El juez federal Ariel Lijo tiene para resolver un requerimiento de 29 nuevas indagatorias que formularon los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, en el marco de una nueva línea de investigación de la causa ANDIS, que analiza presuntas maniobras de corrupción por más de 75.000 millones de pesos.
Además, el magistrado deberá evaluar si concede el pedido de inhibición general de bienes de un amplio grupo de personas físicas y jurídicas, incluidas varias empresas vinculadas al rubro de insumos médicos.
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Los imputados en esta nueva trama de delitos son el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, el exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabahian y más de 20 empresarios que supuestamente estaban bajo sus órdenes.
La hipótesis sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, los funcionarios públicos direccionaron múltiples compras de insumos de alto costo -denominadas PACBI- para beneficiar a las empresas involucradas con el pago de sumas millonarias, a cambio de retornos o de dádivas.
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Las PACBI (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia) son prótesis de primera categoría para amputaciones, implantes cocleares, materiales específicos para cirugías complejas o sillas de ruedas motorizadas.
Por sus particularidades eran gestionadas desde el Programa Incluir Salud, porque se trataba de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves, en situación de pobreza estructural y sin coberturas médicas específicas.
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Los investigadores presumen que los funcionarios usaban como pantalla el Programa Incluir Salud para montar un sistema de desvío de fondos en perjuicio de las arcas del Estado.
La causa
En los siete meses que lleva esta causa, la justicia avanzó sobre la sospecha de que ANDIS funcionó “como una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal”.
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Según la pesquisa, los imputados contaban con información privilegiada para comercializar con la Agencia de Discapacidad, facilitar las adjudicaciones de compras y coordinar la cartelización empresarial.
Lijo heredó el expediente con 19 procesamientos cuando asumió como subrogante del Juzgado Federal 11, que hasta febrero pasado tenía a cargo otro juez que actuaba como suplente, Sebastián Casanello.
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En este caso trabajan en conjunto el fiscal federal Franco Picardi, junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo de Sergio Rodríguez, y la colaboración de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Además, participan la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).
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Los primeros procesamientos
Los primeros 19 procesados en el caso ANDIS apelaron ante la Cámara Federal, que en estos días continúa recibiendo los argumentos de las defensas, que cuestionan la imputación por presunta asociación ilícita dedicada a desviar fondos públicos asignados para las personas con discapacidad.
Se trata de los exfuncionarios Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Diego D´Giano, Roger Grant, Eduardo González y Lorena Di Giorno; y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
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Los jueces de la Sala II de la Alzada, Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, deberán resolver si confirman o revocan la decisión del juez Casanello que los encontró a todos involucrados en un sistema paralelo de administración del Estado, orientado a direccionar compras, inflar precios y repartir retornos ilegales, con un perjuicio millonario para el Estado.
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