Un nuevo relevamiento oficial encendió las alarmas en los tribunales federales sobre el descontrol registral que hoy alimenta el mercado negro de armamento en la Argentina. Según el último informe estadístico de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego (UFIARM), correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025, existe un altísimo nivel de irregularidad en la tenencia de material controlado.
Los datos son contundentes: una porción sustancial de las armas, aun estando registradas en su origen, se encuentran vinculadas a titulares sin habilitación vigente. Esto configura, en la práctica, una tenencia ilegal masiva que dificulta el rastreo del poder de fuego.
El documento, elaborado por la unidad que encabeza el fiscal federal Gabriel González Da Silva, expone una radiografía preocupante sobre quiénes quedan bajo la lupa de la justicia. Al analizar globalmente a todas las personas investigadas durante este período, se detectó que la gran mayoría de los involucrados en expedientes penales —más del 80%— se mueve en la ilegalidad total o en una “zona gris” administrativa.
La trampa de la “zona gris”
El foco de la preocupación se agrava al poner la lupa sobre las colaboraciones prestadas a otros fiscales, uno de los indicadores más sensibles de la actividad criminal. En este segmento específico, el nivel de irregularidad alcanzó el 93,8%.
De las 128 personas consultadas en este rubro, solo 8 presentaban una situación regular. El resto se dividía entre quienes directamente no estaban inscriptos ante el organismo de control (58,6%) y quienes, aun figurando en los registros, tenían su condición de Legítimo Usuario vencida.
Esto significa que, incluso aquellos que alguna vez estuvieron dentro del sistema, hoy operan al margen de la ley por no haber renovado sus permisos, impidiendo al Estado saber quién tiene realmente las armas en su poder. Esta irregularidad se traslada al material secuestrado: en las investigaciones preliminares, aunque todas las armas identificadas estaban registradas, el 54,9% de ellas se encontraba bajo una situación irregular.
La maniobra de los “testaferros”
Uno de los puntos más críticos que destaca el informe es la detección de una maniobra cada vez más frecuente: el desvío mediante “testaferros”.
La fiscalía especializada ha notado un incremento en investigaciones donde personas habilitadas adquieren armas de fuego de manera lícita, pero con el único fin de transferirlas posteriormente al circuito ilegal. En estos casos, las armas permanecen formalmente a nombre de un usuario “limpio” ante el registro nacional, pero en la realidad ya están en poder de bandas criminales. Esta triangulación complica enormemente la trazabilidad y la persecución penal.
Más causas y un vacío legal
El volumen de trabajo de la unidad refleja que la problemática está lejos de disminuir. Durante el segundo cuatrimestre de 2025, la UFIARM inició 48 nuevas investigaciones preliminares y prestó 57 colaboraciones a otras dependencias, lo que representa un aumento de casi el 10% en comparación con el mismo período del año anterior.
La mayor parte de estos requerimientos provienen de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicciones que concentran la mayor cantidad de delitos investigados, principalmente tenencia ilegal, robos y causas vinculadas al narcotráfico.
Frente a este escenario de alta informalidad, la unidad fiscal reiteró su postura sobre un problema de fondo que favorece la impunidad: la falta de una tipificación penal específica para el tráfico ilícito de armas en Argentina. Según concluye el informe, este vacío legislativo impacta negativamente en la prevención y hace que las investigaciones judiciales se orienten a probar delitos conexos, perdiendo de vista el origen y el flujo de las armas que permiten esa violencia.
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