El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata dictó once penas de prisión perpetua y sentencias de 18 y 25 años de cárcel contra exfuncionarios, oficiales y civiles implicados en delitos de lesa humanidad, cometidos contra trescientas personas en tres centros clandestinos de detención durante la dictadura, en la provincia de Buenos Aires.
Esta decisión, que culmina tres años de debate oral y público, fue calificada por el tribunal como un avance en la sanción de los responsables del aparato represivo operado desde el Estado.
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Este juicio amplió además el alcance de las investigaciones a nuevos sectores del “circuito Camps”, la red ilegal bajo control del coronel Ramón Camps a cargo de la Policía provincial durante la dictadura de 1976 a 1983.
Entre los condenados a prisión perpetua se encuentran figuras centrales del aparato de represión bonaerense, como el exministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart, y altos exoficiales del Regimiento 7 de Infantería y del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, según la sentencia del tribunal presidido por Karina Yabor, acompañada por los vocales Ricardo Basílico y Andrés Basso, y difundida por el sitio
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Los exoficiales Jorge Alberto Crinigan, Ismael Ramón Verón, Enrique Ramón Cicciari, Enrique Francisco Welsh, Rubén Vicente Sánchez, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, así como los expolicías Claudio Rubén Mejías y Raúl Ricardo Monzón también recibieron condenas a perpetuidad.
Dos condenas adicionales alcanzaron a Carlos Ernesto Castillo, civil integrante de la Concentración Nacional Universitaria, quien deberá cumplir 25 años de prisión por privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, lesiones graves y abuso sexual con acceso carnal; y a Lucas Marcelo Castro, exjefe de la Compañía A del Regimiento 7, sentenciado a 18 años como coautor de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos, en todos los casos con víctimas identificadas como perseguidos políticos.
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La sentencia
El tribunal anunció la publicación de los fundamentos de la sentencia para el 11 de agosto próximo y dispuso la comunicación de la resolución a las subsecretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia de Buenos Aires, con el fin de señalizar los predios donde funcionaron los centros clandestinos de detención: en la intersección de las avenidas 1 y 60 —emplazamiento original de los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía de la provincia de Buenos Aires—, y en las comisarías 8va y 2da, situadas en la capital provincial.
El tribunal comunicó también lo decidido a la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a juzgados federales por el homicidio de Lucía Mirta Swica y Jorge Caravelos, cuyos cuerpos aparecieron tras un falso accidente luego de haber estado secuestrados en la comisaría 8va. La Unidad Fiscal a cargo del fiscal general Gonzalo Miranda, junto a los auxiliares Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, ya había solicitado en 2017 la nulidad de una sentencia que validó la versión policial en 1978. Por este hecho, los acusados han sido condenados por homicidio.
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El circuito represivo
Las dependencias policiales involucradas cumplieron roles clave en el circuito represivo. El mayor centro clandestino operó desde el 24 de marzo de 1976 en el predio de la intersección de avenidas 1 y 60, junto a la Fiscalía de Estado y el Registro Provincial de las Personas, cerca del paseo del bosque platense. La comisaría 2da está ubicada en la calle 38 entre 6 y 7, y la comisaría 8va, en 8 y 74, en el sur de la ciudad.
El tribunal determinó: “Los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y fueron cometidos en el marco del genocidio perpetrado en la República Argentina entre los años 1976 y 1983”. Calificó legalmente los hechos como delitos contra el derecho de gentes, según la Constitución Nacional.
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La sentencia de prisión perpetua fue dirigida a exfuncionarios de alto rango y antiguos cuadros políticos y militares, identificados y juzgados caso por caso. En el fallo constan las calificaciones específicas de cada delito, incluidas privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, todos ellos cometidos contra víctimas perseguidas por razones políticas, según los fundamentos que serán publicados.
Desde la reanudación de los procesos por delitos de lesa humanidad, la jurisdicción federal de La Plata acumula veintisiete sentencias por este tipo de crímenes, diecisiete de ellas ya firmes, y la cifra de condenados asciende a 167 personas implicadas en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
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