Jorge Monastersky explicó en Infobae al Regreso que la denuncia presentada ante la justicia argentina expone cómo un grupo de operaciones ruso habría destinado más de USD 283.000 al financiamiento de más de 250 en 23 medios digitales para incidir en la opinión pública.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Mica Mendelevich, el abogado describió la estructura de la maniobra: “La información da cuenta de unas maniobras que serían dirigidas por el gobierno ruso, en el cual a través de alrededor de 25 medios de comunicación, durante un tiempo habrían introducido alrededor de 250 notas”. Monastersky remarcó la diferencia entre periodistas y operadores: “Hay que ser prudentes. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son los periodistas, y otra cosa son los operadores disfrazados de periodistas”.
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La acusación por pagos a medios y periodistas en Argentina
Monastersky precisó que la denuncia judicial es por “averiguación de ilícito”, dado que aún debe determinarse si las acciones encuadran en delitos previstos por la Ley de Inteligencia o contra el orden constitucional argentino. “La investigación tiene que dar claridad para separar cuáles fueron los medios que directamente sus propietarios tuvieron incumbencia en participar económicamente en algo tan grave como desestabilizar un gobierno, y quiénes fueron los periodistas que utilizaron el medio que les daba confianza para publicar notas a cambio de un beneficio económico”, subrayó.
La denuncia que el abogado presentó ante la Justicia nacional señala que la eventual inserción de operaciones de desinformación coordinada y con financiamiento extranjero puede incidir directamente en la “formación de la voluntad del electorado”, en especial durante períodos electorales, afectando “la transparencia del debate público y la integridad del sistema democrático”, según consta en el texto entregado al juzgado. Monastersky advierte que el fenómeno no puede tratarse como una simple dinámica comunicacional sino que representa una amenaza directa al sistema democrático argentino.
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La preocupación abarca además la posibilidad de que periodistas y medios hayan sido engañados sobre la fuente u objetivos de los materiales difundidos, hecho que el abogado considera debe ser dilucidado para evitar generalizaciones y establecer responsabilidades individuales. El documento solicita que la Justicia individualice las conductas y determine si reúnen los elementos propios de delitos previstos en la normativa vigente, en particular la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
Gonzalo Aziz planteó que la cantidad de publicaciones en algunos medios sugiere una operación coordinada desde la dirección, mientras que en otros casos pudo tratarse de colaboraciones individuales. Monastersky coincidió en esa lectura, pero advirtió sobre la dificultad de probar la diferencia entre una crítica legítima y una intervención pagada: “El trabajo va a ser complejo, pero hay mucha prueba que se puede producir, más allá de la investigación de este grupo de periodistas, sino también desde el Ministerio Público Fiscal, con grandes herramientas de tecnología”.
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El papel del consorcio periodístico y la verosimilitud de la denuncia
En la entrevista se destacó que la investigación fue impulsada por un consorcio de periodistas de distintas orientaciones ideológicas, lo que para Monastersky refuerza la credibilidad del caso: “Le da verosimilitud. No estamos hablando de medios afines al gobierno los que están planteando que habría existido esta situación de una infiltración de información a pedido de Rusia para desestabilizar a Milei. El consorcio es completamente pluriideológico”.
El abogado mencionó antecedentes de inteligencia nacional que advertían sobre maniobras similares en 2025. “Me pareció muy importante que la justicia intervenga de lleno y que la sociedad también sepa si esta información era falsa y cuáles van a ser las consecuencias”, afirmó. “Porque está la credibilidad de los periodistas, de los medios, pero también la necesidad de la sociedad de poder entender y valorar qué información consume”.
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Delitos investigados y el impacto en la democracia argentina
Respecto de los delitos que podrían investigarse, Monastersky explicó: “Lo primero que se solicitó a la justicia es que le corra vista al fiscal para que impulse la acción penal. Seguramente la Ley de Inteligencia es una de las normativas que tiene que analizar la fiscalía”. Aclaró que la denuncia es por averiguación de ilícito para no forzar tipos penales antes de que avance la investigación: “Hay que averiguar cómo encuadrarían los hechos y, sobre todo, actuar rápido con las medidas de prueba”.
El entrevistado remarcó la gravedad del episodio: “La magnitud de tantos medios, tantos periodistas y tantas notas, nunca vi un antecedente en la República Argentina y me animo a decir en la región”. Subrayó que la investigación judicial debe distinguir entre la legítima crítica periodística y la desinformación por encargo, ya que “una cosa es la crítica por no estar de acuerdo con un acto de gobierno, y otra es quien se beneficie económicamente con un plan orquestado desde el exterior”.
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Monastersky concluyó que el desafío central para la justicia será proteger la credibilidad de los medios y la calidad de la información que recibe la sociedad argentina: “No es un medio que lo hace creíble por cómo informa o qué ideología tiene. Acá estamos diciendo que se nos metieron adentro y nos dan una información falsa, direccionada para desestabilizar un gobierno nacional. Algo imposible de tolerar en este año 2026”.
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