Investigarán a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner por la compra de vacunas durante la pandemia

La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó seguir investigando por qué el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner demoró la compra de la vacuna Pfizer durante la pandemia del coronavirus. Lo hizo al revocar un fallo del juez federal Ariel Lijo que a fin de año había desestimado las denuncias.

"Aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios“, señalaron los jueces de la Sala I de la Cámara, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens en su resolución a la que accedió Infobae.

Se trata de dos denuncias presentadas en 2021. Una de un grupo de diputados nacionales de la oposición para que se investigue por qué el gobierno no había comprado la vacuna. Y una segunda que fue iniciada por los familiares de cuatro personas que fallecieron por COVID-19.

La demora de la Argentina para comprar vacunas contra el COVID-19 provocó un gran debate público durante la pandemia. El contraste con otros países de la región que accedieron antes a las dosis de Pfizer provocó un fuerte debate interno y el gobierno de Alberto Fernández no pudo explicar por qué priorizó el plan de inmunización ruso con Sputnik y detrimento de otros laboratorios reconocidos internacionalmente. Hubo sospechas de pedidos de coimas y una gran discusión política hasta que en septiembre de 2021 llegaron 20 millones de dosis de la farmacéutica norteamericana. No es menor: según datos oficiales, más del 90% de los argentinos que murieron por COVID no estaban vacunados o no tenían las dosis de refuerzo recomendadas por los especialistas.

En la Argentina, los primeros casos de COVID-19 empezaron a reportarse en marzo de 2020. Desde entonces fallecieron más de 130 mil personas en total. Los cuadros graves y las muertes empezaron a bajar a medida que avanzó el plan de vacunación, de allí la importancia de determinar qué sucedió durante las negociaciones con la compañía Pfizer.

En diciembre del año pasado, el juez federal Lijo archivó las denuncias al concluir que no había elementos de prueba para avanzar en una imputación. "Si bien no había un ‘debido tiempo’ para contar con determinada cantidad de dosis de las vacunas -lo que a su vez conforma una ausencia de plataforma fáctica temporal ante un eventual reproche penal-, lo cierto es que se evidencia y hasta es reconocido por la propia empresa Pfizer, el esfuerzo, interés y voluntad política que desde el Gobierno Nacional emanaba desde un inicio para la adquisición en tiempo y forma de las vacunas que por entonces comenzaban a desarrollar", sostuvo Lijo en su resolución.

“Tampoco constituye maniobra ilícita alguna negociar y gestionar con otros laboratorios a la par que determinadas negociaciones –como por ejemplo con Pfizer- no resultaban fructíferas en los primeros meses de negociación. La decisión de celebrar contratos para la compra venta de vacunas con distintos laboratorios es, en sí misma, una decisión política que fue tomada por el gobierno en el marco de sus facultades, obligaciones y funciones”, agregó el magistrado en otro tramo de su fallo.

La resolución fue apelada por el fiscal federal Carlos Stornelli porque señaló que faltaban varias de las medidas de prueba que había propuesto. “Es notoria la diferencia verificada en cuanto a los tiempos de tramitación de los distintos procedimientos de compra de vacunas, comparativamente hablando, en el que el concerniente a Pfizer evidencia un innegable aletargamiento, al amparo de la opacidad y falta de oportuno registro en el sistema informático respectivo”, planteó Stornelli.

Para el fiscal “no puede soslayarse, y entiendo que sobre ello no hay de momento controversia probatoria, que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, derivó perjudicialmente para nuestro país y en un contexto de emergencia sanitaria, en una progresiva disminución de las dosis comprometidas inicialmente, a la par de que ingresaban las de los otros laboratorios raudamente contratados”.

La Cámara Federal le dio la razón a la Fiscalía. “Las distintas aristas reveladas por el apelante no pueden ser desestimadas sin la realización de las correspondientes medidas probatorias que diluciden esos interrogantes. Desde esa mirada, los elementos de convicción hasta aquí colectados resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativo que permita solventar la decisión adoptada”, señalaron los camaristas.

Así los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens sostuvieron que “aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios”.

Para el tribunal el punto central es que “la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación”. “Esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”, concluyeron.