El Consejo de la Magistratura definirá este miércoles si envía a juicio político a dos jueces federales: Pablo Díaz Lacava, del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, y Alfredo López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata. Están acusados de maltratos y antisemitismo, respectivamente.
El plenario del organismo, con sus 20 consejeros y el presidente Horacio Rosatti, votará si avanza o no con los jurys. Para eso es necesario alcanzar los dos tercios de los votos.
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El primer caso involucra al juez de la provincia de La Pampa. La justicia penal procesó a Díaz Lacava el 11 de noviembre del año 2024 por los delitos de amenazas y lesiones. Las autoridades judiciales incorporaron posteriormente a ese mismo expediente penal una imputación adicional por violencia de género.
En el ámbito administrativo, el procedimiento contra este magistrado comenzó en el mes de abril del año 2023. Tres secretarios de su propio tribunal presentaron la denuncia inicial de este caso. Los empleados judiciales acusaron al juez de cometer diversos delitos en el entorno de trabajo institucional.
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Los denunciantes detallaron situaciones de coacción, de abuso de autoridad, de maltrato laboral y de violencia por motivos de género.
La causa administrativa tomó mayor dimensión cuando los otros dos magistrados del TOF de Santa Rosa, Marcos Javier Aguerrido y José Mario Triputti, respaldaron las acusaciones de los trabajadores. Frente a las situaciones descriptas en el sumario, los denunciantes solicitaron una medida de restricción de acercamiento contra el juez acusado.
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El consejero Álvaro González instruyó la investigación preliminar dentro del organismo rector de los jueces. El expediente recopiló el material probatorio y analizó los sucesos expuestos en la presentación original de las víctimas.
A mediados del mes de marzo del corriente año, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura concretó una reunión de carácter ordinario, con el consejero Alberto Maques presidiendo aquel encuentro de trabajo institucional.
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Como consecuencia de la instrucción, el plenario del Consejo recibió dos propuestas de resolución sobre la situación de Díaz Lacava: un dictamen solicita el inicio formal del enjuiciamiento para su destitución definitiva y otro, elaborado por el juez y consejero Alberto Lugones, propone la aplicación de una sanción económica equivalente a la mitad de su salario mensual por única vez.
El segundo caso que figura en la agenda de la sesión corresponde al magistrado Alfredo López. El titular del juzgado marplatense presentó su renuncia indeclinable el 10 de abril último, aunque aún no fue aceptada por el presidente Javier Milei.
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El juez tomó esta determinación tan solo siete días después de que la Comisión de Acusación votó a favor del dictamen que solicitó su enjuiciamiento formal. Debido a que el Poder Ejecutivo de la Nación todavía no aceptó la dimisión oficial, el plenario del organismo tratará su expediente durante el encuentro del día miércoles.
Las investigaciones sobre el magistrado de la ciudad balnearia comenzaron a partir de la denuncia de tres organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones acusaron al juez de cometer actos de discriminación y de antisemitismo.
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El representante legal de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Gabriel Camiser, introdujo la primera demanda el 28 de febrero del año 2025. El 14 de marzo del mismo año, la titular del Foro Argentino Antisemitismo, Sabrina Ajmechet, sumó la segunda presentación en su contra. Posteriormente, el 16 de julio, los ciudadanos Yamil Santoro y José Magioncalda concretaron la tercera denuncia contra el funcionario.
El consejero Luis Juez condujo la etapa de instrucción del sumario correspondiente. El proceso administrativo demandó distintas actuaciones entre los meses de febrero y de noviembre del año 2025. Durante ese lapso, el organismo despachó notificaciones oficiales, recibió los documentos de defensa del magistrado y de sus representantes legales, tramitó las ampliaciones vinculadas a las denuncias y ordenó la toma de declaraciones a los testigos de los hechos.
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La Comisión de Acusación emitió su veredicto el 17 de marzo, transcurridos dos meses desde la recepción del primer reclamo institucional. El cuerpo dictaminó que el expediente reunió los elementos de prueba necesarios para elevar la causa hacia la instancia de juicio político. Ante la proximidad del inicio del proceso de destitución, López optó por presentar su retiro del Poder Judicial de la Nación.
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