La movilización de jueces y personal del Poder Judicial derivó en la convocatoria de una comisión especial de 12 magistrados, quienes se reunirán este miércoles para dialogar con las autoridades sobre indexación salarial, mejoras para el personal administrativo, contratación de más servidores y condiciones edilicias en los tribunales.
Esta decisión fue consecuencia directa de la protesta nacional realizada el 21 de mayo, en un contexto en el que los representantes del colectivo exigen respuestas institucionales claras, precisas y con plazos definidos.
Según lo informado por Rosanna Vázquez Febrillet, presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo), al menos 450 jueces firmaron el reclamo y otros 60 manifestaron su apoyo expreso. La comisión estará integrada por cuatro jueces de paz, cuatro de primera instancia y cuatro de cortes de apelación, lo que representa distintos niveles del sistema judicial.
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La protesta, que tuvo alcance nacional, incluyó tanto a magistrados como a empleados judiciales. Vázquez Febrillet, citada por Listín Diario, remarcó que el colectivo no aceptará promesas ambiguas ni compromisos imprecisos, y aclaró: “Esto no es contra una persona, es un reclamo al Consejo del Poder Judicial como órgano”.
El reclamo de los jueces: hoja de ruta y respaldo formal
El núcleo de la reunión será la continuidad del diálogo sobre aquellos puntos que motivaron la movilización: la demanda de una ruta verificable con fechas y mecanismos claros para la indexación salarial, el aumento para el personal administrativo, la contratación de más servidores y mejoras urgentes en la infraestructura de los tribunales.
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“El diálogo tiene que tener precisión. Si llegamos a esta crisis es porque realmente estamos en crisis. Necesitamos una ruta que diga con exactitud cuándo se va a producir la indexación y la contratación del personal que se necesita”, sostuvo la presidenta de Judemo en declaraciones recogidas por Listín Diario.
La respuesta institucional al reclamo fue la convocatoria formal a negociar bajo la presión de cientos de firmas y la exigencia de fechas concretas.
El colectivo enfatiza que cualquier avance debe estar respaldado por una hoja de ruta precisa, que responda puntualmente a las preguntas de “qué, cómo y cuándo” se resolverán los problemas planteados.
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Por otra parte, el grupo extendió su pedido a todos los poderes del Estado, solicitando que reconozcan la situación y, si es necesario, que el Poder Ejecutivo asigne el presupuesto complementario de manera formal, evitando acuerdos informales o compromisos sin respaldo financiero. Esta solicitud busca asegurar que las posibles soluciones cuenten con sustento real y continuidad en el tiempo.
Vázquez Febrillet afirmó que el movimiento no está motivado por la proximidad de reuniones de organismos judiciales, descartando además cualquier temor ante la cercanía de una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura o un posible cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. La magistrada sostuvo que el foco permanece en las demandas laborales e institucionales que plantea el colectivo.
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La movilización fue calificada por la presidenta de Judemo como “un fenómeno nunca antes visto”. Los magistrados declararon que continuarán en sesión permanente hasta obtener respuestas, con el objetivo de lograr condiciones dignas y un sistema de justicia eficiente para la ciudadanía.
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