La causa judicial conocida como “La Rosadita”, que involucra a Lázaro Báez y a otras personas en un presunto esquema de lavado de activos, podría dar un giro en los próximo meses. Según fuentes del tribunal, el juez Carlos Rosenkrantz habría expresado su voluntad de revisar la condena, lo que podría derivar en la revocación de alguna de las mismas.
Por su parte, según las mismas fuentes, tanto los jueces Horacio Rosatti como Ricardo Lorenzetti no estarían de acuerdo con esa postura. Ante este escenario, y por orden de Rosatti, en su caracter de presidente del tribunal, un secretario de la Corte fijó fecha para designación de dos conjueces, que que podrán pronunciarse a favor de confirmar alguna o todas las condenas o, por el contrario, sumarse a la idea de revocarlas.
Las apelaciones
En la causa conocida como “La Rosadita” o “La ruta del Dinero K”, lo que debe resolver la Corte Suprema son los recursos de los imputados presentados contra las condenas por lavado de activos.
Esas condenas son las siguientes: Lázaro Báez (10 años de prisión); Martín Báez, (6 años y 6 meses de prisión); Jorge Fariña (3 años y 6 meses de prisión); Daniel Pérez Gadín (6 años de prisión); Jorge Chueco (6 años de prisión); Julio Mendoza (5 años de prisión); Fabian Rossi (4 años y 6 meses de prisión); Cesar Fernández (4 años y 6 meses de prisión); Juan De Rasis (4 años y 6 meses de prisión); Leandro Báez (3 años de prisión condicional); Eduardo Castro (4 años y 6 meses de prisión); Walter Zanzot (2 años y 6 meses de prisión); Federico Elaskar (3 años de prisión condicional); Martin Eraso (3 años de prisión condicional); Claudio Bustos (3 años de prisión condicional); Carlos Molinari (3 años y 6 meses de prisión).
La sentencia con las condenas fue apelada ante la Corte mediante recursos que ingresaron durante el mes de junio de 2023. De acuerdo con los datos que figuran en los registros públicos de la Corte Suprema, el expediente fue enviado a la vocalía del juez Rosatti, donde estuvo un año y medio: desde noviembre a diciembre de 2023, en que se devolvió por la feria judicial; luego desde febrero de 2024 hasta julio, también devueltos por la feria, y luego hasta diciembre; finalmente, desde febrero hasta marzo de 2025. Luego de ello no hay registros.
Durante este año, los tres jueces de la Corte revisaron el caso, que se considera delito precedente en la causa Vialidad, y hay dos de los jueces, Rosatti y Lorenzetti, que estarían de acuerdo en rechazar los recursos, con lo que las condenas quedarían confirmadas. Por su parte, Rosenkrantz estaría a favor de revisar el caso y enviar la causa al Procurador General, Eduardo Casal, para que emita un dictamen sobre si debe ser revocada la sentencia o no.
El sorteo de los conjueces se realizará el 19 de mayo de 2025 a las 11 hs. Los mismos se eligen entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, lo que incluye a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, excepto los que ya dictaron la sentencia condenatoria en revisión.
La investigación
En esta causa se investigó una presunta maniobra delictiva de lavado de activos. Según la misma, la empresa Austral Construcciones, mediante una financiera, logró la expatriación de más de 54 millones de dólares destinados a diversas empresas, para luego reingresarlos mediante la compra de bonos argentinos.
Respecto del origen de dicho monto, la mayoría del Tribunal Oral que intervino en esta causa consideró que esos fondos provenían de la evasión fiscal e impositiva, a través del uso de facturas truchas. La minoría del Tribunal, en cambio, entendió que el dinero provenía del direccionamiento de contratos de obra pública en favor de Lázaro Báez, investigado en la causa “Vialidad”. En esta ultima causa está condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos la ex presidenta Crsitina Fernández de Kirchner
La Corte podría dejar firme estas condenas desestimando los planteos de apelación a través de la aplicación del art. 280, lo que significa que los podría rechazar sin entrar a analizar esos planteos o, por el contrario, podría entrar a analizar el fondo de esos planteos.
En “Vialidad” lo que se investiga es la hipótesis de que la obra pública era direccionada en favor de Lázaro Báez, a quien se le abonaban sobreprecios por obras que nunca se realizaban.
La diferencia de “la ruta del dinero K” con “Vialidad” son básicamente dos: en primer lugar los delitos investigados, ya que en “Vialidad” las condenas fueron por administración fraudulenta en perjuicio del Estado; y en segundo lugar que en la causa de “La Rosadita”, los condenados por el delito de lavado son todos particulares, y no fueron condenados funcionarios públicos.
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