Este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 se lleva a cabo la audiencia final del juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Pasadas las 10, el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg, dio lugar a las últimas palabras de los acusados y anunció que el veredicto se conocerá a las 13.
Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma en la cabeza de la entonces vicepresidenta, tiene un pedido de condena de 15 años de cárcel por tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, por violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego. La Fiscalía General N° 3, a cargo de la fiscal Gabriela Baigún, lo señaló como autor del atentado y también le imputó la receptación ilegítima y portación ilegal de un arma de guerra.
Brenda Uliarte, exnovia de Sabag, también fue acusada por el intento de asesinato, aunque en calidad de partícipe necesaria. Para ella la fiscal Baigún solicitó una condena de 14 años de prisión, con el agravante por violencia de género incluido.
El tercero que llegó a juicio es Nicolás Carrizo, a quien se lo identificó como “jefe de los Copitos”. Será absuelto por los jueces dado que la querella y el Ministerio Público Fiscal retiraron la acusación en su contra, al entender que durante el debate oral y público se probó que no tuvo ninguna participación en el hecho.
Últimas palabras
Fernando Sabag Montiel empezó su declaración final con un intento por comparar su caso con la muerte del fiscal Alberto Nisman. La presidenta del Tribunal, Sabrina Namer, lo interrumpió y le demandó que se enfoque en lo que ocurrió en el juicio.
Luego siguió su alocución con desvaríos, sugirió que quieren matarlo y que “le quieren tirar el muerto” al diputado del PRO Gerardo Milman, quien fue investigado por su presunta vinculación con la planificación del atentado. “Me parece una bajeza total cómo lo incriminaron”, se quejó el acusado.
Por último teorizó que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, le pidió personalmente a Cristina Kirchner durante su último encuentro en San José 1111 “que se encargue” de garantizar una supuesta intención de extraditarlo que tendría el país vecino.
Brenda Uliarte, por su parte, no hizo uso de sus últimas palabras. En la sala de audiencias está rodeada por varios agentes del Servicio Penitenciario Federal, que la custodian para que no tenga contacto con otras personas.
Nicolás Carrizo se pronunció brevemente y lamentó su paso por la cárcel: “Siento esa impotencia por dentro por haber pasado preso estos tres años que nadie me los va a devolver. Me gustaría que esto no le pasara a nadie más”, dijo.
Los pedidos de las defensas
En sus respectivos alegatos, las defensas de Sabag Montiel y Uliarte pidieron que sean absueltos y que se los declare inimputables por sus condiciones de salud mental.
“Fue esclavo de su delirio mesiánico”, justificaron los patrocinadores de Fernando Sabag Montiel, Fernanda López Puleio y Nicolás Ossola.
Además, esa defensa introdujo el argumento de que el intento de magnicidio fue un “delito imposible”, ya que la pistola Bersa calibre 32 que fue apuntada hacia la cabeza la ex presidenta de la Nación “nunca tuvo bien colocado el cargador”.
A esta línea también adhirió Eduardo Chittaro, defensor de Brenda Uliarte: “No es que ‘la bala no salió’, acá el asunto es que la bala no podía salir, que es algo muy distinto. La diferencia es fundamental”, alegó el letrado.
La reconstrucción de la Fiscalía
El juicio contra los ejecutores del atentado comenzó a fines de junio de 2024, y en poco más de un año declararon 157 testigos. En paralelo se investigó la “pista Milman”, que apuntaba a esclarecer si hubo autores intelectuales detrás de “los Copitos”. El principal señalado fue el diputado del PRO Gerardo Milman.
Esa causa se archivó parcialmente la semana pasada, aunque el legislador aún no fue sobreseído por la jueza María Eugenia Capuchetti. La decisión fue apelada por los abogados de CFK.
A partir de las pruebas recabadas durante la investigación y el debate, la fiscal Baigún estableció que asesinar a la entonces vicepresidenta fue “una decisión adoptada previamente por ambos” -por Sabag y Uliarte- con la finalidad de “impedir que siga desarrollando su vida política”, y en la que existió una carga de “violencia de género”.
La pareja “se infiltró entre la multitud que se había congregado frente al domicilio de Cristina, simulando ser simpatizantes de la misma”, exactamente en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.
Según reconstruyó la fiscal Baigún, el principal acusado portaba esa noche “sin la debida autorización legal” una pistola semiautomática de acción simple, calibre 32, marca Bersa, cargada con cinco proyectiles y apta para disparar.
“Una vez que se encontraba a escasos centímetros de la doctora Fernández de Kirchner, -Sabag- apuntó contra su rostro y gatilló en una oportunidad. El hecho no se consumó por motivos ajenos a su voluntad, ya que pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió, y cuando se disponía a recargar nuevamente fue interceptado por la multitud que se encontraba en el lugar”, dio por probado la acusación.
Sabag Montiel fue al menos dos veces a Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, los días previos al atentado “para evaluar cómo era la llegada” de la expresidenta a su domicilio y “cómo era el contacto que tenía con los simpatizantes desde que bajaba del auto hasta que entraba a su vivienda”.
El propio acusado confesó su intención criminal, reconoció que la idea no fue espontánea y admitió haber estado en las inmediaciones del departamento de la expresidenta “para vender copitos y estudiar el panorama”.
Al referirse a las pruebas digitales, la fiscal Baigún lamentó que se haya perdido “la mayor parte de la información que contenía” el celular del acusado, que se reseteó a sus valores de fábrica antes de que lograran peritarlo, “por lo que se desconocen gran parte de las conversaciones que mantuvo Sabag en fechas cercanas al hecho”.
Por último, la Fiscalía pidió unificar las eventuales condenas de los acusados con las penas que ya recibieron en otras causas previas.
De esta manera, la fiscal pidió que Sabag Montiel reciba una sentencia condenatoria total de 19 años de prisión -ya purga otra por 4 años y 3 meses- y para Uliarte 14 años y dos meses -le habían dado un año por falsificación de DNI-.
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