La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) publicó su informe de gestión correspondiente al 2024, donde alertó sobre el avance de las maniobras delictivas en el ecosistema fintech y cripto. Las investigaciones revelaron una creciente utilización de estos activos digitales y plataformas virtuales para la canalización y blanqueo de fondos ilícitos.
En el transcurso del año se detectó una intensificación en el uso de billeteras virtuales, tanto propias como de terceros, para movilizar fondos de origen ilegal. También es cada vez más común el intercambio de criptoactivos a través de “Exchanges” y operaciones “P2P” (peer to peer), en las que no hay intermediarios tradicionales.
Según la PROCELAC, estas operaciones que incluyen el “trading” de criptomonedas sirvieron como “rampa de entrada” para dinero o criptoactivos de dudoso fondeo, facilitando su diversificación, la obturación de su trazabilidad y su posterior salida hacia cuentas del verdadero destinatario.
Incluso en varias investigaciones se identificaron transacciones inmobiliarias en las que se aceptaron criptomonedas como forma de pago.
Los casos, además, muestran que a medida que avanza la modalidad se pone en juego más dinero. En una causa del 2024, un implicado efectuó aproximadamente 4.000 operaciones con criptoactivos valorados en más de USD 116.000.000, a pesar de carecer de un perfil patrimonial acorde.
Otro caso testigo es el de Generación Zoe, para el que la Procelac brindó asistencia. La fiscalía especializada pudo acreditar la existencia de al menos cuatro billeteras digitales que habrían sido creadas y administradas por integrantes o colaboradores de la empresa. Las habrían usado como “cuentas recaudadoras” de criptomonedas, recibiendo activos virtuales directamente de cientos o miles de inversores, sumando un monto aproximado de USD 14.270.000, en un presunto esquema piramidal sin precedentes.
La Procuraduría observó esto como un patrón de los esquemas Ponzi: los criptoactivos son el medio predilecto para justificar supuestas ganancias exorbitantes.
Estos emprendimientos, que se publicitaban con promesas de altos rendimientos y poco riesgo, operaron con cuentas personales en proveedores de servicios de pago y “exchanges” de activos virtuales para canalizar fondos millonarios de origen desconocido. Las investigaciones también revelaron que en algunos casos se comercializó el acceso a cuentas CVU/CVU de terceros mediante grupos de Telegram para facilitar la canalización de fondos ilícitos.
El informe de gestión 2024 de la PROCELAC no presenta estadísticas o cifras directas sobre el cómo evolucionaron los índices delictivos. Sin embargo, las últimas estadísticas disponibles reflejan que entre 2019 y 2024 hubo 91 sentencias condenatorias por casos de lavado de activos.
Los delitos precedentes al blanqueo son en su mayoría por narcotráfico. Lo siguen las infracciones aduaneras y al régimen penal cambiario, delitos contra la propiedad -como estafas y defraudaciones, robo, usura- y hechos de corrupción.
Lavado de activos
El lavado de activos, por su parte, persistió en 2024 mediante una diversidad de modalidades. Para mostrar cuáles fueron las más usadas en el último tiempo, la Procelac expuso una serie de casos relevantes.
En la causa “Atachahua”, una organización transnacional lavó más de 10 millones de dólares derivados del narcotráfico y contrabando de divisas, utilizando bienes inmuebles y sociedades comerciales como fachada.
También se logró la condena de un empresario en el expediente “Népito”. Se trató de un caso de intermediación financiera no autorizada en concurso real con lavado de activos de origen ilícito. La Justicia canceló la personería jurídica de dos sociedades a través de las cuales se realizaron, sin autorización del BCRA, transacciones con contratos de mutuo, títulos de crédito, contratos de cesión de derechos y operaciones de descuento de cheques de pago diferido y facturas comerciales, y ordenó el decomiso de un campo de 119 hectáreas y de otros bienes.
Las investigaciones también abarcaron el lavado de activos vinculado a delitos de lesa humanidad, donde se condenó a cuatro personas y se ordenó el decomiso de un predio de 36 hectáreas.
Asimismo, se formularon acusaciones por maniobras de lavado de activos en casos de desvío de fondos sindicales, enriquecimiento ilícito de exfuncionarios y redes de narcotráfico.
La complejidad de las maniobras a menudo involucró el uso de estructuras jurídicas complejas, sociedades con prestanombres, empresas de reciente constitución y sin capacidad económica real, mutuales, cooperativas y entidades aseguradoras.
Últimas Noticias
Confirman la condena contra un banco por mantener como moroso a un cliente que había pagado su préstamo
La Cámara de Apelaciones de Bariloche agravó la indemnización y concluyó que la entidad incumplió su deber de información al no advertir que los depósitos no se imputaban al crédito, vulnerando la buena fe y el trato digno al consumidor
Secta y abusos sexuales en el Senado bonaerense: ampliaron la imputación de los dirigentes presos
Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, dos referentes de la militancia kirchnerista y feminista en La Plata, permanecen detenidos. Los acusan de captar jóvenes al menos desde 2015. Ya son cuatro las mujeres que fueron reconocidas como damnificadas
Interna de la UOCRA: Casación definirá la libertad de uno de los acusados por las amenazas a un juez y a un fiscal
Con la venia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de La Plata, el imputado buscará que la máxima instancia penal del país revise su detención
Selección de jueces: entre la promesa de rigor técnico y los reclamos por las vacantes
El Gobierno tiene previsto comenzar en marzo el tratamiento en el Congreso de los pliegos para cubrir los cargos judiciales. Sin embargo, desde el Colegio Público de Abogados reclaman que el tema se aborde en las sesiones extraordinarias de febrero
Causa AFA: las idas y vueltas de la investigación y los entretelones del cambio de juez
El magistrado Marcelo Aguinsky ya envió al juzgado de Campana el expediente por la quinta de Pilar que está valuada en 17 millones de dólares y es vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino. El juez González Charvay deberá rastrear la posible existencia de una estructura financiera internacional
