El juez a cargo del Juzgado Federal N° 11, Sebastián Casanello, resolvió este viernes rechazar el pedido de nulidad presentado por la defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El planteo, impulsado por el abogado Martín Magram, sostenía que la investigación se había iniciado a partir de audios difundidos en medios periodísticos y atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces director de la ANDIS, que revelarían mecanismos ilícitos en la compra de medicamentos. La defensa argumentó que esas grabaciones podrían ser falsas, adulteradas o haber sido obtenidas sin consentimiento, lo que las tornaría ilegales y violatorias de derechos constitucionales.
Se trata de una causa que involucra a figuras del entorno gubernamental, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados por su presunta participación -aun no demostrada- en el reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina.
El juez federal analizó el reclamo teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que establece que la invalidez de un acto procesal solo puede fundarse en defectos sustanciales y no en meros vicios formales, salvo que se produzca una violación abierta de las garantías constitucionales de imposible reparación posterior.
En este sentido, el fallo recordó que “la función primordial que poseen las nulidades en el proceso es privar a un acto de eficacia como consecuencia de un vicio que lo desnaturaliza, pero la invalidez absoluta de ese acto sólo puede encontrar motivo en defectos sustanciales y no en vicios formales, salvo si se ocasiona una flagrante violación de garantías constitucionales de imposible reparación ulterior”.
Los argumentos de la defensa
La defensa de los Kovalivker había sostenido que la denuncia se fundó en prueba obtenida en violación de derechos y garantías, y que las medidas ordenadas durante la instrucción habrían causado un daño a sus asistidos y a su empresa. Sin embargo, el juez consideró que el planteo se apoyaba en argumentos especulativos y contradictorios, ya que la propia defensa reconoció desconocer el expediente y basarse en trascendidos periodísticos.
El fallo subrayó que “la defensa pretende atribuir carácter de prueba única a algo que, al menos de momento, no lo tiene”.
En la causa intervino como querellante la organización Poder Ciudadano, que solicitó el rechazo de la nulidad y remarcó que los audios, al haber tomado estado público, constituyeron una “notitia criminis” suficiente para promover la investigación penal. La querella también destacó que, por su condición de funcionario público, Spagnuolo tenía una expectativa de privacidad más restringida y que las grabaciones parecían haber sido realizadas en un ámbito público, lo que evidenciaba una renuncia a su derecho a la intimidad.
El Ministerio Público Fiscal también se opuso al planteo de nulidad, valorando que la investigación se inició a partir de una denuncia sobre presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS y la participación de la Droguería Suiza Argentina. El fiscal sostuvo que no existió afectación al derecho a la intimidad, ya que el funcionario involucrado había expuesto los hechos a otras personas en un ámbito público y que, en el caso de los funcionarios públicos, la privacidad tiene un alcance más limitado.
La validez de las grabaciones
En relación a la validez de las grabaciones aportadas por particulares, el juez citó abundante jurisprudencia nacional y extranjera que admite la incorporación de este tipo de registros al proceso penal, siempre que no hayan sido obtenidos por funcionarios públicos en violación de garantías constitucionales.
El fallo recordó que “el riesgo de una delación por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro”. Además, enfatizó que “no existen reglas jurídicas que prohíban a un particular grabar una conversación sin autorización judicial”, y que la valoración de ese material deberá realizarse en el momento procesal oportuno, ponderando su autenticidad y su validez como prueba junto a los demás elementos de la causa.
Últimas Noticias
La Corte ordenó a la Nación y a tres provincias ejecutar un plan estratégico para frenar los incendios en el Delta del Paraná
Las consecuencias de las quemas continuas vulneraron el derecho a la salud y a un ambiente sano de los habitantes de la región, según determinaron los jueces
La Justicia porteña le ordenó a una empresa de turismo que deje de promocionar a las Malvinas como territorio británico
Una compañía que organiza viajes en crucero ofrecía los viajes al archipiélago con la denominación de Falkland Islands
Tres veredictos, 11 años y una incógnita: absolvieron al empresario acusado de enviar 380 kilos de cocaína a España
Miguel Ángel Ferrucci, acusado de contrabando agravado, fue condenado una vez y lo declararon inocente en dos oportunidades. Los adoquines que vende su empresa se lucen en la Casa Rosada y el Obelisco. Estuvo a punto de perderlo todo por la promesa de un negocio millonario en Argelia
Condenan en un caso de mala praxis a un cirujano por operar el ovario equivocado
Una paciente de 29 años fue sometida a una cirugía innecesaria tras un diagnóstico de quiste ovárico. El procedimiento fallido obligó a una segunda intervención
La puerta del colectivo se cerró y le fracturó un dedo: la Justicia ordenó una indemnización millonaria
Una Cámara de Apelaciones elevó el monto de la compensación económica. La responsabilidad de la empresa quedó probada, tras el análisis de testimonios y pericias que confirmaron el accidente y las lesiones sufridas
