
El ex presidente Alberto Fernández regresó este martes a Comodoro Py para pedir ante la Sala II de la Cámara Federal porteña que se declare la nulidad de todas las actuaciones de la causa que lo tiene procesado por supuesta violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez. Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico escucharon sus argumentos en una audiencia personal y quedaron en condiciones de resolver, informaron fuentes judiciales.
A foja cero
La presentación del exmandatario apuntó a desarticular el expediente desde su origen. Fernández sostuvo que todo lo actuado por el juez federal Julián Ercolini —desde el inicio de la investigación hasta su apartamiento, dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal en octubre pasado— debe ser declarado inválido, y que ese es el alcance correcto del fallo que ordenó desplazar al juez. La defensa ya había presentado un memorial escrito con esa postura; la audiencia de este martes fue la instancia en que el acusado expuso sus razones de manera directa ante el tribunal.
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El planteo no prosperó en la instancia anterior. El actual juez del caso, Daniel Rafecas, rechazó el pedido en una resolución de 30 páginas y se apoyó en la propia redacción del fallo de Casación, que ordenó el cambio de magistrado “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. Ante ese rechazo, la defensa apeló y la Cámara Federal convocó a la audiencia que tuvo lugar este martes en el segundo piso de Comodoro Py 2002.
Qué argumenta la defensa
Uno de los argumentos centrales fue el origen de las pruebas: los chats entre Yañez y María Cantero, exsecretaria privada del expresidente y punto de partida de la investigación. Estos surgieron de un peritaje sobre un teléfono secuestrado en otra causa, el caso Seguros. La defensa calificó ese procedimiento como una “expedición de pesca”. Allí aparecieron imágenes de Yañez con moretones.
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Tanto Yañez, en su calidad de querellante, como el fiscal federal Ramiro González se opusieron al planteo. Los abogados de la ex primera dama advirtieron que “retrotraer el proceso a sus inicios es sin duda revictimizar a la víctima” y que Fernández “omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite”.
“El apartamiento tampoco implica que, para un adecuado restablecimiento del orden jurídico, necesariamente debe retrotraerse toda la investigación llevada adelante a un estado embrionario de las actuaciones. Ello supondría un desgaste jurisdiccional innecesario, contrario al principio de celeridad y a las buenas prácticas procesales”, sostuvo por su parte Rafecas cuando rechazó el planteo de nulidad. También invocó tratados internacionales suscritos por la Argentina, que contemplan “el compromiso de evitar la revictimización de aquellas personas que habrían sufrido violencia de género”.
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Fernández enfrenta cargos por supuestas lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, junto con amenazas coactivas, estas últimas para que Yañez no lo denunciara.
La acusación del fiscal del caso Ramiro González sostiene que los hechos se produjeron de manera sistemática, con episodios de violencia psicológica y física, y que parte de ellos ocurrieron mientras ejercía la Presidencia de la Nación. Si la Cámara confirma el rechazo a la nulidad, el juez podría avanzar con los trámites para el envío de la causa a juicio oral.
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La semana pasada la Cámara Federal de Casación revocó el procesamiento de Fernández en otra causa penal en la que está implicado, el caso Seguros, y remitió las actuaciones al juzgado federal 11, para que dicte un nuevo fallo.
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