
A cuarenta años de la sentencia que marcó un antes y un después en la historia judicial argentina, el Poder Judicial en pleno, encabezado por la Corte Suprema de la Nación, homenajeó a los camaristas federales que condenaron a las juntas militares, responsables de la represión ilegal durante la última dictadura.
El acto, realizado en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia, no sólo reconoció el coraje de quienes integraron la Cámara Federal porteña en 1985, en los primeros meses convulsionados del retorno de la democracia, sino que también subrayó el carácter inédito de aquel fallo: fue la primera vez que una dictadura debió rendir cuentas ante la justicia civil en el país, tal como destacó el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Durante la ceremonia se entregaron placas conmemorativas a los ex jueces o a sus familiares. El homenaje alcanzó a León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, presentes en el acto, y a Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco —estos dos últimos, in memoriam—. El evento reunió a figuras del ámbito judicial, ex funcionarios del gobierno de Raúl Alfonsín, miembros de la CONADEP y del grupo de filósofos que asesoró al entonces presidente.
Entre los más de 300 asistentes se encontraban ex funcionarios del gobierno de Alfonsín, dirigentes de la UCR como Horacio Jaunarena, Raúl Alconada Sempé, Facundo Suárez Lastra, Jesús Rodríguez, Coti Nosiglia, Daniel Salvador y Graciela Fernández Meijide, integrante de la CONADEP. También participaron representantes de la Unión Empleados Judiciales de la Nación, y el presidente de ADEPA, Martín Etchevers.

Del ámbito judicial, estuvieron presentes los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Martín Irurzun, Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, entre otros. También asistió al acto el ex juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda.
El histórico fallo de 1985 condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera (reclusión perpetua e inhabilitación perpetua), Roberto Eduardo Viola (diecisiete años de prisión), Armando Lambruschini (ocho años) y Orlando Ramón Agosti (cuatro años). Los delitos probados fueron privación ilegítima de la libertad, tormentos y robos. Los otros cuatro acusados —Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo— fueron absueltos por falta de pruebas suficientes.

Palabras de reconocimiento
El presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, cerró el acto con un mensaje en el que calificó a la experiencia argentina como “un caso de justicia transicional ejemplar” a nivel mundial, y agregó: “Rendir cuentas con el pasado es una tarea compleja, más cuando ese pasado es reciente y tumultuoso”. Recordó que hasta entonces en el país la alternancia entre gobiernos constitucionales y de facto se había dado “sin rendir cuentas”, causando “una especie de amnesia artificial que generaba impunidad”.

Este “círculo vicioso”, dijo, se quebró a partir del impulso del expresidente Raúl Alfonsín y de un “auténtico juicio justo” que, lejos de resultar “una venganza encubierta con formas relativamente civilizadas”, se caracterizó por un profundo apego a la ley y ”coronó en una sentencia impecable”, pese a haberse desarrollado en “un contexto complejo, cargado de amenazas y riesgos para la institucionalidad”.
Rosatti agradeció a los homenajeados “por haber sostenido los pilares democráticos y las instituciones republicanas cuando estaban en riesgo y por enseñarnos que los jueces independientes pueden combatir incluso al mal absoluto por caminos civilizados”, y anticipó que el Salón de los Derechos Humanos, escenario del juicio, integrará el Museo de la Corte Suprema a inaugurarse el año próximo.

En tanto, el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti remarcó en su mensaje que los homenajeados “han elevado el prestigio de la institución” ya que “no solo firmaron un fallo: también generaron un texto que integra la memoria de los argentinos; mostraron coherencia, imparcialidad y templanza para resolver en un contexto difícil, e inauguraron una política de Estado que todos los jueces y juezas han sabido continuar a lo largo del tiempo”.

Al respecto, Lorenzetti enfatizó que “la política de memoria y justicia ya forma parte del contrato social de los argentinos”.

Por su parte, el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, afirmó que “estos jueces pusieron al terror en su lugar, pero lo hicieron dentro de los límites y de acuerdo con lo ordenado por el derecho”. Por ende, sostuvo, “a 40 años del fallo la mejor manera de proyectar al futuro su actuación es renovar el compromiso central de adherir incondicionalmente a la legalidad”.

Los integrantes del tribunal que juzgó a los responsables de la última dictadura, destacó Rosenkrantz, “dieron al país algo que parecía impensable: una respuesta jurídicamente impecable a crímenes atroces en el contexto de un proceso que respetó todas las garantías y derechos de la Constitución vigente. Estuvieron a la altura del desafío de la hora, no solo porque estaban profesionalmente preparados, sino porque actuaron con el coraje requerido”.

Arslanian, quien presidiera la Cámara Federal que llevó adelante el juicio, agradeció el reconocimiento y definió aquella gesta como “un trabajo coral” que contó con el apoyo y el compromiso de los diferentes actores involucrados, desde el expresidente Alfonsín hasta los miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, pasando por los empleados y funcionarios judiciales intervinientes. Reivindicó la vigencia y perdurabilidad de una sentencia “que desde su dictado, allá por 1985, nunca dejó de recordarse” y se manifestó esperanzado en que “nos hallemos frente a una nueva alborada: la oportunidad de que podamos, esta vez sí, construir ese país que queremos que nos albergue a todos”.

Gil Lavedra, por su parte, resaltó la contribución de todas las partes que hicieron posible que esta “tarea titánica” llegara a buen puerto. En tal sentido, valoró la valentía de los testigos “de venir a narrar públicamente sus padecimientos cuando la democracia no estaba totalmente afirmada y los autores de los crímenes seguían en libertad”. Además, subrayó la dificultad del desafío emprendido: “No había precedentes a los que aferrarse ni estructura normativa que indicara el camino a seguir, los recursos técnicos eran primitivos, pero todos teníamos la convicción de que el horror del pasado necesitaba un juicio justo”, dijo, y consideró que el sentido de recordar este proceso radica en reivindicar la importancia del Poder Judicial como pilar democrático. “Hoy Argentina sigue necesitando una justicia que no tenga miedo de aplicar imparcialmente la ley y respete las garantías constitucionales”.

El evento había comenzado con un discurso de Mariano Llorens, actual titular de la Cámara Federal, quien evocó la figura de los homenajeados: “Con su desempeño, fijaron un hito en la historia institucional del país con el que afianzaron el principio de independencia del Poder Judicial: su veredicto tuvo legitimidad y autoridad, vino a ratificar que el respeto a la Constitución y a la ley es, frente al futuro, una determinación del pueblo argentino”, expresó.

Al finalizar la ceremonia, los invitados pudieron recorrer el Salón de los Derechos Humanos, donde se proyectó un video alusivo y se exhibieron documentos del expediente y del material fílmico original: un registro con más de 500 horas de grabaciones que, por su valor patrimonial, fue sometido a un proceso de preservación para ser conservado a largo plazo.
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