La operación “Caballo de Troya” permitió desarticular una presunta modalidad de microtráfico que utilizaba puestos de vendedores ambulantes como fachada para comercializar drogas en áreas de alta concurrencia de San Miguelito.
La acción terminó con siete personas aprehendidas y se suma a varios casos registrados durante los primeros días de agosto en Panamá, con métodos que van desde compartimentos ocultos en embarcaciones hasta el tráfico a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
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La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas desarrolló la operación en Los Andes, Paraíso, Santa Marta, San José y La Gran Estación, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.
Precisamente en La Gran Estación, según la Procuraduría, los investigados se presentaban como buhoneros mientras presuntamente comercializaban sustancias ilícitas cerca de establecimientos y espacios con elevado movimiento de personas.

El mecanismo permitía mezclar la presunta actividad ilícita con el movimiento cotidiano de vendedores y compradores, reduciendo las posibilidades de despertar sospechas entre quienes transitaban por el área.
Durante los procedimientos fueron aprehendidas siete personas y las autoridades decomisaron dinero presuntamente relacionado con las ventas y sustancias que serán sometidas a pruebas científicas para determinar su composición.
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Los detenidos deberán comparecer ante un Tribunal de Garantías para continuar el proceso judicial. El caso pone nuevamente el foco sobre el microtráfico en espacios urbanos de intensa actividad comercial, pero no es el único expediente reciente en el que las autoridades panameñas han encontrado mecanismos utilizados presuntamente para ocultar o transportar sustancias ilícitas sin ser detectadas.
Otro caso terminó con una condena de 88 meses de prisión contra una pasajera extranjera que transitaba por la zona internacional del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La mujer tenía como destino final París, Francia, cuando fue sometida a una inspección de rutina realizada por las autoridades panameñas en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.
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El Tribunal de Garantías declaró legal su aprehensión y admitió la imputación por delitos relacionados con drogas, antes de que el proceso concluyera mediante un acuerdo de pena. Además de los 88 meses de cárcel, se ordenó el decomiso de 1,185 euros que llevaba la condenada, monto que deberá ser convertido a moneda nacional, unos $1,369.
Las acciones contra el tráfico de drogas también alcanzaron durante los últimos días la provincia de Los Santos. La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas consiguió tres condenas por venta de sustancias ilícitas en el distrito de Parita, después de investigaciones que documentaron transacciones realizadas en diferentes fechas entre finales de julio y comienzos de agosto.
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En el primer expediente, un ciudadano fue condenado a 90 meses de prisión mediante la Sentencia N.° 290, después de comprobarse ventas efectuadas el 24 y 29 de julio y el 3 de agosto. En otra audiencia, dos personas recibieron penas de 92 meses de cárcel cada una por hechos ocurridos en Parita Cabecera.
Las investigaciones determinaron que estos últimos realizaron ventas el 25 y 29 de julio y nuevamente el 3 de agosto. Durante las diligencias, las autoridades también localizaron sustancias ilícitas adicionales dentro de la residencia de uno de los involucrados, ampliando los indicios incorporados por la Fiscalía al proceso penal.
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Uno de los decomisos de mayor volumen ocurrió en la costa Caribe. Dos panameños quedaron bajo detención provisional por posesión agravada de drogas y alteración de la estructura de un medio de transporte, luego de que las autoridades descubrieran un compartimento diseñado para esconder cientos de paquetes dentro de una embarcación.

Los hombres fueron aprehendidos la noche del 3 de agosto en Playa Chiquita, Costa Arriba de Colón, después de que unidades del Servicio Nacional Aeronaval retuvieran la nave. Durante el posterior allanamiento, la Fiscalía de Drogas encontró una estructura de doble fondo en cuyo interior permanecían ocultos 530 paquetes.
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Los análisis realizados por el Laboratorio de Sustancias Controladas determinaron que los paquetes contenían 587 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Un Tribunal de Garantías legalizó las aprehensiones, permitió la formulación de cargos y ordenó que ambos ciudadanos permanezcan detenidos mientras continúan las investigaciones sobre el cargamento y su destino.
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