En una causa iniciada hace menos de una semana que avanza a pasos firmes, este martes se allanaron dos áreas de Nordelta con el fin de incorporar al expediente registros fílmicos de las entradas y salidas para corroborar los movimientos del jefe de seguridad del barrio cerrado, Ariel De Vincentis, sospechado de ayudar a huir de la policía al empresario Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, que ayer se presentó en Comodoro Py con su abogado.
El escenario de las diligencias encomendadas por el juez Sebastián Casanello, a cargo del proceso junto al fiscal Franco Picardi, se llevó adelante en el barrio La Isla y en el Golf del barrio cerrado.
Se trata de la pesquisa que intenta recabar información respecto a un presunto esquema de coimas ligado a la provisión de medicamentos al Estado. Se inició luego de unos audios filtrados del reciente ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde denunciaba supuestas maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la compra y venta de insumos.
Además del ex funcionario, que fue echado inmediatamente por el gobierno de Javier Milei, están en la lupa el ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, y la familia Kovalivker, con Emmanuel y Jonathan a la cabeza como dueños de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios que se le atribuyen a Spagnuolo.
Mientras tanto, la Justicia Federal ya logró acceder a uno de los teléfonos del ex director de la ANDIS, realizando con éxito una copia forense de su contenido por obra de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que entregó la información al fiscal Picardi.
Los investigadores consideran que ese dispositivo constituye una pieza central para el expediente. En una primera revisión se detectaron mensajes eliminados, aunque por el momento no se determinó si la supresión estuvo vinculada a un intento de ocultar posibles pruebas.
El secuestro de los teléfonos de Spagnuolo se produjo el viernes pasado durante un operativo en un barrio privado de Pilar, poco después de que se difundieran los audios que dieron origen al escándalo. Allí se le incautaron dos aparatos: un smartphone, del que no aportó la clave de acceso, y otro hallado en su vehículo, que no sería de uso habitual. En las actuaciones también quedaron incautados los teléfonos de Emmanuel Kovalivker y Daniel Garbellini.
Además, este lunes se presentó en los tribunales de Comodoro Py el empresario Jonathan Kovalivker, quien era buscado desde el jueves tras ser citado a indagatoria. El accionista de una de las droguerías más importantes del país concurrió junto a su abogado Martín Magram y entregó su celular, aunque sin la contraseña. Ya su hermano Emmanuel había sido localizado el viernes en Nordelta, cuando intentaba salir en su vehículo con sobres que contenían 266 mil dólares y siete millones de pesos. Jonathan, en cambio, había logrado irse del barrio antes de que llegaran las fuerzas de seguridad. Por esa maniobra, el juez Casanello indagó al encargado de la seguridad del country, De Vicentis, sospechado de haberlo ayudado a escapar antes de que llegara la policía para requisar su vivienda. De Vicentis lo negó.
La firma Suizo Argentina está en la mira como parte de un gran engranaje de corrupción político-empresarial. En su composición accionaria, Eduardo Kovalivker concentra el 64,5% de las participaciones y ejerce el control mayoritario. Su hijo Jonathan posee poco más del 21% y preside la compañía, mientras que Emmanuel figura con apenas el 0,015%, aunque con presencia activa en la gestión.
En efecto, en uno de los pasajes más comprometedores de las grabaciones, Spagnuolo afirma: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así se están manejando’”.
Tras la publicación en los medios de las grabaciones, el fiscal ordenó una batería de allanamientos en organismos públicos, domicilios particulares y oficinas privadas con el objetivo de recabar más información. En esos procedimientos se incautaron computadoras, documentación y los mencionados dispositivos electrónicos sometidos a estudio.
En los próximos días el juez Casanello deberá decidir la situación procesal de los involucrados. En tanto, ayer dispuso la prohibición cautelar de todos ellos para acceder a sus cajas de seguridad con el propósito de anular cualquier posibilidad de que eliminen pruebas importantes para el proceso.
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