La audiencia por el asesinato de Fernando Villavicencio escaló en tensión tras la interrupción de la pareja de un acusado

La audiencia preparatoria de juicio del caso por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio volvió a poner en evidencia la tensión que rodea uno de los procesos penales de mayor repercusión política en Ecuador. Mientras la Fiscalía concluía la exposición de los elementos con los que pretende llevar a juicio a siete personas señaladas como presuntos autores intelectuales del magnicidio, una interrupción durante la intervención de las hijas de la víctima obligó al juez a endurecer las reglas para el desarrollo de la diligencia.

El incidente ocurrió cuando Amanda y Tamia Villavicencio ejercían su derecho a intervenir como víctimas dentro del proceso. En ese momento, María Paula Christiansen, identificada como pareja del exministro del Interior José Serrano, irrumpió en la audiencia virtual con expresiones dirigidas a las jóvenes, cuestionando su participación y calificándola como un “show mediático”, según reportó Ecuavisa. La Secretaría del juzgado desactivó inmediatamente su micrófono para que la diligencia pudiera continuar.

La interrupción no fue un hecho aislado dentro de la jornada. Minutos antes, la fiscal Ana Hidalgo había advertido al juez Geovanny Freire que una usuaria identificada como María Paula Christiansen permanecía conectada a la plataforma virtual y mostraba mensajes cuestionando la actuación de la Fiscalía y el contenido del dictamen acusatorio.

Tras el episodio, Amanda y Tamia Villavicencio denunciaron que este tipo de actuaciones constituyen una nueva forma de revictimización para la familia y solicitaron mayores controles sobre el acceso de personas ajenas a la audiencia. Las jóvenes sostuvieron que la exposición pública del caso ha estado acompañada de campañas de descrédito y actos de hostigamiento desde el inicio de la investigación.

El juez acogió parcialmente esas preocupaciones y dispuso nuevas medidas para evitar que la situación se repitiera. Ordenó que únicamente permanecieran conectadas las personas plenamente identificadas y con sus cámaras encendidas, además de reforzar el control sobre el ingreso de participantes a la plataforma desde la que se desarrolla parte de la diligencia.

La defensa de José Serrano respondió a los señalamientos formulados durante la audiencia. Su abogada, María del Mar Gallegos, sostuvo que también el equipo defensor ha sido objeto de ataques públicos y pidió que el proceso continúe bajo condiciones de igualdad para todas las partes.

El incidente se produjo en una etapa decisiva del caso. La Fiscalía concluye la presentación de los elementos de convicción con los que busca demostrar la existencia de una estructura que habría planificado el asesinato de Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023 al término de un acto de campaña en el norte de Quito.

En esta causa, el Ministerio Público procesa como presuntos autores intelectuales al exministro José Serrano; al exasambleísta Ronny Aleaga; al procesado Xavier Jordán; a Daniel Salcedo; a Wilmer Chavarría, alias “Pipo”; a Esteban Aguilar, conocido como “Lobo Menor”; y a Luis Arboleda, alias “Gordo Luis”.

Según la hipótesis fiscal, Serrano habría facilitado información relacionada con los desplazamientos y el esquema de seguridad de Villavicencio mediante contactos dentro de la Policía Nacional. Aleaga es señalado como un supuesto articulador entre actores políticos y organizaciones criminales, mientras que Jordán figura como uno de los presuntos financistas de la operación. Daniel Salcedo, por su parte, habría desempeñado un papel de enlace dentro de la estructura investigada. Todos los procesados han rechazado las acusaciones y mantienen vigente su derecho a la defensa.

Durante las últimas jornadas de la audiencia, la Fiscalía presentó decenas de elementos de convicción —entre ellos testimonios, pericias técnicas, análisis de comunicaciones, informes financieros y documentación obtenida durante la investigación— con el objetivo de sustentar el llamamiento a juicio de los procesados. Corresponderá al juez determinar si ese conjunto de evidencias reúne los requisitos suficientes para abrir la etapa de juzgamiento.

Antes de reanudar la diligencia, el juez recordó que únicamente serán valorados los elementos incorporados formalmente al expediente y enfatizó que la decisión sobre el futuro procesal de los siete acusados se adoptará exclusivamente con base en las pruebas presentadas durante esta etapa.