La condena a 30 años de prisión para Evelyn Elizabeth Flores Cortez por el asesinato de su pareja en el occidente de El Salvador marca uno de los casos recientes más notorios de homicidio agravado en el país.
El fallo, emitido por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, responde al crimen cometido el 30 de mayo de 2025, cuando Flores Cortez, de 32 años, atacó a Carlos Eugenio López Mejía, de 35 años, durante una discusión en una vivienda de la lotificación El Rosario, en San Sebastián Salitrillo, municipio de Santa Ana Oeste.
Según información oficial difundida por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, la víctima logró identificar a su agresora antes de fallecer, señalando directamente a Flores Cortez ante los agentes policiales que acudieron al lugar.
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A pesar de los intentos médicos, la gravedad de la herida causada con un arma blanca resultó fatal para López Mejía. El tribunal valoró la prueba documental, pericial y testimonial, lo que permitió la condena de la imputada, quien fue detenida en la escena.
La legislación salvadoreña establece penas severas para estos delitos. El Código Penal de El Salvador contempla en su artículo 129 que el homicidio agravado cometido bajo circunstancias como alevosía, premeditación o ensañamiento puede ser penado con entre 20 y 30 años de prisión.
Cuando el hecho es cometido contra la pareja o conviviente, la normativa agrava la responsabilidad penal, pudiendo alcanzar penas superiores si concurren circunstancias específicas.
Las reformas legales recientes han incrementado el rigor de las condenas. Tras los últimos cambios legislativos entre 2024 y 2025, quienes sean hallados culpables de homicidio agravado pueden recibir sentencias de hasta 50 o 60 años de prisión, considerando agravantes como la premeditación o el abuso de confianza.
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No obstante, la sentencia dictada a Flores Cortez se encuentra dentro del rango tradicional para homicidio agravado.
La tendencia judicial en el país ha mostrado un endurecimiento en las condenas por homicidios dentro del círculo familiar. En marzo de 2026, Priscila Mayela Abarca Mendoza fue sentenciada a 45 años de prisión por homicidio agravado contra su pareja, hecho ocurrido en Ciudad Delgado en julio de 2025.
En otro caso, Reina Isabel Henríquez Lovo recibió 50 años de prisión tras ser hallada culpable de asesinar a su esposo en San Luis de La Reina en 2024, en un crimen planificado junto a su pareja extramatrimonial. En ambos procesos, la Fiscalía General de la República acreditó la existencia de dolo y premeditación, elementos que agravan la pena conforme a la legislación vigente.
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Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, 2025 cerró con 24 feminicidios y muertes violentas de mujeres, de los cuales la mitad fueron cometidos por parejas sentimentales. Las cifras, aunque en descenso respecto a años anteriores, mantienen la atención sobre la violencia intrafamiliar y la respuesta judicial.
La Corte Suprema de Justicia y las autoridades judiciales han enfatizado la importancia de la prueba testimonial y pericial en los procesos por homicidio agravado.
En el caso de Flores Cortez, la declaración de la víctima resultó determinante para la condena, subrayando el peso de las últimas manifestaciones de los afectados en las diligencias judiciales.
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Con la entrada en vigor de reformas adicionales en abril de 2026, El Salvador comenzará a aplicar la prisión perpetua para casos de feminicidio, reflejando una política penal más severa frente a la violencia de género. Hasta esa fecha, las penas por feminicidio agravado oscilaban entre 30 y 50 años de prisión.
La condena a Flores Cortez se suma a una serie de sentencias que reafirman la política de tolerancia cero ante los homicidios de pareja en El Salvador, donde la respuesta judicial busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos hechos y la contundencia de las sanciones aplicadas.
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