Iniciaron un jury contra un juez de Chubut sospechado de enriquecimiento ilícito y abuso de poder

El Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió de manera unánime iniciar un proceso de enjuiciamiento contra el juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel, Claudio Alejandro Petris, por presuntas irregularidades vinculadas con su patrimonio, su intervención en causas donde habría tenido intereses personales y la supuesta violación del régimen de incompatibilidades previsto para los magistrados.

La decisión fue adoptada durante una sesión plenaria realizada en la ciudad de Puerto Madryn, en la que también se dispuso su suspensión por un plazo de seis meses y la retención del 50% de su salario mientras dure el trámite. De este modo, el expediente será remitido al Tribunal de Enjuiciamiento para que evalúe la apertura del jury.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por el fiscal de Estado de la provincia, Andrés Meiszner, luego de un informe periodístico producido por el diario Chubut Online, que derivó en una investigación por supuestas conductas de enriquecimiento ilícito y manejos financieros irregulares.

De acuerdo a las actuaciones administrativas labradas en el Consejo, cuya instrucción quedó en manos de la consejera Mabel del Mármol, el juez chubutense habría registrado un crecimiento económico difícil de justificar, con al menos ocho propiedades que no figuran a su nombre y bienes inscriptos a través de familiares o intermediarios. Entre los casos figura un Mini Cooper cuya titularidad habría pasado por distintas personas antes de quedar vinculada a su entorno familiar.

Con respecto a su desempeño en el cargo, se le atribuye haber intervenido en un expediente por cuotas alimentarias en el que una de las partes era el exfutbolista Aldo Pedro Duscher, con quien mantendría un vínculo personal, sin haberse apartado del caso. También que habría dictado resolución en una acción de amparo para favorecer a quien sería su médico de cabecera.

La instructora incorporó documentación que daría cuenta de posibles incompatibilidades con las funciones judiciales de Petris en virtud de su inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como prestador de “Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares”, con fecha de inicio de actividad en agosto de 2025, según informó el portal El Chubut. Además, consignó una donación superior a los 18 millones de pesos en efectivo a favor de su hija para la compra de un auto de alta gama.

A su vez, del Mármol, exconcejal del Frente para la Victoria en Puerto Madryn, agregó a las actuaciones un apartado con declaraciones públicas de un ciudadano que vinculó al juez Petris con presuntos episodios de abuso sexual, acoso y amenazas. De momento esos hechos no forman parte de la investigación penal en curso, según los medios locales.

Notificado del sumario en su contra por enriquecimiento sin causa, abuso de poder y maniobras financieras irregulares, el involucrado presentó un escrito de descargo donde rechazó todas las acusaciones. Allí afirmó que el procedimiento era producto de su postura crítica frente al proyecto del gobernador Ignacio Torres para eliminar las inmunidades judiciales mediante una consulta popular. Además, planteó la nulidad de la instrucción por considerarla inconsistente y negó haber utilizado testaferros o haber cometido irregularidades económicas, justificando su patrimonio en una carrera judicial de más de 40 años.

En ese marco, luego analizar la prueba reunida en una sesión de más de tres horas, el Consejo de la Magistratura de Chubut consideró que estaban los elementos necesarios para acusar a Petris de haber incurrido en causales de mal desempeño, relacionadas con la violación del régimen de incompatibilidades, la falta de excusación en causas con conflictos de interés y el incumplimiento de deberes éticos propios del cargo. En consecuencia, y por voto unánime, los consejeros resolvieron remitir el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento, que ahora deberá decidir si ordena avanzar con el proceso.

El plenario también solicitó la aplicación de medidas preventivas como la suspensión del juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel y la reducción temporal de su salario.