La Cámara Federal de Casación ratificó la prórroga de la prisión preventiva de un acusado por crímenes de lesa humanidad en la denominada "Megacausa Zona V“, que analiza presuntos delitos cometidos por un total de 38 imputados durante la última dictadura militar en la jurisdicción de Bahía Blanca.
La Sala II del máximo tribunal penal del país sostuvo por unanimidad que, por la escala, complejidad y gravedad de los hechos atribuidos, mantener la medida cautelar resultaba indispensable para asegurar la continuidad del juicio oral, que atraviesa su etapa de alegatos.
La resolución alcanzó a Humberto Luis Fortunato Adalberti, exintegrante del área de salud del Ejército, acusado por ilícitos ocurridos entre 1976 y 1977 en perjuicio de 139 víctimas, entre ellos privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos calificados, lesiones graves y gravísimas, homicidios agravados y sustracción de menores, según la imputación fiscal. Este tramo integra el núcleo central de la Megacausa Zona V, cuyo objeto de investigación recayó en el funcionamiento represivo de la Subzona 51 durante el gobierno de facto.
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había dispuesto, por mayoría, prorrogar la prisión preventiva Adalberti por el término de seis meses “o hasta el dictado de la sentencia de juicio, lo que ocurra primero”, conforme el artículo 1 de la Ley 24.390 y los artículos 210 incisos j y k del Código Procesal Penal Federal.
La Sala II, integrada por los camaristas Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, revisó la legalidad de esa decisión. La jueza Ledesma señaló que la extensión de la medida cautelar estaba fundada en “la naturaleza, dimensión y gravedad de los hechos endilgados y la voluminosidad y complejidad que revisten las actuaciones”. Recordó que el juicio comenzó el 17 de febrero de 2022 y acumuló 154 audiencias, en mayor parte destinadas a escuchar testimonios de personas que no habían tenido oportunidad de declarar anteriormente.
Según se consignó en las actuaciones, el debate se desarrolla “regularmente con audiencias semanales de más de seis horas” y transita su etapa final, con los alegatos en curso. La fiscalía remarcó que se juzga por primera vez la responsabilidad penal de Adalberti por hechos que afectaron a 139 víctimas.
El expediente está vinculado con la estructura sanitaria del Ejército, que -según las querellas y el Ministerio Público Fiscal- habría operado coordinadamente con otras áreas para garantizar la permanencia clandestina de detenidos en distintos centros de la Subzona 51. Las querellas intervinientes son la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación y la asociación civil HIJOS.
Los acusadores señalan al entonces médico militar como responsable de brindar atención de salud a las personas detenidas en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”, ubicado dentro del predio del V Cuerpo del Ejército, en el barrio bahiense de Villa Floresta. En el banquillo hay 38 acusados y se estiman, según la página del Ministerio Público Fiscal, más de 300 víctimas.
La resolución de la Sala II remarcó que Adalberti cumple actualmente la cautelar bajo arresto domiciliario y que la continuidad del debate exigía tomar recaudos para evitar la posibilidad de fuga o entorpecimiento del proceso.
El juez Slokar adhirió al voto de Ledesma y destacó que el tribunal oral de Bahía Blanca, integrado por Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido, fundamentó adecuadamente la prórroga dentro del marco fijado por la Corte Suprema y el derecho internacional. También citó la posición de la fiscalía, compuesta por Miguel Palazzani y los auxiliares Pablo Fermento y Paula Molini, quienes advirtieron que “resultaría ingenuo desconocer que las estructuras de poder que actuaron en la época del terrorismo de Estado todavía mantienen una actividad remanente, y que la libertad de los imputados les permitiría recurrir a las mismas".
El magistrado también recordó que los Estados tienen la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos, prerrogativa que prevalece sobre disposiciones locales.
Por su parte, el camarista Yacobucci advirtió que la situación de Adalberti ya había sido tratada por la Sala en otros legajos del mismo juicio -todos con resultado confirmatorio- y adhirió al criterio de Ledesma. Destacó que el debate se encuentra en la etapa de alegatos finales y que las audiencias se celebran con regularidad.
En la parte resolutiva, el máximo tribunal penal del país dispuso “tomar nota” de la prórroga “por el término de seis meses o hasta la finalización del debate oral y público que está desarrollándose actualmente en las presentes actuaciones, lo que ocurra primero”.
Luego ordenó al tribunal bahiense que procure “los medios necesarios para continuar imprimiendo celeridad al desarrollo del juicio y, a la vez, informar el dictado de la sentencia”.
Últimas Noticias
Una empresa de colectivos deberá indemnizar a una pasajera que resbaló y cayó dentro de la unidad
La sentencia responsabilizó a la compañía y al conductor por un siniestro ocurrido en 2021, estableciendo una compensación económica por daño físico, moral y gastos médicos. Cómo sucedió el hecho
Tropezó y cayó en una vereda en mal estado: para la Justicia, la municipalidad es responsable
Un juzgado culpó al municipio por no mantener en condiciones una acera, lo que provocó la lesión de una vecina que sufrió una fractura y secuelas permanentes. La mujer recibirá una indemnización por daño físico, moral y psicológico
El Garrahan recibirá casi 7 millones de pesos de un comerciante acusado de vender ropa de marca falsa en Once
Se trata de una reparación económica que aceptó la Justicia para cerrarle la causa penal y que se destinará de manera íntegra al hospital pediátrico
Un golpe inesperado en la salida del supermercado terminó en una sentencia millonaria
Las puertas automáticas se cerraron repentinamente sobre una clienta de 74 años, provocándole una fractura de cadera. La Justicia determinó que el accidente y sus secuelas fueron consecuencia directa del mal funcionamiento del sistema
Un médico y una clínica deberán indemnizar a una adolescente por un error en una cirugía laparoscópica
Una joven de 16 años enfrentó complicaciones tras una operación de vesícula. La Cámara de Apelaciones ratificó un fallo que expone responsabilidades profesionales y hospitalarias. La historia detrás de una reparación millonaria
