Procesaron y embargaron al juez de Rosario Gastón Salmain, al financista Whpei y al operador Busaniche

El Juzgado Federal N° 4 de Rosario dictó este viernes el procesamiento con prisión preventiva –aunque sin detención efectiva, dada su inmunidad– del juez federal Gastón Salmain, acusado de fraguar una resolución judicial para autorizar la salida al exterior de USD 10.000.000 mediante un fideicomiso, con la colaboración del empresario Fernando Whpei y el intermediario Santiago Busaniche, quienes también fueron procesados y enfrentan embargos y prohibiciones de salida del país.

La decisión del juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, ordenó también trabar embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados por la suma de 200.000 dólares cada uno, a partir de una investigación que desnuda una supuesta trama de corrupción entre empresarios y sectores del Poder Judicial federal.

Los detalles de la maniobra

Según surge de la resolución, la maniobra se articuló entre septiembre de 2023 y abril de 2024 a partir de una demanda de Attila Fideicomiso SRL contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el expediente radicado ante el Juzgado Civil Federal N° 1 de Rosario. El objetivo declarado por los acusados era lograr –mediante una medida cautelar– que el fideicomiso Doubleblue Argentina Credit Trust II pudiera acceder al Mercado Único y Libre de Cambios para girar fondos en dólares a DB ACF Netherlands BV, invocando una deuda previa a las restricciones vigentes desde 2019.

Pero para la Justicia, el trasfondo era otro: “se pergeñó la salida a cuentas en el exterior de USD 10 millones, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial”, con resoluciones diseñadas para beneficiar a Whpei y las sociedades del grupo, a cambio de un retorno ilícito.

La resolución describe que Fernando Whpei utilizó su “influencia y poder económico” para direccionar el proceso judicial a través de Salmain y Busaniche. Así, aquel acercó el caso al magistrado y obtuvo su guía técnica sobre la presentación “para que lo demás lo arregle con Busaniche”. Según la fiscalía, el acuerdo incluía el pago de “un 10% de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar blue”, lo que ascendía a unos USD 200.000.

La instrucción reconstruyó al menos una reunión clave en la oficina de Salmain en Rosario –con impacto telefónico del 2 de octubre de 2023 como sustento pericial– y encuentros posteriores en hoteles céntricos de Buenos Aires, donde se fue pactando y exigiendo el pago del soborno.

El avance de la maniobra quedó respaldado en un entramado de mensajes y reuniones, pero sobre todo en la declaración bajo la ley del arrepentido (27.304) de Whpei, que narró en detalle cómo Busaniche –“padrino” y promotor de la carrera judicial de Salmain– ofició de nexo y receptor del pago: “El costo es el 10% de la brecha de utilidad entre el dólar oficial y el dólar blue; cuando llegan los fondos, Milei devalúa y eso significó solo USD 19.000; Busaniche me saca cagando y después me exigió la diferencia, amenazando con denunciar si no se pagaba”, relató el empresario en audiencia. También dijo haber entregado “en dólares, en efectivo, a Busaniche” el pago acordado.

A partir de su confesión –que el juzgado estimó verosímil “por encontrarse respaldada por otros medios de prueba y no limitarse solo a inculpar a terceros”–, la instrucción cotejó geolocalizaciones, llamadas y las propias resoluciones judiciales dictadas por Salmain, quien “hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Attila Fideicomisos SRL (...) y ordenó al Banco Central que autorice el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios para la cancelación de USD 10.000.000”. Entre el 14 de diciembre de 2023 y el 19 de febrero de 2024 se concretaron las transferencias, a un tipo de cambio promedio de “$873,50” por dólar, pese a que el BCRA había advertido que la documentación no justificaba fehacientemente la deuda ni acreditaba los requisitos regulatorios.

El circuito se quebró cuando, en diciembre, la brecha cambiaria se redujo de manera abrupta y Whpei ofreció pagarle a Busaniche una cifra muy inferior a la pactada. La respuesta del intermediario, según Whpei, fue una amenaza directa: “Si no ponés la diferencia antes del viernes, te denuncio a vos y a todos”. Como no hubo pago, lo denunció formalmente. La instrucción interpreta esa ruptura como el detonante de la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Federal y el inicio de la causa penal.

La resolución de procesamiento rechaza tipificar el caso como asociación ilícita, pero califica provisionalmente la conducta de Gastón Salmain como incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato y cohecho pasivo agravado, señalando que “dictó resoluciones contrarias a la ley a sabiendas y con el único objeto de beneficiar a la actora”, en un contexto de “apartamiento deliberado” y “pacto espurio” que encuadra en el delito, según los términos del Código Penal y los estándares doctrinarios citados en el fallo.

Por su lado, Fernando Whpei fue procesado como autor de cohecho activo, al haber ofrecido y pactado el pago de la dádiva; Santiago Busaniche, como partícipe secundario de cohecho pasivo, por su papel de intermediación, gestión y presión para el cobro del soborno, pero sin la calidad especial que agrava la posición del magistrado.

Prohibición de salir del país

Además, la Justicia prohibió su salida del país e impuso la obligatoriedad de comparecer cada vez que los convoquen y de informar cualquier cambio de domicilio o ausencia superior a veinte días. En el caso de Salmain, la cámara remarcó la gravedad institucional del hecho, avalando la prisión preventiva por la severidad del delito y el riesgo procesal, aunque la misma no podrá efectivizarse por la inmunidad de arresto que rige para magistrados.

Entre los fundamentos, el juzgado citó expresamente que “la prisión preventiva que aquí se impone, no se efectivizará en virtud de la inmunidad de arresto establecida en la ley nº 25.320 y mientras dure su vigencia en el caso concreto”. También fundó la decisión en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, destacando el deber internacional del Estado argentino de combatir este tipo de delitos.

En el expediente, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ya había revocado la cautelar otorgada por Salmain, considerando “que las pruebas aportadas por la actora no resultan suficientes para tener por acreditada la veracidad de la deuda y el carácter genuino de la operación”. Además, el tribunal de alzada explicitó que la competencia nunca correspondió a aquel juzgado, cuestionando el fenómeno de “forum shopping”.