Un consejero le pidió a Rosatti tratar con urgencia un reclamo para modificar el sistema de selección de jueces

El consejero de la Magistratura César Antonio Grau le pidió este viernes a Horacio Rosatti, presidente del organismo y titular de la Corte Suprema, que trate con carácter urgente y preferencial en el próximo Plenario una declaración pública respaldada por distintas asociaciones y juristas, que reclama cambios en el sistema de concursos para seleccionar jueces nacionales y federales. La presentación se produjo a pocos días del vencimiento de los mandatos de casi todos los integrantes del Consejo, previsto para el 18 de noviembre.

El representante de los abogados solicitó que el documento “Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos” sea considerado previamente por la Comisión Auxiliar de Coordinación de Labor, encargada de organizar la actividad del Plenario.

En su escrito a Rosatti, Grau pidió “con carácter de urgente y preferencial, para la próxima reunión de la COMISIÓN AUXILIAR DE COORDINACIÓN DE LABOR y de PLENARIO, el tratamiento y consideración de la Declaración Pública titulada ‘Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos’”.

“La Constitución exige que los jueces sean los más idóneos, independientes y eficaces. Reitero una vez más mi posición pública de adhesión in totum al documento mencionado y solicito su urgente tratamiento e inmediata implementación a todos los concursos en trámite”, añadió el consejero.

El pedido se produce en momentos en que, según pudo saber Infobae, el Consejo evalúa avanzar con la aprobación de nuevas ternas de candidatos para cubrir vacantes judiciales en un próximo Plenario, todavía sin fecha definida, antes del recambio de sus integrantes.

El reclamo de las organizaciones

La declaración fue difundida esta semana y reúne las adhesiones de 30 organizaciones institucionales, 12 juristas y 277 firmantes individuales. Su propuesta central consiste en limitar a 20 puntos la incidencia de la entrevista personal en los concursos, en línea con una iniciativa impulsada por los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

“La Constitución exige que los jueces sean idóneos, independientes y eficaces. La ley obliga al Consejo de la Magistratura de la Nación a actuar con publicidad, transparencia y control, y sobre todo a tratar por igual a todos los candidatos respetando estrictamente el orden de mérito, es decir, el puntaje que cada uno obtiene por sus antecedentes y exámenes”, afirma el documento en cuestión.

Los firmantes cuestionan los criterios utilizados para determinar qué postulantes acceden a la entrevista y el peso de esa instancia sobre las calificaciones obtenidas en las etapas anteriores. Señalan que las decisiones adoptadas en esa instancia pueden modificar el orden de mérito surgido de los antecedentes y las pruebas de oposición.

“Hoy eso no siempre se cumple. Se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto. Se incumple lo que manda la Constitución y la ley”, advierten.

En consecuencia, solicitan que el Consejo actúe “con urgencia para modificar el reglamento de selección de jueces, limitando a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”.

El documento plantea una modificación específica del esquema de evaluación, centrada en la entrevista personal. El consejero Grau, en tanto, reclama que esas pautas alcancen también a los concursos que se encuentran en trámite, además de los que se convoquen en adelante.

Entre las instituciones adherentes figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Poder Ciudadano, CIPPEC, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y distintos colegios de abogados.

También suscribieron el documento los juristas Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Antonio María Hernández y Daniel Sabsay. La nómina de adherentes individuales incluye a Esteban Bullrich, Gabriela Michetti, Rogelio Frigerio, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Ernesto Sanz, entre dirigentes políticos y exfuncionarios de distintos espacios.

La propuesta de la Corte

El proyecto elaborado por Rosenkrantz y Lorenzetti fue remitido al Consejo mediante la Acordada 4/2026. Su tratamiento comenzó en abril, en reuniones conjuntas de las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación, aunque todavía no se logró acordar una reforma integral del esquema.

La iniciativa propone una evaluación de hasta 200 puntos, con un máximo de 20 para la entrevista personal. También contempla pruebas de conocimientos jurídicos y ejercicios prácticos, mecanismos para preservar el anonimato de los concursantes y pautas para valorar sus antecedentes profesionales y académicos.

La entrevista constituye una de las últimas instancias del procedimiento, después de la evaluación de antecedentes y de las pruebas de oposición. Su incidencia en el puntaje final es uno de los aspectos centrales del debate sobre la reforma.

Entre los cambios previstos aparecen los concursos anticipados y los legajos digitales para los aspirantes. La propuesta fija, además, un plazo de 90 días hábiles judiciales desde la prueba de oposición para completar cada procedimiento, prorrogable por otros 30 mediante una resolución fundada del Plenario.

El Consejo de la Magistratura organiza los concursos destinados a cubrir cargos en los tribunales nacionales y federales inferiores. Tras evaluar a los postulantes, aprueba ternas y las remite al Poder Ejecutivo, que elige a uno de los candidatos y solicita el acuerdo del Senado para su designación.