
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles habilitar la feria judicial para avanzar en las investigaciones disciplinarias contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, el integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava y el juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello, en una decisión adoptada por unanimidad.
La iniciativa fue impulsada por presidente del cuerpo, el senador nacional Luis Juez, quien puso a consideración de los consejeros que sería oportuno “tener habilitada la feria” del mes de enero, ya que el organismo contaba con “información en tres expedientes concretos, Salmain, Díaz Lacava y Maraniello”, en los que “se van a producir algunas situaciones”. La moción fue sometida a votación y aprobada sin disidencias.
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De la reunión participaron presencialmente los consejeros Juez, César Grau, Alberto Maques, María Fernanda Vázquez, Álvaro González y Vanesa Siley, mientras que el diputado nacional Rodolfo Tailhade intervino por videoconferencia, ya que se encuentra internado por un problema de salud.

La decisión permitirá continuar durante el receso judicial con medidas de prueba y otras diligencias en las actuaciones disciplinarias que involucran a los tres magistrados, cuyas situaciones procesales avanzan en paralelo tanto en el ámbito del Consejo como en sede judicial.
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La Comisión acusatoria es el órgano del Consejo dedicado a evaluar las diferentes presentaciones contra jueces federales y nacionales. Para eso, tiene la potestad de generar pruebas y, eventualmente, formular una acusación y proponer al Plenario la suspensión y el envío a juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento.
En el caso de Gastón Salmain, la Comisión resolvió continuar el trámite disciplinario en un contexto en el que el magistrado enfrenta múltiples causas penales. Y es que el juez fue indagado a comienzos de diciembre en la causa conocida como “Attila”, en la que está imputado por su presunta participación en una maniobra que habría permitido a una financiera acceder a 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en diciembre de 2023, pese a las restricciones cambiarias vigentes.
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En esa causa se lo investiga por asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato, a partir de una resolución judicial que habilitó la operatoria en cuestión. El magistrado negó los cargos.
En paralelo, Salmain sumó una nueva investigación por presunto abuso de autoridad, luego de que, tras un allanamiento y el secuestro de su teléfono celular en octubre, enviara oficios a organismos de seguridad para conocer detalles de la pesquisa en la que él mismo estaba siendo investigado. De acuerdo a la acusación, el juez habría intentado acceder a información reservada valiéndose de su cargo. Ese trámite se sumó a las actuaciones penales ya en curso, mientras el Consejo evalúa si los hechos configuran mal desempeño en su conducta.
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Respecto de Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, la apertura de la feria apunta a recabar más información en un panorama en el que el magistrado resultó procesado penalmente en dos instancias. En junio de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó su procesamiento por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, cometidas contra trabajadores y trabajadoras judiciales en un contexto de violencia laboral y de género.
Esa resolución, firmada por los camaristas Silvia Fariña y Pablo Candisano Mera, ratificó lo decidido en por el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric y amplió la imputación al incorporar el delito de abuso de autoridad, además de confirmar imputaciones por desobediencia y retardo de justicia. Los hechos analizados incluyen acciones destinadas a amedrentar e intimidar al personal del tribunal y el presunto incumplimiento de restricciones de acercamiento impuestas de manera cautelar.
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En cuanto al juez civil Alejandro Patricio Maraniello, el órgano acusatorio del Consejo busca producir elementos dentro de la causa disciplinaria iniciada a partir de denuncias por acoso sexual y maltrato laboral, formuladas por empleadas de su juzgado.
El magistrado es investigado por presuntos episodios de abuso de poder y conductas inapropiadas en el ámbito laboral, en una etapa centrada en la producción de prueba. Maraniello adquirió notoriedad pública en los últimos meses por haber dictado una medida cautelar vinculada a la difusión de supuestos audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decisión que no integra el objeto de las denuncias actualmente bajo análisis en el Consejo.
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La sesión de este miércoles fue la última presidida por Luis Juez al frente de la Comisión de Acusación. El senador cordobés, que tiene a su cargo las actuaciones de los tres magistrados investigados, dará paso a partir del próximo período al consejero Alberto Maques.
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