Tras ser llamado a declarar en la Justicia en la causa que investiga presuntas coimas en la provisión de medicamentos con la Agencia Nacional de Discapacidad, este lunes se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, apuntada en la investigación iniciada a partir de los audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo.
El accionista de la firma era buscado por la Justicia desde el jueves tras ser llamado a indagatoria por pedido del fiscal Franco Picardi en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello. Se presentó en los estrados junto a su abogado Martín Magram y entregó su celular para una eventual revisión pericial. Sin embargo, no entregó la clave de su dispositivo.
Jonathan Kovalivker es hermano de Emmanuel Kovalivker, otro de los dueños de la droguería, a quien las fuerzas de seguridad encontraron el viernes pasado en el marco de uno de los allanamientos desplegados en la causa, cuando intentaba irse en su auto del barrio donde vive en Nordelta, dentro del cual había varios sobres en los que se contabilizaron en total 266 mil dólares y siete millones de pesos.
Por su parte, Jonathan sí había conseguido irse de Nordelta, donde también vive, antes de que la policía llegara para allanar su vivienda. Por ese hecho, el juez Casanello le tomó indagatoria hoy al jefe de seguridad del barrio cerrado, Ariel De Vicentis, sospechado de ayudar al empresario a eludir a las fuerzas de seguridad.
La firma Suizo Argentina S.A. quedó bajo la lupa tras ser mencionada en uno de los audios donde Spagnuolo, ahora exdirector de ANDIS, habla de un esquema de pagos ilegales en la provisión de medicamentos con el Estado. En su estructura societaria figura Emmanuel Kovalivker como accionista minoritario con apenas el 0,015% del capital social. Pese a su participación reducida, tiene una presencia activa en la gestión de la compañía. El control mayoritario está en manos de su padre, Eduardo Jorge Kovalivker, quien concentra el 64,5% de las acciones, mientras que su hermano Jonathan Simón posee poco más del 21% y además ocupa la presidencia.
La información que llevó a la Justicia a desplegar una decena de allanamientos, llamados a indagatoria y otro tipo de diligencias, salió a la luz en el programa Data Clave, transmitido por el canal de streaming Carnaval, donde se difundieron audios en los que Diego Spagnuolo describió maniobras de supuestos actos de corrupción en el circuito de compra de medicamentos y mencionó de manera directa a Suizo Argentina. En esas grabaciones, Spagnuolo relató que existían vínculos con Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos). Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, se escucha decir a Spagnuolo en uno de los pasajes más comprometedores de los audios.
La figura del exfuncionario tomó aún más relevancia al conocerse su cercanía con Javier Milei. Spagnuolo fue abogado del actual presidente antes de su llegada al poder y se lo señaló como uno de los visitantes más frecuentes a la quinta de Olivos. En las grabaciones, incluso, afirmó que le planteó directamente al jefe de Estado lo que estaba sucediendo: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.
Tras la difusión pública de los audios y el inicio de la investigación judicial, el Gobierno nacional dispuso la inmediata salida de Spagnuolo de su cargo al frente al organismo público.
En tanto, en el marco de la investigación abierta hace cinco días, el fiscal Picardi solicitó una serie de allanamientos tanto en organismos públicos como en domicilios particulares con la finalidad de recabar elementos de prueba. Así, la Policía de la Ciudad irrumpió en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad y en las oficinas de la droguería, donde secuestró documentación, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. Las medidas alcanzaron los domicilios de Spagnuolo y de la familia Kovalivker, junto al de Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
En los próximos días el juez Casanello deberá determinar la situación procesal de cada uno de los involucrados en el expediente.
Últimas Noticias
La artista brasileña Paula Parisot, acusada de estafar a la abuela de sus hijos por $59 millones, admitió su culpabilidad
En junio, la Cámara de Apelaciones confirmó y amplió su procesamiento, por presuntas estafas mediante documentos de gastos falsos. Según consta en la causa, ahora solicitó una “probation” para evitar el juicio oral, lo que implica la admisión de su responsabilidad
Hizo una compra a distancia y el producto llegó dañado: la indemnización que deberá pagar la empresa de transporte
El conflicto por la entrega defectuosa de una encomienda abrió el debate sobre el alcance de la carga probatoria. La demandada había cuestionado la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al sostener que se trataba de mercadería destinada a la reventa
Un micro paró en un semáforo y le robaron las valijas: una pasajera demandó a la empresa y será indemnizada
La sentencia ordena el pago de más de cuatro millones de pesos por la pérdida del equipaje, el daño moral y la aplicación de una sanción punitiva ante la falta de respuesta de la compañía a los reclamos de la damnificada
Vaca Muerta: la Justicia habilitó el ingreso de YPF a pozos e instalaciones tras un corte de acceso
Una jueza federal de Neuquén concedió una cautelar a favor de la petrolera luego de que se denunciara el bloqueo del camino hacia locaciones operativas en Aguada del Chañar y autorizó la remoción de obstáculos con auxilio de la fuerza pública
Confirman la condena contra un banco por mantener como moroso a un cliente que había pagado su préstamo
La Cámara de Apelaciones de Bariloche agravó la indemnización y concluyó que la entidad incumplió su deber de información al no advertir que los depósitos no se imputaban al crédito, vulnerando la buena fe y el trato digno al consumidor
