En el marco de una audiencia de control judicial, la Cámara Federal de Salta admitió este miércoles llevar a juicio oral a un joven acusado de transportar un cargamento de 30 kilos de marihuana con un auto con el que se dio a la fuga de un retén de seguridad en las cercanías de Orán. Fue detenido meses después, y ahora enfrentará cargos por más de seis años de prisión, según la acusación fiscal. Además, la magistrada mantuvo la detención preventiva del imputado hasta que se desarrolle el debate.
Se trata de J. Fernández, de 30 años de edad, quien deberá responder por estar encausado en calidad de autor por la presunta comisión del delito de transporte de estupefacientes, establecido en el artículo 5, inciso c, de la ley de drogas N° 23.737. Para el Ministerio Público Fiscal, en el expediente hay elementos de prueba suficientes para atribuirle al joven el hecho, ocurrido el 30 de abril pasado y advertido en una requisa de la Gendarmería Nacional.
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En rigor, la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal salteña, firmada por la jueza de revisión Mariana Inés Catalano, en su reseña inicial señaló: “Que la titular de la acción penal le atribuyó el hecho ocurrido el 30/4/24 aproximadamente a las 16:30 hs., cuando personal de la Gendarmería Nacional que realizaba un control público de prevención sobre la ruta nacional N° 50 (cerca del acceso a la ruta provincial N° 38), indicó mediante señales a un vehículo Fiat Cronos (...) que detuviera su marcha, girando su conductor bruscamente en ‘U’ y huyendo en sentido contrario; tras el seguimiento, el automóvil estacionó a unos 500 metros del lugar y descendieron dos hombres que se dieron a la fuga por la zona montuosa, sin poder ser interceptados”.

Luego precisó: “Al requisarse el vehículo, se encontró en su interior un celular marca Samsung, una cédula de identificación del automotor figurando como titular registral -H.M.N.-; dos infracciones de tránsito a nombre de -J. Fernández- y una constancia de trámite de documentación de identidad correspondiente a este último. Además, se hallaron en el baúl del automóvil dos bultos con 15 paquetes cada uno, que al ser aperturados ante testigos, exhibieron un contenido de 30 kilos y 139 gramos de marihuana, con una concentración del 0,568 % y con capacidad para extracción de 48.911,29 dosis umbrales“.
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La fiscal federal interina de Orán llevó adelante una serie de diligencias mediante las que se logró determinar que J. Fernández era, en efecto, el conductor del auto que trasladaba la droga. Y es que, cuatro días antes del operativo de Gendarmería, las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo 911 lo registraron a bordo del Fiat, desplazándose desde su domicilio hacia el Registro Civil de la ciudad de Orán, donde realizó una gestión para tramitar un nuevo DNI, según se constató por la documentación encontrada en el interior de ese vehículo.
El juez de Garantías ordenó la detención del imputado el 28 de mayo del año pasado, que se concretó casi tres meses después, el 22 de agosto. En ese marco, llegado el momento, la representante del Ministerio Público Fiscal estimó una condena -a evaluar con las pruebas en juicio oral- de seis años y meses de prisión efectiva, más una multa e inhabilitación absoluta por el término de la pena. La defensa del joven, en tanto, solicitó el sobreseimiento de su cliente con base en la inexistencia de fundamentos para atribuirle el ilícito en discusión.
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Por otra parte, la jueza de cámara Catalano subrayó en el fallo al que accedió Infobae que, en el marco de una audiencia de control desarrollada el pasado martes, “la fiscal solicitó la prórroga de la medida de coerción que pesa sobre el imputado, en la misma modalidad que se viene cumpliendo (prisión preventiva) por el plazo de 30 días o hasta que se realice el debate (lo que ocurra primero); a los fines de asegurar el proceso”.
Además, detalló: “La defensa particular de Fernández se opuso, solicitando su arresto domiciliario, para lo cual destacó que el imputado es padre de cinco hijos menores de edad, que dos de ellos son mellizos y tienen retraso madurativo acreditado con certificado de discapacidad, y que si bien viven con su madre, es necesaria la presencia de su asistido a fin de colaborar con el cuidado de los menores; lo que fue resistido por la fiscal quien destacó que las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera y la imposibilidad de condenación condicional constituyen un factor para ponderar el peligro de fuga y que conforme surge del informe socioambiental los menores no se encuentran en una situación de vulnerabilidad sino a cargo de dos adultos responsables (sus abuelos)“.
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La jueza, al resolver, consideró que “el plazo” de la prisión preventiva requerida por la fiscalía “luce razonable”, por lo que resolvió extenderla a lo largo de un mes “o hasta la audiencia de debate (lo que ocurra primero)”. Asimismo, autorizó la destrucción de la marihuana incautada y remitió el expediente al área de los tribunales orales de Salta para sortear el “juez que deberá intervenir, en forma unipersonal, en el juicio oral y público”.
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