Ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández y responsables de tres cooperativas fueron citados a declaración indagatoria por presunto desvío de fondos públicos en la implementación de un proyecto para confeccionar 165.000 guardapolvos escolares para sectores vulnerables.
La decisión fue del juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal del caso Carlos Rívolo, ante la sospecha de que “entre enero y diciembre de 2023, se administraron de manera indebida recursos estatales” que asignó el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda. con domicilio en Quilmes, por 710.366.250 millones de pesos.
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La maniobra
El objetivo era implementar el “Proyecto Social de Acción Conjunta”, en el marco de una política estatal para entregar los uniformes escolares a sectores necesitados, fomentar la intervención activa y directa de organismos no gubernamentales sin fines de lucro y promover el trabajo social productivo
Pero según la acusación, todo habría sido orquestado para desviar fondos públicos asignados para confeccionar los 165.000 guardapolvos
La cooperativa, en lugar de hacer el trabajo de manera directa, subcontrató a otras dos, Solutex Ltda y General Mitre Manos Unidas Ltda. y sus estructuras se aprovecharon para “obtener un beneficio particularizado”, según la causa.
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Al pedir las citaciones indagatorias, el fiscal Rivolo - a cargo de la investigación- remarcó que “es claro que las acciones llevadas adelante por cada uno de los imputados resultan suficientes para demostrar que instrumentaron y llevaron adelante el fraude con el que se beneficiaron económicamente mediante el desvío de los fondos que debieron ser destinados a confeccionar 165.000 guardapolvos”
Entre los 13 citados hay ex funcionarios quienes “deberán responder en virtud del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, el que concurre idealmente con la figura de defraudación por administración fraudulenta”, sostuvo la fiscalía
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Se trata de quienes tenían a cargo las áreas de Organización Comunitaria y Articulación de Política Social con “la obligación de velar por el cumplimiento del convenio celebrado con la cooperativa 15 de Julio Ltda., cosa que no hicieron", advirtió la fiscalía.
“Ello se vio claramente violentado a partir de su intencionado accionar en contra de estos intereses al pactar un Convenio de imposible cumplimiento y autorizar los desembolsos de dinero sin que aquellos estén precedidos del debido cumplimiento por parte de la Cooperativa de sus obligaciones”, agrega el dictamen fiscal.
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Además, firmaron adendas para prorrogar plazos de entrega “sin debida justificación” y aprobaron el convenio cuando “a simple vista, y dadas las fechas y cantidad de material a producir no resultaba materialmente posible concluir los trabajos ordenados”.
El juez Casanello consideró que existe grado de sospecha suficiente para citar a indagatoria a los imputados, quienes deberán presentarse entre el 15 y el 22 de diciembre en los tribunales federales de Retiro.
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La cooperativa a la que se asignó la confección de los guardapolvos debía realizarlos por su propia cuenta y con el trabajo de sus asociados, pero en lugar de ello subcontrató a las otras dos, en las cuales también se constataron irregularidades además de vínculos con entonces funcionarios, según la causa judicial
Además, no se cumplió la entrega en su totalidad y no se presentaron informes ni rendición contable.
Bienes inhibidos
Casanello decretó la inhibición general de bienes de todos los citados a declarar, de las cooperativas investigadas y dispuso el congelamiento de los productos bancarios de estas últimas.
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Los investigados habrían desviado los millones entregados para confeccionar los guardapolvos mediante un entramado de sociedades y eso deriva en un riesgo serio de maniobras para desprenderse de bienes, explicaron fuentes del caso sobre la medida resuelta.
Rivolo reclamó las indagatorias sin perjuicio de que en un futuro se convoque a más acusados porque todavía hay medidas de prueba pendientes en la causa que investiga en total a 32 cooperativas.
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Un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal incorporado a la causa concluyó que las operaciones “constituyen un circuito de simulación jurídica y fiscal, con pérdida de trazabilidad financiera, retiro en efectivo sin justificación operativa, y utilización de cooperativas sin capacidad real como vehículos de encubrimiento.”
La investigación se inició a raíz de una denuncia del fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani en base a un informe realizado por el periodista Luis Gasulla del programa “La Cornisa”, del canal La Nación +, emitido domingo 24 de marzo de 2024, y de una presentación del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
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Se aportó documentación vinculada al convenio y se denunció un modus operandi similar por parte de otras 29 cooperativas que habrían confeccionado guardapolvos durante el año 2023.
“En representación del organismo nacional, todos los convenios fueron firmados por el titular de la Secretaría de Articulación de Política Social, Leonardo Sebastián Moyano” bajo la gestión de la entonces Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
Moyano, ex Secretario de Articulación de Política Social del ex Ministerio de Desarrollo Social nacional, es uno de los ex funcionarios citados a indagatoria y deberá presentarse el 22 de diciembre.
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