Rechazaron la prescripción de la causa por fondos de vacunación del PAMI

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja en una causa por el presunto desvío de partidas destinadas a la vacunación del PAMI en 2004. La decisión descartó que la acción penal estuviera prescripta o que el trámite hubiera vulnerado el plazo razonable, y en consecuencia habilitó el camino del proceso hacia debate oral.

El fallo consideró que no se extinguieron los plazos porque una de las imputadas, Marcela Elizabeth Vázquez, continúa como empleada del organismo; mientras que otro de los procesados, Guillermo José Cuneo, se jubiló en 2021, pero la causal que rige para su coimputada también produce efectos sobre él.

La definición se basó en el artículo 77 del Código Penal, que considera empleado público a quien participa, de manera accidental o permanente, en el ejercicio de funciones públicas por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

La investigación se centra en la administración y el presunto desvío de recursos afectados a la campaña de vacunación de jubilados. La imputación atribuye a los acusados fraude en perjuicio de una administración pública, en concurso real con omisión o retardo de deberes funcionales, por hechos ocurridos en la Unidad de Gestión Local X de Lanús.

El fallo

La resolución, que lleva las firmas de los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, rechazó la queja presentada por la defensa pública de Vázquez y Cuneo, por lo que se mantiene vigente la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que había descartado los planteos de prescripción e insubsistencia de la acción penal.

El tribunal ponderó que los hechos imputados involucran la gestión de recursos de salud pública y constituyen fenómenos vinculados a presunta corrupción en el ejercicio de la función pública, materia sobre la cual pesan mandatos internacionales contra la impunidad asumidos por el Estado argentino mediante las convenciones de la OEA y de la ONU.

Por consiguiente, ante la inminencia del juicio y la existencia de una posibilidad cierta de arribar a una sentencia definitiva sobre el mérito, los magistrados resolvieron que la respuesta compatible con las garantías constitucionales y los compromisos anticorrupción consiste en extremar la celeridad del trámite y celebrar el debate oral, descartando la clausura anticipada del proceso.

En cuanto al reclamo por la afectación del plazo razonable frente a un trámite iniciado formalmente en 2005, los magistrados reconocieron la considerable extensión temporal de la causa pero descartaron que la dilación deba medirse con una regla matemática automática.

Indicaron que la defensa se limitó a invocar el transcurso del tiempo global sin individualizar demoras estatales concretas que vuelvan ilegítima la continuidad de la persecución penal en esta instancia procesal.

El planteo cuestionaba la negativa a declarar prescripta la acción y, de modo subsidiario, denunciaba una afectación de la garantía de ser juzgados en un plazo razonable.

Para los magistrados, la decisión apelada no encuadraba entre los supuestos que habilitan la intervención de Casación mediante ese recurso, porque no era una sentencia definitiva ni una resolución equiparable a ella. Además, entendieron que el tribunal oral tampoco había puesto fin al proceso, a la pena o a las actuaciones.