La Corte Suprema define esta semana la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

El máximo tribunal argentino debe resolver si autoriza el traslado del empresario, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, tras la confirmación de la vigencia de los cargos por parte de la justicia estadounidense

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Fre Machado, el empresario detenido
Fre Machado, el empresario detenido en Neuquén cuya extradición reclama la justicia norteamericana

La definición sobre la extradición de Federico “Fred” Machado a Estados Unidos se encuentra en su etapa final, luego de que la Corte Suprema de la Nación recibiera la confirmación de la justicia estadounidense acerca de la vigencia de los cargos que pesan sobre el empresario. El máximo tribunal argentino tiene previsto resolver en el transcurso de esta semana si autoriza el traslado de Machado, quien enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y estafa.

Si la Corte accede a este pedido, tal como indican los antecedentes en este tipo de casos, Machado será entregado a las autoridades de los Estados Unidos, donde se encuentra acusado de narcotráfico.

El proceso judicial que involucra a Fred Machado se reactivó tras la respuesta de las autoridades de Texas, quienes reiteraron el pedido de extradición y aseguraron que la situación procesal del acusado no ha experimentado modificaciones. Esta comunicación se produjo después de que el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, cumpliera con el requerimiento de la Corte Suprema de consultar formalmente a la justicia estadounidense sobre la vigencia de las acusaciones.

Desde el 16 de abril de 2021, Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma, tras haber sido detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Neuquén, a solicitud de Estados Unidos. Un día después de su detención, el juez Villanueva dispuso su arresto preventivo, medida que se mantiene vigente mientras se resuelve el pedido de extradición.

José Luis Espert explicó en
José Luis Espert explicó en un video su vínculo con Fred Machado

La causa judicial sumó un elemento de relevancia cuando se confirmó la transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta vinculada a Machado hacia José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza para las próximas elecciones legislativas, quien renunció a su postulación este domingo. Espert reconoció la recepción de los fondos y explicó que correspondían a un trabajo realizado para una minera guatemalteca.

Las intervenciones de la Corte

El máximo tribunal ya tuvo dos intervenciones previas en la causa, relativas a cuestiones procesales. En primer lugar, el 21 de junio de 2022, la Corte consideró innecesario resolver un recurso donde el imputado solicitaba su libertad ambulatoria, porque ya la había obtenido. En segundo lugar, el 21 de diciembre de 2022, la Corte Suprema desestimó los planteos de inconstitucionalidad intentados por Machado contra su citación a juicio.

Ambos casos habían sido firmados por todos los jueces de la Corte Suprema de ese entonces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y el ahora retirado Juan Carlos Maqueda.

En el planteo que ahora analiza la Corte, la defensa de Machado intentó dejar sin efecto la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén que declaró su extradición. La misma haía sido solicitada por Estados Unidos en el marco de la “Quinta Acusación de Reemplazo” pronunciada el 5 de mayo de 2021 por el Gran Jurado Federal de Distrito Este de Texas.

En ese país, Machado se encuentra acusado de diversos cargos, entre otros, asociación delictiva para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico.

La decisión de la justicia federal de Neuquén fue apelada con el argumento de que, en su acusación en Estados Unidos, solo fue representado por dos defensores, existiendo una desigualdad numérica respecto de los fiscales que intervinieron. Asimismo, cuestionó el rechazo de la recusación del juez federal de Neuquén, la invalidez constitucional de la norma que permitió su citación a juicio, y el rechazo de la prueba ofrecida por su defensa.

Las idas y vueltas del caso

El planteo judicial respecto de esta última presentación ingresó en la Corte el 3 de mayo de 2022. Luego de darle traslado a la defensa del acusado para que argumente su presentación, el 30 de junio de 2022 fue remitida a la Procuración General de la Nación, siendo devuelta a la Corte el 5 de abril de 2023 con el dictamen del procurador Eduardo Casal.

Los tres jueces de la
Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Posteriormente, la defensa de Machado presentó un escrito el 29 de noviembre de 2024, en el cual solicitó la constatación por parte de la justicia argentina de la sentencia dictada en Texas contra Kayleigh Moffet, ya que la misma podría afectar la calificación jurídica de los hechos imputados a Fred Machado.

El 21 de agosto de este año, la Corte pidió al Juzgado Federal N° 2 de Neuquén que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicite a Estados Unidos el contenido de la sentencia dictada el 23 de enero de 2024 que habría alcanzado a Moffet, y la incidencia que la misma tendría sobre el pedido de extradición de Machado.

Dicha información fue requerida por Cancillería e informada por la Embajada de los Estados Unidos. De la misma se desprendió que Moffet fue condenada solo por dos cargos; pero que la otra coimputada, Debra Mercer Lynn Erwin, fue condenada por los mismos cargos por los cuales se solicitó la extradición de Machado. Asimismo, Estados Unidos reafirmó su interés en la extradición.

En estas condiciones, la Corte, con la firma de sus tres jueces, estaría próxima a confirmar la extradición de Machado, rechazando todos sus planteos, remitiéndose en gran parte al dictamen de la Procuración General de la Nación.

La decisión final sobre la extradición recae en el Poder Ejecutivo, conforme a la legislación vigente. En caso de que la Justicia apruebe la extradición, la Corte Suprema debe enviar el expediente completo a la Cancillería, para que el Poder Ejecutivo resuelva en un plazo de diez días hábiles si concede o no la medida. La normativa permite al Ejecutivo rechazar el pedido por “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”.

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