Es contador, lo procesaron por asesorar para lavar dinero y ofreció ayudar en una parroquia a cambio de evitar el juicio

Un contador acusado por el presunto montaje de una estructura que habría permitido a dos sociedades “fantasma” perpetrar maniobras millonarias de lavado de dinero con contratos de limpieza de grafitis en subtes y escuelas, pidió quedar fuera de la causa penal con una probation, es decir, suspensión del juicio “a prueba”.

El profesional procesado como supuesto coautor del delito ofreció tareas comunitarias y el pago de una suma como donación. En concreto, estaba dispuesto a ir ocho horas por mes a trabajar gratis a una parroquia de Pilar y donar cinco millones de pesos en cinco cuotas a una fundación o al hospital Garrahan. La Justicia le dijo que no.

“Vínculo de confianza”

Según la acusación en camino a juicio oral, el contador tenía un “estrecho vínculo de confianza” con los beneficiarios finales de las maniobras de las firmas pantalla, “asesoró y guió” en la presentación de declaraciones juradas de impuestos que no reflejaban la situación real de las empresas y “prestó” su dirección para que allí se constituyera el domicilio fiscal.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó conceder el beneficio, una decisión que fue apelada ante la Cámara Federal porteña. Este tribunal de apelaciones confirmó el año pasado los procesamientos y la fiscalía formuló su pedido de envío a juicio.

De acuerdo a la investigación, tanto el contador como otros profesionales que asesoraron a las empresas habrían ocupado una “figura central” en el “acontecer delictivo” con un rol técnico en el marco de un plan “común y ejercido con división del trabajo en fraude a las normas”.

El contador fue procesado en febrero de 2025 como supuesto coautor de lavado de activos por “haber puesto sus conocimientos especiales al servicio del esquema delictivo”.

Se trató del reciclaje de unos $28.000.000 de pesos “proveniente de la presunta evasión tributaria y actos de corrupción pública” para lo cual, según el expediente judicial, se crearon “sociedades pantalla -Citepa SA y Varberg SA-, utilizaron prestanombres y armaron una estructura financiera que posibilitó alejar el dinero de su origen ilícito, dificultar su trazabilidad y, así, generar las condiciones para que retornara a los verdaderos beneficiarios finales bajo apariencia de licitud”.

Todo habría ocurrido a través de contratos para la limpieza de grafitis en vagones del subte y escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires entre 2013 y 2018. Entre los procesados hay empresarios de las firmas adjudicatarias, contadores y directivos de una sociedad bursátil implicada.

Contador y apoderado

El contador era apoderado de las sociedades. De acuerdo a la acusación, habría intervenido como asesor contable e impositivo. “Formó parte de la toma de decisiones respecto a la operatoria espuria de éstas junto con los beneficiarios finales y otros imputados”.

También “elaboró y fiscalizó las declaraciones juradas de IVA y de impuesto a las ganancias, presentadas ante la AFIP, que no reflejaban la realidad societaria ni patrimonial de las empresas, cuya simulación permitió la operatoria regular de estas -en particular, que abrieran sus cuentas bancarias y financieras y que pudieran facturar como prestadoras de servicios”.

La defensa pidió la suspensión del juicio a cambio de tareas comunitarias pese a que el delito de lavado de activos tiene una previsión de condena que supera los tres años, límite para acceder a este beneficio procesal. Sostuvo que hay jurisprudencia que dejó atrás este criterio “restrictivo” y que el contador no tiene antecedentes penales, por lo cual en caso de haber condena en el futuro, podría ser de ejecución condicional.

“Arte al servicio del delito”

Al rechazar el pedido, el juez advirtió sobre la “gravedad” de los hechos que se investigaron: exceden el ámbito privado y afectaron “bienes jurídicos de carácter supraindividual”.

Esos bienes “de ningún modo pueden considerarse reparables a través de una mera prestación de carácter económico (incluso, a todas luces, insuficiente), en tanto exceden el daño a una víctima concreta”.

“No es posible desatender la seriedad del hecho ni el grado de reproche, en la medida en que se trata de un profesional al que se lo acusa de haber puesto su arte al servicio del delito”, analizó el magistrado en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Sobre la oferta económica, consideró en todo caso “exigua” la suma ofrecida “que en modo alguno alcanza para cubrir el monto mínimo de la multa prevista” para el delito “ni para reparar el daño ocasionado”.

El monto propuesto “apenas araña” los gastos de un proceso complejo “que insumió muchos recursos del Estado”, puso como ejemplo. Aceptar una probation en un caso así, concluyó Casanello, “enviaría una señal negativa respecto de la solidez del sistema institucional”.