A 40 años de la histórica sentencia, la Legislatura porteña homenajeó a los protagonistas del Juicio a las Juntas

A 40 años de la resolución del Juicio a las Juntas Militares, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se erigió en sede de una jornada conmemorativa en homenaje a ex jueces y fiscales que intervinieron en el proceso, en un acto dedicado a la memoria, la justicia y la democracia que reunió a autoridades judiciales, académicos y referentes de derechos humanos.

La actividad tuvo lugar en el Salón Dorado del Palacio Legislativo porteño y se desarrolló en el marco del Programa Conmemorativo por los 40 años del Juicio a las Juntas, organizado por la Comisión de Transferencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. El encuentro fue declarado de interés por la Legislatura porteña, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en reconocimiento a su valor institucional e histórico.

El eje central de la jornada fue el homenaje a quienes integraron el tribunal y la fiscalía que llevaron adelante el debate oral iniciado el 22 de abril de 1985 y concluido el 9 de diciembre de ese año con una sentencia que marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Fueron reconocidos los ex jueces Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz y León Carlos Arslanián, así como el ex fiscal Luis Moreno Ocampo. También se rindió homenaje a los familiares del fiscal Julio César Strassera y los jueces Jorge Torlasco y Andrés D’Alessio, ya fallecidos.

El Juicio a las Juntas constituyó un antecedente inédito tanto en el plano nacional como internacional, al ser la primera vez que una dictadura fue juzgada por tribunales civiles en su propio país. La sentencia, firmada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, tuvo una extensión de 1.578 fojas y se convirtió en un documento de referencia en materia de justicia transicional y persecución penal de crímenes cometidos por un régimen de facto.

El fallo condenó a los ex comandantes Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua e inhabilitación perpetua; a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; a Armando Lambruschini a ocho años; y a Orlando Ramón Agosti a cuatro años. Los delitos probados incluyeron privación ilegítima de la libertad, tormentos y robos. Otros ex jefes militares --Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo- fueron absueltos por falta de pruebas suficientes.

El proceso judicial fue el resultado de una compleja arquitectura política y jurídica impulsada por el entonces presidente Raúl Alfonsín tras el retorno de la democracia en diciembre de 1983. Alfonsín dispuso inicialmente que los responsables de las violaciones a los derechos humanos fueran juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con apelación ante la Cámara Federal, lo que requirió modificar el Código de Justicia Militar en un contexto de intensos debates parlamentarios y persistentes tensiones con sectores del poder militar.

Un aporte decisivo al proceso fue el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por Ernesto Sábato, que reunió testimonios de alrededor de 10.000 casos de secuestro, tortura y desaparición forzada. El informe “Nunca Más” constituyó la base probatoria del proceso. A partir de ese material, la Fiscalía, encabezada por Strassera y secundada por Moreno Ocampo, seleccionó 709 casos para la acusación, de los cuales el tribunal examinó 282.

Las audiencias se extendieron hasta el 14 de agosto de 1985 y contaron con la declaración de 833 testigos, entre ellos víctimas, familiares y 64 integrantes de las Fuerzas Armadas. Los testimonios permitieron reconstruir el funcionamiento de la maquinaria represiva y de los centros clandestinos de detención instalados en todo el país.

En los fundamentos de la sentencia, el tribunal sostuvo que los comandantes de las Fuerzas Armadas, pese a contar con instrumentos legales para combatir el terrorismo, optaron por implementar procedimientos clandestinos e ilegales. El fallo rechazó los argumentos defensivos y afirmó la responsabilidad penal de los jefes militares por las órdenes impartidas y por los delitos cometidos por sus subordinados, que incluyeron detenciones ilegales, interrogatorios bajo tormentos, homicidios y el saqueo de bienes de las víctimas.

En su último punto, la sentencia ordenó investigar a los jefes de zona y subzona y a otros responsables operativos, abriendo el camino a los procesos judiciales posteriores por crímenes cometidos durante la dictadura. El alegato final de Strassera, que concluyó con la expresión “Nunca más”, quedó asociado como uno de los símbolos más perdurables del juicio y de la memoria colectiva argentina.

Del acto realizado en la Legislatura porteña participaron autoridades del Poder Judicial de la Ciudad, entre ellas la presidenta del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamón; el vicepresidente segundo, Manuel Izura; consejeros; integrantes del Tribunal Superior de Justicia; funcionarios del Ministerio Público y legisladores.

También asistieron académicos y referentes de derechos humanos como Graciela Fernández Meijide, Víctor Abramovich, Emilio Crenzel, Adolfo Pérez Esquivel y Carlos Somigliana.

Durante la jornada, los oradores coincidieron en subrayar la vigencia del legado del proceso como antecedente institucional y jurídico, así como su impacto en la consolidación del Estado de derecho. En paralelo, se inauguró la muestra “Fotos de la Memoria: 40 años del Juicio a las Juntas”, abierta al público del 3 al 10 de diciembre, con material del Museo de Arte y Memoria y registros fotográficos de las audiencias de 1985.