Una organización dedicada a la reventa de celulares de alta gama robados llegó a obtener ganancias cercanas al millón de dólares, a partir de un circuito de atracos callejeros en las zonas porteñas de Once y Facultad de Medicina, manipulación de los equipos y una logística de traslado que incluyó cruces fronterizos ilegales para reinsertar los teléfonos en el mercado.
Según la acusación, la organización criminal “manejaría grandes cantidades de dinero en distintas monedas y habría obtenido como rédito de su accionar ilícita al menos un millón de dólares (U$1.000.000)”, explicó la resolución judicial a la que tuvo acceso Infobae.
La investigación ya fue enviada a juicio oral y ahora los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel rechazaron liberar a una de las detenidas por varios motivos, entre ellos los volúmenes de dinero que manejaban los acusados, sus conexiones y porque aún hay prófugos.
Del robo en la calle al blanqueo
De acuerdo con el expediente, la organización operó al menos entre junio de 2023 y noviembre de 2024 y funcionaba bajo un esquema dividido en tareas específicas.
La primera etapa consistía en el robo de celulares, principalmente modelos de último lanzamiento comercial. Los hechos se concentraban en zonas de alto tránsito como Once y las inmediaciones de la Facultad de Medicina, donde los equipos eran sustraídos a sus dueños en la calle o medios de transporte públicos y rápidamente derivados a puntos de acopio.
La organización tenía roles definidos: quienes robaban llevaban los teléfonos a cuatro domicilios sobre la calle Junín, en el centro porteño. Allí otros acusados realizaban la apertura física de los equipos, el desarmado, la manipulación informática hasta el desbloqueo y eliminación de rastros. Para todo ello usaban softwares y hardwares de distintas marcas y modelos.
En algunos casos, incluso, se contactaba a las víctimas con algún artilugio para obtener claves de acceso que permitieran completar el proceso. El objetivo era “blanquear” para que las terminales regresaran al mercado.
La investigación determinó que parte de los celulares eran trasladados hacia provincias como Corrientes, Chaco y Formosa y desde allí cruzados en forma ilegal a Paraguay. Lo hacían en micros de larga distancia: a juicio llegaron choferes y el encargado de una empresa de transporte que a cambio de un porcentaje habrían permitido subir a sus unidades a miembros de la banda, en escalas de sus trayectos. Ocupaban asientos vacíos con la carga de celulares robados.
“Viajaban ida y vuelta de la Ciudad o provincia de Buenos Aires a la zona del litoral del país, con los equipos de procedencia ilícita en su poder”, destacó la acusación fiscal. Podían subir en la terminal de Retiro o en alguna parada y no dejaban registro alguno. Llegaban a cruces fronterizos internacionales linderos entre Clorinda y Nanawa, Paraguay, conocidos como “Paso Mendoza” y “Paso La Perla”, por sobre la avenida Costanera lindante al río Pilcomayo.
La etapa final: venta y circulación
Los acusados, junto con otras personas contratadas por ellos, ofrecían a la venta, “de forma oculta y encubierta” los celulares robados “en ocultamiento de su ilicitud precedente” en una galería de avenida Corrientes al 2500 en Once y domicilios particulares en esa zona, entre otros lugares, según avanzó la acusación fiscal.
En este entramado se ubicó a una de las principales imputadas con un rol central en la última fase del circuito: recibía los teléfonos y se ocupaba del traslado y posterior venta. Para los jueces, su rol resultó central porque permitía cerrar el circuito económico del delito.
La negativa a concederle la libertad se apoyó, entre otros puntos, en la magnitud del dinero involucrado, la estructura organizada del grupo y la posibilidad de contar con recursos suficientes para eludir el accionar judicial.
La mujer de nacionalidad paraguaya enfrenta acusaciones por “asociación ilícita; encubrimiento por receptación de teléfonos celulares agravado por el ánimo de lucro y como medio para perpetrar otro delito reiterado en un número indeterminado de oportunidades y lavado de activos agravado por haberse cometido como integrantes de una asociación formada para la comisión continuada de hecho de esa naturaleza”. Ya pidió quedar libre sin éxito en cinco ocasiones.
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