Otro revés judicial para Walter Bento: Casación rechazó su intento de llegar a la Corte Suprema

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por la defensa del ex juez federal de Mendoza Walter Bento y su esposa, Marta Isabel Boiza, en el marco del juicio oral que se desarrolla en su contra ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de esa jurisdicción. La decisión del máximo tribunal penal, adoptada este miércoles por los camaristas Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, despeja el camino para que continúe el proceso, que se encuentra actualmente en su etapa final.

La causa se trata de una presunta asociación ilícita que, de acuerdo a la acusación, operó al menos desde 2007 ofreciendo beneficios judiciales ilegítimos a cambio de sobornos en causas penales tramitadas en el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, del cual Bento era titular. Entre los más de treinta imputados, además del ex magistrado destituido y su mujer, figuran sus hijos Luciano y Nahuel, varios abogados, funcionarios y presuntos intermediarios.

Los recursos extraordinarios habían sido presentados contra resoluciones previas de la misma Sala III -aunque con integración parcialmente distinta- que habían rechazado una nueva pericia presencial solicitada por la defensa de Boiza y su eventual separación del juicio en virtud del artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación. También se impugnaba la decisión del tribunal de juicio de tener por “cumplimentadas suficientemente las medidas que se estiman conducentes para velar por la salud integral de F.B.”, hijo menor del matrimonio, con discapacidad severa.

Al analizar los escritos, la Sala III consideró que no se había logrado acreditar una “cuestión federal suficiente” que habilitara la intervención de la Corte Suprema. En los términos de los jueces Gemignani y Borinsky, ninguno de los dos recursos demostró “la alegada vulneración a principios y derechos constitucionales básicos en los términos del apelante, a los efectos de ser considerados como una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia extraordinaria del Máximo Tribunal en los términos establecidos por el art. 14 de la ley 48. ”.

Tanto Bento como su esposa, en presentaciones separadas, habían afirmado que las resoluciones impugnadas incurrían en “arbitrariedad”, algo que quedó descartado de plano por los camaristas. En esa línea, advirtieron que “en atención al carácter restrictivo de la admisión de dicha doctrina, para que prospere la impugnación con ese respaldo, es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el recurrente no ha conseguido acreditar en autos”.

El juicio oral comenzó el 26 de julio de 2023 y es considerado uno de los más relevantes en la historia judicial reciente de Mendoza. Tras más de 300 testigos, en abril pasado se inició la etapa de alegatos. La fiscal María Gloria André encabeza la acusación junto con Dante Vega -quien instruyó la causa- y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El Ministerio Público sostiene que Bento lideraba una red de favores judiciales que incluía a abogados, policías y funcionarios, y que obtenía beneficios económicos a cambio de intervenir en causas penales. En el centro de las maniobras figura el fallecido Diego Aliaga, señalado como nexo con los presuntos imputados beneficiados. Entre los delitos atribuidos a Bento se encuentran los de asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica, abuso de autoridad y desobediencia.

Uno de los incidentes dentro del proceso en curso fue la situación de salud de F.B., hijo más chico del ex juez, con encefalopatía crónica no evolutiva y dependencia total de cuidados. En 2024, su defensa había solicitado la prisión domiciliaria de Bento, detenido en Luján de Cuyo en noviembre de 2023 tras su remoción por mal desempeño en manos del Jurado de Enjuiciamiento. Entre sus argumentos, manifestó que la atención del menor recaía solo en sus hermanos debido a la detención de su padre y la hospitalización prolongada de su madre. La Defensoría Pública Coadyuvante de San Rafael dictaminó entonces que F.B. era “un bebé de pocos meses en el cuerpo de un joven de más de veinte años” y que su cuidado exigía “un esfuerzo físico y emocional” constante.

En abril de 2025, la Casación ordenó al tribunal de juicio dictar una nueva resolución sobre la prisión preventiva de Bento. El TOF 2 ratificó entonces su encarcelamiento luego de considerar que “la expectativa de pena y la proximidad del juicio oral, permiten avizorar un riesgo de elusión que no puede conjurarse sino a partir del encarcelamiento preventivo”, en especial “en tanto, entre los delitos que se le imputan justamente algunos refieren al entorpecimiento del accionar de la justicia”.

El juicio oral se encuentra en su etapa final con los alegatos de todas las partes. Se estima que su desarrollo podría extenderse hasta 2026. Las juezas María Carolina Pereyra, Gretel Diamante y Eliana Ratta serán las encargadas de dictar el veredicto.