El juez federal Daniel Rafecas dispuso este miércoles la extradición a Brasil de cinco ciudadanos condenados por la Corte Suprema de ese país por su participación en los ataques de enero de 2023 en la ciudad de Brasilia, cuando manifestantes identificados con el expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los tres poderes del Estado en rechazo al triunfo electoral del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La resolución alcanzó a Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, todos ellos con condenas firmes de entre 13 y 17 años de prisión por delitos asociados al intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño calificado, asociación criminal armada y otros cargos vinculados a esa asonada. Los cinco habían cruzado la frontera para evitar la detención y permanecían en Argentina mientras tramitaban solicitudes de refugio aun sin resolver.
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El fallo se dictó al finalizar el juicio oral en los tribunales de Comodoro Py, con la acusación a cargo del fiscal Carlos Rívolo. El magistrado consideró acreditados los requisitos del tratado bilateral de extradición y sostuvo que la sentencia emanada del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) y la documentación aportada por el Estado requirente justificaban la entrega. La decisión es apelable directamente ante la Corte Suprema de Justicia.
El trámite abarca lo ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando miles de opositores a Lula Da Silva, presidente electo del Partido de los Trabajadores (PT), asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado. Una turba de simpatizantes del ex presidente Bolsonaro irrumpió en los edificios del Palacio de Planalto, el Congreso y STF, y destrozó las instalaciones en rechazo al nuevo mandato de Lula, quien había asumido tras vencer las elecciones en 2022.
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El caso de uno de los extraditables, Joelton Gusmão de Oliveira, había ganado notoriedad en noviembre del año pasado, cuando fue detenido por la Policía Bonaerense en La Plata tras ser identificado con pedido de captura internacional. Las autoridades brasileñas lo habían condenado a 17 años de prisión por su participación en los ataques. Su detención se produjo en un contexto de creciente tensión bilateral por el paradero de decenas de militantes bolsonaristas que ingresaron a Argentina luego de los disturbios.
En octubre y noviembre de ese mismo año, Brasil reforzó sus pedidos de extradición. El STF, a través del juez Alexandre de Moraes, remitió a la Cancillería argentina solicitudes formales para la entrega de al menos 63 bolsonaristas considerados prófugos. La Policía Federal de Brasil estimaba que entre 50 y 100 personas vinculadas a las agresiones se habían asentado en Argentina, algunas en calidad de refugiados y otras tras haber ingresado de forma irregular.
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La tramitación de esos pedidos se desarrolló en paralelo con la discusión sobre la condición de refugiado de los imputados. El Gobierno argentino había dictado el Decreto 942/2024, que limitó el otorgamiento del estatus de refugiado para personas involucradas en delitos internacionales graves o actos contrarios a los principios de Naciones Unidas.
Por su parte, las defensas habían solicitado que no se avanzara con las respectivas extradiciones hasta que finalizara el análisis de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). Sin embargo, el juez Rafecas entendió que la existencia de una sentencia firme y la intervención del máximo tribunal brasileño eran suficientes para continuar el procedimiento sin esperar la resolución administrativa.
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Con este fallo, el destino de los cinco condenados queda ahora en manos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes deberán resolver la eventual apelación antes de que se coordine el traslado con las autoridades brasileñas.
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