Fiscales de Comodoro Py alertaron sobre la implementación del nuevo sistema acusatorio: “El panorama dista de ser auspicioso”

Los nueve fiscales federales de primera instancia de Comodoro Py criticaron al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, por avanzar con la aplicación del nuevo sistema acusatorio “sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente” y advirtieron sobre un déficit de recursos que podría hacer fracasar el sistema.

“Debemos advertir que el panorama actual dista de ser auspicioso”, señalaron los fiscales en una nota que la semana pasada le enviaron al procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La firman Gerardo Pollicita, Paloma Ochoa, Eduardo Taiano, Alejandra Mangano, Franco Picardi, Carlos Rívolo, Carlos Stornelli, Guillermo Marijuán y Ramiro González, los nueve fiscales actuales de primera instancia de Comodoro Py.

Los fiscales señalaron que hoy no están los recursos tecnológicos, humanos y de infraestructura que se necesitan para el nuevo modelo: “De lo contrario, existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen”.

El planteo va en el mismo sentido que le hicieron llegar a Casal hace dos semanas los fiscales de Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, Mario Villar y Javier de Luca, y ayer la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN). Quienes también harán una presentación son los fiscales ante los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py, adelantaron a Infobae fuentes judiciales. Se espera para las próximas horas. Así, todos los fiscales del fuero habrán hecho planteo sobre el sistema acusatorio.

El ministro Cúneo Libarona dispuso que el 11 de agosto entre en vigencia en el fuero federal de la ciudad -Comodoro Py-, en el Penal Económico y en la jurisdicción de Corrientes el sistema acusatorio. El modelo establece que los fiscales serán los encargados de llevar adelante las investigaciones penales y que se aplicarán plazos más cortos para las investigaciones y audiencias orales para resolver los planteos. El objetivo es que haya una justicia más ágil.

El sistema se aplica desde 2019 en Salta y Jujuy y el gobierno de Javier Milei lo llevó desde el año pasado a otras regiones del país. Ya se aplica en Santa Fe, en Cuyo, en el sur del país y en la jurisdicción de Mar del Plata. Ahora desembarca en los tribunales más políticos de todos donde se investigan las acusas de corrupción que involucran a funcionarios públicos y a empresarios. Y donde sus actores -jueces y fiscales- tienen otro peso.

En la nota que le enviaron a Casal, y a la que accedió Infobae, los fiscales señalaron el “pleno respaldo al nuevo sistema acusatorio” porque entienden que es un modelo que respeta la Constitución Nacional en cuanto al rol de los fiscales.

Sin embargo hicieron varias advertencias. “La implementación de un sistema procesal sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente, en lugar de asentarse sobre un diagnóstico adecuado, la coordinación entre los actores del sistema y una apropiada planificación, resulta un riesgo cierto para su correcta puesta en funcionamiento”, dijeron sin nombrar a Cúneo Libarona pero en referencia al ministro que es el que encabeza la puesta en marcha del sistema.

Cúneo Libarona se ha reunido en los últimos tiempo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los jueces y fiscales de todas las instancias de Comodoro Py y con el propio Casal. En esas reuniones, el gobierno dijo que iba a colaborar en recursos para el nuevo modelo pero no para todo lo que se necesita, sino para los más urgente. Y ratificó que el 11 de agosto el nuevo modelo comienza. La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismos que encabeza Horacio Rosatti, también trabajan para aportar recursos.

Uno de los puntos centrales de la crítica de los fiscales es que en Comodoro Py tramitan causas complejas a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del país: “esta jurisdicción tiene competencia sobre la actuación de las principales autoridades nacionales por ser la sede central de los organismos públicos federales y la principal plaza económico-financiera de la República, lo que trae aparejado que se concentren aquí investigaciones de alta complejidad vinculadas con graves hechos de corrupción, delitos económicos, lavado de activos, criminalidad organizada, narcotráfico, trata de personas y otros fenómenos de particular gravedad y relevancia institucional”.

Por eso señalaron que la aplicación del sistema acusatorio “requiere de una adecuada planificación y la provisión de recursos humanos, herramientas tecnológicas, e infraestructura acorde a los fines del sistema. Solo así podrá garantizarse el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y el pleno cumplimiento de sus funciones en esta etapa clave de transformación del sistema judicial”.

Los fiscales explicaron que el nuevo modelo establece “plazos perentorios y estrictamente regulados, lo que constituye un avance significativo en términos de celeridad y eficiencia”. “Sin embargo, para que tales objetivos puedan cumplirse en la práctica -especialmente en causas de alta relevancia institucional-, resulta imprescindible contar con los recursos necesarios”, fue otra de las advertencias.

“De lo contrario, existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen y se vea comprometido el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, la criminalidad económica, el narcotráfico, la trata de personas y demás fenómenos delictivos complejos”, agregaron.

Los fiscales pusieron ejemplos sobre la falta de recursos. Señalaron que hoy para peritar un celular se tarda entre tres y seis meses o hasta 18 meses para hacer una búsqueda específica de voces o de palabras claves en un dispositivo. También que hay organismos especiales de peritos con los que trabajan a diario que tienen poco personal. Por ejemplo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones tiene solo 11 peritos contadores.

También hicieron referencia a la falta de espacio físico en el edificio de Comodoro Py y que la proporción de personal con los juzgados es de 1 a 5.

“La magnitud del desafío exige un refuerzo sustancial y estructural de los recursos humanos disponibles”, pidieron los fiscales: “En este sentido, advertimos con preocupación que, si no se adoptan medidas concretas y urgentes para revertir estas limitaciones, se comprometerá no solo la eficacia del nuevo sistema, sino también el adecuado ejercicio de las funciones asignadas a quienes tenemos la obligación de promover la actuación de la justicia”.