Causa AFA: las idas y vueltas de la investigación y los entretelones del cambio de juez

El destino de la causa penal por supuesto lavado de activos, que busca dar con la ruta del dinero que vincularía a dirigentes de la AFA con la compra mediante testaferros de una lujosa propiedad, quedó desde este miércoles en manos de la justicia federal de Campana. La casaquinta ubicada en Pilar está valuada en 17 millones de dólares y cuenta con helipuerto, caballerizas y un galpón que guarda 54 autos y motos de alta gama.

La causa judicial, que tiene como imputados a Luciano Pantano y su madre jubilada, integrantes de la sociedad propietaria de todos los bienes, Real Central, ya está en manos del nuevo y tercer juez que investigará el caso, Adrián González Charvay.

El juez en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires Marcelo Aguinsky envió en las últimas horas todo el expediente al magistrado federal de esa jurisdicción, y cumplió así con lo resuelto ayer por el juez de feria de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones. La evidencia recolectada en los últimos meses se guarda en formato digital con lo cual bastó dar “enter” para remitirla al juzgado de Campana, desde la sede del juzgado en lo penal económico 10 de CABA.

La causa penal es una unidad, explicaron a Infobae fuentes del caso, y por eso también desde ahora González Charvay investigará el aspecto vinculado a la posible existencia de una estructura financiera internacional utilizada para desviar y ocultar fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entre 2021 y 2025, mediante una red de intermediarios financieros en el exterior que canalizó más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, en base a una ampliación de la denuncia presentada por la Coalición Cívica, que la fiscalía impulsó.

Esta parte de la pesquisa incluye, entre otras firmas mencionadas, a TourProdEnter LLC, del empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.

Entretelones del cambio de juez

Desde que la Coalición Cívica presentó la denuncia, se abrió un camino de idas y vueltas judiciales: el expediente va por su tercer juez y por ende, su tercer fiscal. Y ya opinaron dos Tribunales de Apelaciones, las Cámaras Federales de CABA y de San Martín. Desde ahora estará bajo la órbita de González Charvay y del fiscal federal de Campana Sebastián Bringas. Este último se había opuesto al cambio de jurisdicción por prematuro.

Apenas radicada la denuncia en Comodoro Py, por sorteo quedó al frente el juez Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente a favor del fuero penal económico para investigar lavado de activos. Mientras esto se decidía avanzó e impulsó las primeras medidas de prueba: allanó la quinta de Villa Rosa, otras dos propiedades en un barrio privado de Pilar, prohibió salir del país a Pantano y su madre Ana Conte. En esos procedimientos se encontró la flota de 54 autos y motos de alta gama en un galpón de la casaquinta. El juez federal porteño ordenó tasar todo.

El camarista Leopoldo Bruglia confirmó la decisión de enviar el caso a penal económico y así entró en escena el juzgado 10, que subroga Aguinsky, por falta de juez titular. Apenas recibió el caso habilitó la feria judicial de enero y citó a Pantano y su madre. Este último trámite quedó trunco porque la misma mañana de la convocatoria, la defensa pidió la inhibición, con el argumento del territorio: los bienes están en Pilar, partido bonaerense bajo jurisdicción del fuero federal de Campana.

González Charvay hizo lugar al pedido del supuesto testaferro pero - con el respaldo de dictámenes de la fiscalía de Campana y del fuero penal económico-, Aguinsky se negó a ceder el caso. Interpretó que investiga presunto lavado de activos proveniente de un delito anterior, una posible defraudación a los asociados a la AFA por parte de algunos de sus dirigentes y que ante ello el epicentro está en la ciudad de Buenos Aires, en base a la sede de la calle Viamonte.

Por esos días llegó a su juzgado un informe que dio cuenta que con una tarjeta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino cuyo resumen llegaba a la sede de la calle Viamonte y emitida a su nombre, el monotributista Pantano pagaba peajes de los autos y también gastos de electricidad de diferentes domicilios. Esto forma parte de la prueba remitida ahora al nuevo juez.

La fiscalía ante la Cámara de San Martín postuló la semana pasada que debía esperarse hasta el final de la feria judicial de enero para tomar una decisión porque era necesario acceder a toda la causa para evaluar su estado actual y la nueva prueba incorporada, de manera previa a opinar. El camarista de San Martín, a cargo del tema la primera quincena de la feria judicial de enero, Juan Pablo Salas, pidió opinión al fiscal la semana última, cuando faltaba poco tiempo ser reemplazado por el juez Lugones.

Al hacer lugar a la inhibitoria en favor de González Charvay, Lugones advirtió que “no puede escapar que, en la actualidad y desde el 15 de noviembre de 2024, la Asociación del Fútbol Argentino inscribió registralmente su cambio de jurisdicción en el domicilio sito en la calle Mercedes N° 1366, también de la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires”.

También sostuvo que “la omisión de decidir, en tiempo y forma debidos, sobre la intervención del tribunal competente” deriva en "la afectación de la garantía del juez natural" que está “expresada en la contundente prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados de los jueces legítimamente nombrados”.