El exdirector de la empresa estatal de soluciones satelitales ARSAT, Facundo Leal, comparecerá este lunes 13 de julio ante la Justicia federal de San Isidro. El exfuncionario afrontará una declaración indagatoria en el marco de la investigación que busca esclarecer un presunto esquema de sobornos, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función del Estado.
La citación fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli, quien hizo lugar a la solicitud del fiscal Fernando Domínguez. Para este lunes también está citado Gerardo Boschin, quien se desempeñó como subgerente de compras de ARSAT y en mayo de 2025 fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que renunció meses más tarde.
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El origen de la causa
El caso comenzó a investigarse a raíz de un robo detectado el 4 de enero de 2024 en un predio de la localidad bonaerense de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a la firma pública. A partir de ese hecho, los investigadores descubrieron una serie de irregularidades en las contrataciones de los servicios de almacenamiento y logística.
La pesquisa judicial se centró en el vínculo comercial entre ARSAT y la compañía privada Argentina Logistic Services (ALS). Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, existió un acuerdo ilegal entre directivos estatales y empresarios para direccionar la adjudicación de los contratos de custodia y traslado de bienes estratégicos.
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La fiscalía detectó que la aprobación de estos convenios se realizó sin la intervención del Directorio de ARSAT y careció de dictámenes técnicos que respaldaran la elección de la contratista. Además, se constató que la firma beneficiada no contaba con las medidas de seguridad mínimas para resguardar los equipos, lo que facilitó la sustracción y el deterioro de materiales valuados en 151.000 dólares. Estos elementos, denominados shelters, consisten en contenedores tecnológicos destinados a la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica.
Por estas prestaciones bajo sospecha, se emitieron al menos 14 órdenes de compra por un monto total que superó los 1,9 millones de dólares y los 40 millones de pesos. Los investigadores analizaron las comunicaciones telefónicas de los imputados y hallaron conversaciones que dieron cuenta de una planificación coordinada para beneficiar a la empresa privada, anulando la competencia real con otras compañías del sector.
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Junto a Leal, la Justicia citó a declarar a otros exmiembros de la cúpula de ARSAT: Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez. Este grupo de exfuncionarios, oriundos de la provincia de Mendoza, es conocido en los pasillos del poder como la “banda de los mendocinos”. Todos están citados a indagatoria durante esta semana.
Como parte del proceso, el juez Mirabelli dictó diversas medidas cautelares. Entre ellas, ordenó la prohibición de salida del país para todos los involucrados, dispuso el embargo preventivo de sus bienes y decretó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil con el fin de reconstruir la trazabilidad de sus patrimonios.
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Leal llegará a la indagatoria de mañana bajo condiciones de detención efectiva en una unidad penitenciaria. El exdirectivo fue arrestado luego de un allanamiento en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde la Policía Federal Argentina incautó estupefacientes, entre ellos ketamina, cocaína y pastillas de MDMA.
Por este hallazgo, el juez Mirabelli lo procesó con prisión preventiva bajo el cargo de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego la causa pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, y ahora tramita en el Juzgado Federal N° 6 que subroga Daniel Rafecas.
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Durante los procedimientos en las propiedades de Leal, ubicadas en Buenos Aires y Mendoza, las fuerzas de seguridad secuestraron también un total de 2,4 millones de dólares en efectivo. La Justicia busca determinar si ese dinero proviene del cobro de dádivas.
Asimismo, se incautaron 19 dispositivos de inteligencia y espionaje, tales como micrófonos ocultos en anteojos y lapiceras. No obstante, un peritaje tecnológico realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) concluyó que estos equipos no fueron utilizados para realizar tareas ilegales.
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