La Sala III de la Cámara Federal de Casación anuló los sobreseimientos de José Eduardo Sánchez y Rubén Oscar Martínez en la causa SOFSE, donde se investiga la presunta defraudación a la administración pública y el uso de documentación falsa en una licitación de trenes a través de la operadora ferroviaria del Estado.
Los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci coincidieron en que el cierre fue prematuro y careció de fundamentación suficiente, por lo que ordenaron devolver el expediente al tribunal de origen para que continúe la pesquisa.
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La sentencia recordó que el sobreseimiento extingue el proceso “de manera definitiva e irrevocable” respecto de los imputados y, por eso, solo procede cuando no hay dudas sobre la causal que lo justifica. Para los tres jueces, esa certeza no aparece en este expediente.
Este caso surgió como consecuencia de la denuncia formulada por Prevemed S.A. respecto de la presunta utilización de documentación falsa por parte de International Health Services S.A. (IHSA) para obtener de manera irregular la adjudicación de un contrato en una licitación realizada en 2017.
La pesquisa gira en torno a la Licitación Pública Nacional n.º 24/2017 que promovía los controles preventivos de alcoholemia y consumo de drogas a conductores de trenes en diversas líneas ferroviarias.
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El caso
La investigación se basa en la hipótesis de la presentación de documentación falsa por parte de la empresa International Health Services S.A. (IHSA), en el marco de una licitación pública convocada por la Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE).
Las notas bajo sospecha son dos, fechadas en septiembre y octubre de 2017, que certificaron supuestos antecedentes de servicios de control de alcoholemia y psicoactivos prestados por la firma para Pampa Energía S.A. en Neuquén.
La inclusión de estos antecedentes habría alterado la evaluación de la licitación, favorecido a IHSA frente a otros oferentes y permitido que la empresa obtuviera la adjudicación estatal.
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Por otro lado, el contrato con Pampa Energía se inició en noviembre de 2016, lo que impedía cumplir con el requisito del año completo de experiencia al momento de la licitación, factor clave para la acusación de falsedad en la documentación presentada.
A José Eduardo Sánchez, en su carácter de gerente general y presidente del directorio de IHSA, se le imputa haber participado en la obtención y presentación de estas notas presuntamente falsas, lo que habría permitido que la empresa obtuviera una ventaja indebida sobre otros competidores.
Precisamente, la Cámara de Casación consideró que restaban medidas de prueba relevantes, entre ellas, obtener respuesta a un requerimiento informático dirigido a Microsoft para determinar el origen y el uso de una casilla de correo involucrada en los hechos.
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En cuanto a Rubén Martínez, la acusación refiere su presunta intervención en la confección o envío de una de las notas cuestionadas, aunque durante el proceso se detectó que podría tratarse de otra misiva, distinta a la que aparece en el expediente de la licitación. Los jueces entendieron que resta determinar si Martínez tuvo conocimiento o participación penalmente relevante en la maniobra.
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