El Tribunal Oral Federal N° 2 habilitó la apelación de Cristina Fernández de Kirchner sobre las últimas restricciones al régimen de visitas en su departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. La discusión sobre qué puede hacer y qué no la ex presidenta de la Nación será saldada por la Cámara Federal de Casación Penal.
El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena, resolvió este martes conceder el recurso que había presentado la defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi.
El objetivo es rebatir la resolución del 19 de noviembre en la que Gorini modificó el sistema de ingresos a San José 1111 luego de que Fernández de Kirchner recibiera a nueve economistas del peronismo, algunos de ellos con cargos en la función pública. Fue algo que el magistrado consideró un incumplimiento de las pautas que regían anteriormente.
Aquel encuentro en el departamento de la exmandataria tomó estado público a partir de una foto que se difundió en la red social X.
La imagen tuvo una amplia repercusión y, de alguna manera, se coló en el pronunciamiento del Tribunal: “La reunión realizada, en los términos en que fue difundida por la propia involucrada, no sólo demuestra falta de prudencia sino que, además, desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad”, resolvió Gorini.
“No es la foto… es la Economía estúpido. El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”, había contestado por entonces CFK a la polémica, una vez más a través de su cuenta de X.
“¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran ‘muchas personas’ y que, además, estaba ‘haciendo política’”, continuó, en un extenso posteo.
El régimen de visitas, más estricto
Las nuevas reglas estipulan que cada visita debe ser previamente autorizada de forma expresa e individual, “cualquiera fuere su vínculo, profesión o la finalidad invocada”.
Para obtener dicho permiso, los solicitantes deben presentar una justificación detallada y concreta sobre la necesidad de la reunión, especificando además la fecha y el horario previsto para su realización.
Asimismo, el juez Gorini fijó límites más estrictos: los encuentros no pueden exceder las dos horas de duración, solo se permiten hasta dos veces por semana y la cantidad de asistentes simultáneos no puede superar las tres personas. Estas exigencias, según el Tribunal, buscan ordenar el flujo de gente en el domicilio y asegurar el cumplimiento del encierro.
“La supervisión trimestral de la ejecución de la pena y de las reglas de conducta fijadas” están a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, de acuerdo a lo ordenado por el juez, que también le encomendó a ese organismo que “asuma también el contralor específico del cumplimiento del nuevo régimen de visitas”.
La postura de la defensa
Frente a este escenario, los defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que la decisión de restringir el contacto de la expresidenta con el exterior carecía “de sustento lógico y jurídico”.
El recurso sostiene que antes del 19 de noviembre no existía ninguna norma que fijara un número máximo de visitantes, por lo que no pudo haber incumplimiento de una obligación inexistente.
Además, la defensa remarca que las nueve personas que visitaron a Fernández de Kirchner el 17 de noviembre estaban incluidas en una nómina previamente autorizada y que el propio Tribunal había permitido visitas grupales similares en otras ocasiones, sin objeciones.
El escrito también subraya que la reunión del 17 de noviembre no alteró la tranquilidad del vecindario y fue de carácter político-académico, como otras ya aprobadas. Los organismos de control, DCAEP y DAPVE, informaron durante meses que la exmandataria cumplió estrictamente con todas sus obligaciones.
La defensa califica de ilegales las nuevas restricciones, argumentando que el Tribunal aplicó por analogía reglas del régimen penitenciario, lo que está prohibido en materia penal, e impuso condiciones no previstas en la ley para la prisión domiciliaria. Sostienen que la única limitación legal es la restricción de la libertad ambulatoria y que cualquier otro recorte de derechos resulta inconstitucional.
El escrito denuncia una violación al principio de igualdad, señalando que otros condenados bajo prisión domiciliaria, incluso por delitos de lesa humanidad, no enfrentan restricciones similares. Se mencionan casos de reuniones masivas y fiestas en cárceles sin sanciones equivalentes, lo que, según la defensa, evidencia una doble vara contra Cristina Kirchner.
Sostuvieron que el endurecimiento de las condiciones provocaba “un gravamen de naturaleza irreparable” -algo necesario para llegar a la Casación- y denunciaron que la interpretación de la ley penal realizada por el magistrado fue extensiva, lo cual lesionaría los principios de legalidad y reserva que protegen a los ciudadanos.
También hicieron reserva de acudir a organismos internacionales de derechos humanos si el reclamo no prospera en el ámbito local.
Ahora la defensa de CFK tiene tres días para ratificar la apelación ante el máximo tribunal penal. En el caso debe tomar intervención la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
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