Como otro de los efectos producidos tras el fallo “Levinas”, firmado por la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado, el consejero de la Magistratura porteña Marcelo Meis solicitó al Congreso de la Nación que se derogue la ley 24.588, conocida como la “Ley Cafiero”, que limitó los alcances de la plena autonomía que la Constitución Nacional -reformada en 1994- le había dado a la Ciudad de Buenos Aires.
El pedido del representante del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura porteño se formalizó este martes por medio de una nota enviada a distintos senadores y diputados para incitarlos a que promuevan un proyecto para dejar sin efecto la ley Cafiero, promovida en 1995 por el histórico peronista bonaerense Antonio Cafiero.
Entre otras disposiciones, esa normativa, surgida por imposición constitucional, con la idea de garantizar “los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires”, estableció en su artículo 8 que la justicia nacional ordinaria de esa ciudad “mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación”.
Además, dicha cláusula precisó: “La ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaría locales”.
La ley provocó voces discrepantes desde su sanción en noviembre de 1995. Y es que lo consideraron limitante o restrictivo de la total autonomía que adquirió la Ciudad tras la reforma constitucional de 1994, donde se acordó para aquella “un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”, según los términos del artículo 129 de la Carta Magna.
Esa discusión de carácter jurídico-constitucional se avivó recientemente con el caso “Levinas”, donde la Corte Suprema -en un fallo dividido, y aun con la presencia del ministro Juan Carlos Maqueda- habilitó la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño en los casos que resulten apelados, a partir de decisiones de los jueces civiles, laborales, comerciales y penales de la justicia nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la máxima instancia federal avaló un avance en la autonomía judicial de la ciudad respecto a cuestiones donde antes no intervenía.
En ese contexto, el consejero Meis firmó una nota destinada a 29 legisladores nacionales donde, para fundamentar su pedido, expuso: “La ley Cafiero ha sido desde su inicio un límite a la autonomía de la Ciudad. Los antecedentes de su tratamiento en esa Cámara -de Senadores- durante el año 1995, lo demuestran. En su carácter de originaria, la misma se impuso sobre la sanción en la Cámara de Diputados que intentó morigerar sus efectos”.
Luego señaló: “La ley debió ser derogada el mismo día en el que se sancionó la Constitución de la Ciudad, el 1° de octubre de 1996. La norma establece la plena autonomía, institucional, financiera y legislativa y colisiona con la mayoría de los artículos de la ley Cafiero“.
A su vez, el representante de los abogados en el organismo porteño, encargado de seleccionar y remover jueces, mencionó distintos acuerdos entre el Estado nacional y la Ciudad que en su momento configuraron el traspaso de distintas funciones y servicios públicos. También citó jurisprudencia donde la Corte Suprema remarcó que la ciudad porteña, desde la modificación constitucional en 1994, “tiene el mismo lugar que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte“.
“La competencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia -aseveró el firmante- establecida por el Fallo Levinas, y el carácter transitorio de los tribunales ordinarios de la Ciudad, han quitado de eficacia al artículo 8 de la ley Cafiero”.
Para finalizar su planteo, dirigido de manera individual a cada uno de los casi 30 legisladores, el consejero porteño dijo: “Apelo a usted por la representación que ejerce de la Ciudad y de su autonomía, para impulsar la derogación definitiva de la ley 24588. La justicia ya se ha pronunciado. Ahora hace falta que el Congreso repare la injusticia de treinta años, poniéndose al frente de la reivindicación de los derechos de los habitantes de esta Ciudad”.
Los diputados a quienes les envió la nota son Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, María Fernanda Araujo, Vanina Biasi, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Nicolás Emma, Daiana Fernández Molero, Maximiliano Ferraro, Alida Ferreyra, Silvana Giudici, Álvaro González, Itai Hagman, Carlos Heller, Fernando Iglesias, Ricardo López Murphy, Gisela Marziotta, Paula Oliveto Lago, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Leandro Santoro, Martín Tetaz, Eduardo Valdés, María Eugenia Vidal y Oscar Zago.
Por su parte, los senadores que recibieron la solicitud son Martín Lousteau, Mariano Recalde y Guadalupe Tagliaferri.
Últimas Noticias
Tras los destrozos en el Congreso, vuelve a cobrar fuerza un fallo de Casación que fijó los límites de la protesta
El pronunciamiento, que fue dictado en la causa por los disturbios frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases en 2024, estableció que la protección constitucional a la manifestación “no tolera ni legitima actos de violencia, daños o intimidación pública”
Su hijo se rompió una rodilla en una clase de gimnasia: hicieron juicio, lo ganaron, pero la indemnización no llega al millón de pesos
Una familia demandó al Estado después de que un alumno de 11 años sufriera una rotura de meniscos mientras jugaba al fútbol durante una clase de educación física en una escuela pública. El tribunal reconoció la responsabilidad por el accidente, pero fijó una indemnización muy inferior a la que habían reclamado
Tropezó al cruzar la calle y todo quedó registrado por una cámara de seguridad: ganó el juicio por una tapa de sumidero mal colocada
Una vecina de Mar del Plata denunció que cayó al pisar una tapa de cemento floja y sin señalización para los peatones. La cámara de seguridad captó el momento exacto del accidente y terminó siendo una prueba clave en el expediente. La Justicia civil responsabilizó a la empresa estatal de agua y ordenó pagar una indemnización por daño moral y gastos terapéuticos
Fue a un centro de estética a levantarse los glúteos y terminó con una lesión en el nervio ciático: casi $62 millones de indemnización
La Cámara Civil confirmó la responsabilidad médica al vincular de manera directa la parálisis del nervio ciático con las inyecciones de Endopee. La mujer debió someterse a una cirugía de alta complejidad y terminó jubilándose por invalidez
Los abogados votarán el 20 de octubre para renovar sus representantes en el Consejo de la Magistratura
Cerca de 184 mil matriculados federales están habilitados para participar de los comicios. Cuatro listas competirán por las bancas del estamento para el período 2026-2030. Sus principales candidatos hablaron con Infobae sobre sus expectativas y qué consideran que está en juego
