El Consejo de la Magistratura investigará al juez Maraniello por denuncias de abuso y maltrato laboral

La comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles que la comisión de Acusación investigará al juez federal en lo Civil y Comercial Alejandro Patricio Maraniello por una serie de denuncias de acoso sexual y maltrato laboral formuladas por distintas empleadas de su juzgado.

En la misma jornada, el cuerpo trató un pedido de nulidad presentado por la jueza María Eugenia Capuchetti y analizó el accionar del juez Carlos Goggi con respecto a la aplicación de la ley de honorarios profesionales de los abogados.

El juez Maraniello, quien se hizo conocido públicamente tras haber dictado una medida cautelar vinculada a la prohibición de supuestos audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, enfrenta acusaciones por diversos episodios que abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos.

En efecto, una de las denunciantes dijo haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas en el organismo. La empleada expresó que asistió a un encuentro con el magistrado fuera del horario laboral por temor a perder su trabajo, y relató haber sido sometida a tocamientos y besos no consentidos. Señaló además que se vio obligada a mantener relaciones sexuales solo para terminar con la situación.

Ya en la reunión del miércoles pasado, la comisión de Disciplina del organismo encargado de seleccionar y remover a los magistrados había postergado la decisión sobre la acumulación de los distintos expedientes ligados al juez y el eventual traslado a la comisión de Acusación, presidida por el senador Luis Juez. En rigor, el proceso disciplinario implica la evaluación de pruebas y testimonios antes de adoptar o descartar el giro del trámite a la Comisión de Acusación, que puede solicitar la remoción del investigado.

Así las cosas, este miércoles la comisión de Disciplina decidió unificar las denuncias y remitirlas al cuerpo en cabeza de las acusaciones. La votación cosechó nueve apoyos: el presidente de Disciplina, César Grau; el senador Juez; los senadores Eduardo Vischi, Mariano Recalde e Inés Pilatti Vergara; el académico Hugo Galderisi; y los jueces Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña. El juez Alberto Lugones se abstuvo, al manifestar su desacuerdo con el precedente que implica la unificación de denuncias.

En una resolución de otro orden adoptada durante la misma reunión, la comisión rechazó un pedido de nulidad presentado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La magistrada había cuestionado el trámite iniciado en su contra a partir de una denuncia impulsada por sectores del kirchnerismo por su actuación en la causa por el atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Capuchetti planteó que no había sido notificada conforme al artículo 11 del reglamento, que habilita formalmente al magistrado a tomar conocimiento del expediente labrado en su contra y realizar presentaciones. Cinco consejeros -los jueces Barroetaveña, Díaz Cordero y Provítola, el senador Vischi y el académico Galderisi- votaron a favor de la nulidad. En cambio, Juez, Lugones, Pilatti, Recalde y Grau se pronunciaron por mantener vigente el sumario, y el voto doble del presidente definió la cuestión.

Por otra parte, el debate más extenso de la jornada giró en torno a la denuncia contra el juez civil Carlos Goggi, quien en distintos expedientes declaró de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de honorarios profesionales de abogados. El magistrado considera que el esquema previsto por la norma -que vincula el cálculo de honorarios a la remuneración de jueces federales. es “inequitativo”, por lo que resolvió no aplicarlo.

Estas decisiones motivaron la presentación del Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo ese marco, la consejera y abogada Jimena Latorre solicitó que se ordenaran medidas de prueba para determinar si existía un patrón en la conducta del juez Goggi en relación a este asunto. También recordó que las resoluciones de Goggi habían sido sistemáticamente revocadas por la Cámara Civil, que calificó su intervención como una forma de activismo judicial.

El pedido fue rechazado por Lugones y luego acompañado por los demás jueces del cuerpo. Según expresó el magistrado federal, “es una resolución jurisdiccional” sujeta a vías recursivas y no causante de un agravio capaz de propiciar un trámite disciplinario. Agregó que los jueces “tienen el derecho y la obligación de decretar la inconstitucionalidad de las normas” cuando lo estimen necesario, y advirtió sobre el riesgo de condicionar la independencia judicial si se indagara el contenido de las sentencias.

Otros consejeros -entre ellos Provítola, Vázquez y Maques- señalaron que la discusión debía centrarse en determinar si se trataba de una decisión aislada o una práctica reiterada, pero coincidieron en que cualquier análisis debía evitar interferencias con la función jurisdiccional.

Con todo, la comisión resolvió requerir una opinión institucional de parte del Colegio Público de Abogados y comunicarse con la Cámara Civil para que informe en qué causas Goggi declaró la inconstitucionalidad de la ley, y si esas decisiones fueron confirmadas o revocadas, con los fundamentos respectivos.