaron la del vacunatorio vip, procesos pendientes contra el empresario Lázaro Báez, el ex titular de la AFIP Ricardo Etchegaray, y en cuanto se complete el peritaje contable se sumará Los Sauces y Hotesur.
Desde que asumió el nuevo ministro de Justicia, Juan Ignacio Mahiques, el Poder Ejecutivo envió 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces. Los candidatos fueron propuestos para los fueros penal, penal, económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social, sin incluir el federal.
A todo esto, la semana pasada el Consejo de la Magistratura aprobó enviar 17 ternas al Poder Ejecutivo con 51 postulantes. Entre ellos se encuentran los concursos para vacantes en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal 2, 4, 5 y 6.
¿Cómo es el proceso de selección de los jueces?
El organismo encargado de seleccionar a los candidatos para ocupar esas vacantes es el Consejo de la Magistratura. Está integrado por 19 representantes de los jueces, abogados, diputados, senadores, académicos y el Poder Ejecutivo.
El portal del Consejo expone que hay 75 concursos en trámite, 144 atravesando el proceso de selección en el Consejo, 153 en el Ejecutivo, y 67 en el Senado.
Para cubrir esos puestos, los postulantes deben acreditar antecedentes laborales y académicos, realizar un examen por escrito, y finalmente una entrevista personal.
Luego los integrantes del Consejo elaboran una terna con los mejores; y cuando el plenario aprueba a los tres destacados, arranca la etapa en la que interviene el Poder Ejecutivo.
El presidente de la Nación debe elegir a uno de los finalistas y proponerlo al Senado, que tiene la responsabilidad de brindar su acuerdo con el apoyo de dos tercios de los votos. Para completar el proceso es necesario que se publique el decreto de nombramiento.
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