Uruguay impulsa elevar de 12 a 14 semanas de embarazo el plazo legal para realizar un aborto

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay prepara cuatro cambios a la ley que despenalizó el aborto en Uruguay, que fue promulgada en 2012 durante el gobierno de José Mujica. Las modificaciones que se analizan incluyen el plazo legal para realizar un aborto –hoy establecido en un máximo de 14 semanas– hasta medidas para buscar una mayor inclusión de mujeres migrantes.

El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, fue quien informó al diario uruguayo El País que se está pensando en realizar estas modificaciones. Hace un año el MSP convocó a una Comisión Asesora Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos, que no era citada desde 2019 y que llegó a varias conclusiones.

El resultado de este trabajo será comunicado este mes e incluye las cuatro modificaciones previstas.

Briozzo, el actual viceministro de Salud Pública, es también docente grado 5 de la Clínica Ginecotológica, y fue uno de los promotores de la aprobación de la despenalización del aborto durante el gobierno de Mujica.

En sus declaraciones al diario uruguayo, planteó que uno de los asuntos que “más se reivindicó” en esa comisión fue el pasaje del límite general para solicitar un aborto de 12 a 14 semanas. Este último plazo hoy solo aplica para excepciones como la violación o para los casos en los que se detecta un “proceso patológico” que derive en malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

Actualmente, la ley establece que no será delito el aborto cuando se cumplen con determinadas condiciones y procedimientos y cuando la interrupción se realiza antes de la semana 12 de gestación. De este período se eximen los casos de riesgo grave de salud de la mujer, de violación y los de malformaciones incompatibles con la vida después de nacer.

El segundo elemento apunta a una inclusión mayor de mujeres migrantes. La normativa actual establece que solo pueden acceder al aborto legal las extranjeras que tienen más de un año de residencia en el país. Para Briozzo esto es injusto: quienes buscan la interrupción antes de ese plazo no tienen cobertura nacional y, de esta manera, quedan colocadas como ciudadanas de “segunda categoría”, explicó.

Las mujeres migrantes, además, suelen llegar al país con “niveles de vulneración de derechos importantes e incluso violaciones” y han crecido en cantidad en la última década. “Si no contemplamos esto, va a ser complejo controlar los abortos”, expresó el jerarca del MSP.

Un tercer elemento que buscará cambiar el gobierno de Yamandú Orsi es lo que se conoce como período de reflexión, que está establecido en un “mínimo” de cinco días. Ese plazo “no está siendo utilizado”. “Las mujeres son muy responsables, muy conscientes, y cuando consultan inicialmente ya tienen una postura”, argumentó.

El cuarto cambio apunta a quitar la obligatoriedad de que las mujeres sean vistas por todos los especialistas ya que, según su argumento, la mayoría de las veces “no es necesario”.

“Es una ley que se hizo en su momento, producto de una negociación muy profunda, donde había muchas precauciones porque se había generado una idea de que, liberalizado el aborto, iba a haber una explosión” argumentó al justificar estas modificaciones.

Briozzo negó que los cambios en los plazos y la no obligatoriedad de una consulta derive en un aumento de los abortos. “Para modificar y disminuir la práctica del aborto lo que tenemos que hacer es educación, anticoncepción y servicios integrales seguros de derechos sexuales y reproductivos”, enfatizó. “Estamos todos de acuerdo en prevenir abortos porque este gobierno, ni los anteriores del Frente Amplio, se plantearon nunca estimular el aborto, sino asegurar el derecho a una práctica accesible, segura e infrecuente”, expresó Briozzo.