La Justicia dispuso peritar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del club de golf Indio Cua de Manuel Adorni. Se buscarán registros de esas comunicaciones y otros mensajes con el jefe de Gabinete.
El magistrado Ariel Lijo hizo lugar a un pedido del fiscal Pollicita, quien tiene delegada la investigación, luego que ayer Tabar declarara bajo juramento de verdad que hizo refacciones calculadas en 245 mil dólares en la casa de los Adorni, pagadas en efectivo por el funcionario. En ese trámite, el testigo contó que antes de presentarse a declarar recibió llamadas “temporales” de Adorni vía WhatsApp, donde se le habría ofrecido asesoramiento antes de presentarse en Comodoro Py.
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Cuando declaró, Tabar dijo que Adorni le habría dicho que necesitaba hablar con él y que luego de eso dialogaron por teléfono. El funcionario le habría ofrecido ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara por el tema de la declaración. El contratista le dijo al fiscal que inicialmente lo consideró, pero luego consultó con una persona que lo asesoró y decidió rechazar ese contacto para evitar que pareciera que estaban elaborando una estrategia común.
El análisis del teléfono fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y se intentará recuperar los mensajes temporales o borrados.
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De manera paralela, el fiscal federal Gerardo Pollicita rechazó este martes un pedido de la diputada nacional Marcela Pagano para ordenar “la inmediata detención” del jefe de Gabinete Manuel Adorni por supuesto “riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente”, a raíz de haber contactado a un testigo clave antes de su declaración en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.
La fiscalía no avaló el pedido tras ser notificada por el juzgado federal de Ariel Lijo. Según dijeron a Infobae fuentes judiciales, se sostuvo que no se verifican los riesgos procesales mencionados por la Diputada, quien reclamó en todo caso que se prohíba al Jefe de Gabinete tomar contacto con testigos.
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Las refacciones por 245 mil dólares
Tabar declaró ayer que en agosto de 2024 Manuel Adorni lo contactó directamente por WhatsApp. Le dijo que estaba por adquirir una casa en el lote 380 del country Indio Cuá / Indio Cua Golf Club y que quería que la viera para evaluar posibles refacciones. El testigo concurrió con su socia y se reunió con Adorni y su esposa Bettina Angeletti.
El presupuesto inicial cercano a los USD 94.000 habría escalado hasta unos USD 245.000, dijo el testigo, y agregó que todos los pagos fueron realizados por Adorni en efectivo y en dólares sin facturas ni recibos.
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El contratista ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.
En la casa, de unos 400 m², se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.
El testigo llevó ante el fiscal toda la documentación referida a las compras que hizo para la obra el jefe de Gabinete y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y después.
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Cómo sigue la causa
En la investigación, mañana declarará otro testigo, el hijastro de una de las jubiladas que vendió a los Adorni su departamento del barrio porteño de Caballito, Leandro Miano. Esa operación se hizo con un pago de 30 mil dólares en efectivo y otros 200 mil sin intereses que el jefe de Gabinete tiene que cancelar en noviembre próximo.
Mientras tanto ya se encomendó un informe sobre la evolución patrimonial del matrimonio. En caso de detectarse inconsistencias, se intimará al funcionario a justificar su nivel de vida en relación a sus ingresos y, si no logra dar explicaciones, podría avanzarse en un llamado a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.
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