La Cámara Federal de Casación ratificó la prórroga de la prisión preventiva de un acusado por crímenes de lesa humanidad en la denominada "Megacausa Zona V“, que analiza presuntos delitos cometidos por un total de 38 imputados durante la última dictadura militar en la jurisdicción de Bahía Blanca.
La Sala II del máximo tribunal penal del país sostuvo por unanimidad que, por la escala, complejidad y gravedad de los hechos atribuidos, mantener la medida cautelar resultaba indispensable para asegurar la continuidad del juicio oral, que atraviesa su etapa de alegatos.
La resolución alcanzó a Humberto Luis Fortunato Adalberti, exintegrante del área de salud del Ejército, acusado por ilícitos ocurridos entre 1976 y 1977 en perjuicio de 139 víctimas, entre ellos privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos calificados, lesiones graves y gravísimas, homicidios agravados y sustracción de menores, según la imputación fiscal. Este tramo integra el núcleo central de la Megacausa Zona V, cuyo objeto de investigación recayó en el funcionamiento represivo de la Subzona 51 durante el gobierno de facto.
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había dispuesto, por mayoría, prorrogar la prisión preventiva Adalberti por el término de seis meses “o hasta el dictado de la sentencia de juicio, lo que ocurra primero”, conforme el artículo 1 de la Ley 24.390 y los artículos 210 incisos j y k del Código Procesal Penal Federal.
La Sala II, integrada por los camaristas Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, revisó la legalidad de esa decisión. La jueza Ledesma señaló que la extensión de la medida cautelar estaba fundada en “la naturaleza, dimensión y gravedad de los hechos endilgados y la voluminosidad y complejidad que revisten las actuaciones”. Recordó que el juicio comenzó el 17 de febrero de 2022 y acumuló 154 audiencias, en mayor parte destinadas a escuchar testimonios de personas que no habían tenido oportunidad de declarar anteriormente.
Según se consignó en las actuaciones, el debate se desarrolla “regularmente con audiencias semanales de más de seis horas” y transita su etapa final, con los alegatos en curso. La fiscalía remarcó que se juzga por primera vez la responsabilidad penal de Adalberti por hechos que afectaron a 139 víctimas.
El expediente está vinculado con la estructura sanitaria del Ejército, que -según las querellas y el Ministerio Público Fiscal- habría operado coordinadamente con otras áreas para garantizar la permanencia clandestina de detenidos en distintos centros de la Subzona 51. Las querellas intervinientes son la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación y la asociación civil HIJOS.
Los acusadores señalan al entonces médico militar como responsable de brindar atención de salud a las personas detenidas en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”, ubicado dentro del predio del V Cuerpo del Ejército, en el barrio bahiense de Villa Floresta. En el banquillo hay 38 acusados y se estiman, según la página del Ministerio Público Fiscal, más de 300 víctimas.
La resolución de la Sala II remarcó que Adalberti cumple actualmente la cautelar bajo arresto domiciliario y que la continuidad del debate exigía tomar recaudos para evitar la posibilidad de fuga o entorpecimiento del proceso.
El juez Slokar adhirió al voto de Ledesma y destacó que el tribunal oral de Bahía Blanca, integrado por Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido, fundamentó adecuadamente la prórroga dentro del marco fijado por la Corte Suprema y el derecho internacional. También citó la posición de la fiscalía, compuesta por Miguel Palazzani y los auxiliares Pablo Fermento y Paula Molini, quienes advirtieron que “resultaría ingenuo desconocer que las estructuras de poder que actuaron en la época del terrorismo de Estado todavía mantienen una actividad remanente, y que la libertad de los imputados les permitiría recurrir a las mismas".
El magistrado también recordó que los Estados tienen la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos, prerrogativa que prevalece sobre disposiciones locales.
Por su parte, el camarista Yacobucci advirtió que la situación de Adalberti ya había sido tratada por la Sala en otros legajos del mismo juicio -todos con resultado confirmatorio- y adhirió al criterio de Ledesma. Destacó que el debate se encuentra en la etapa de alegatos finales y que las audiencias se celebran con regularidad.
En la parte resolutiva, el máximo tribunal penal del país dispuso “tomar nota” de la prórroga “por el término de seis meses o hasta la finalización del debate oral y público que está desarrollándose actualmente en las presentes actuaciones, lo que ocurra primero”.
Luego ordenó al tribunal bahiense que procure “los medios necesarios para continuar imprimiendo celeridad al desarrollo del juicio y, a la vez, informar el dictado de la sentencia”.
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