Corrientes: confirmaron la condena contra un intendente por derrumbar la casa de un vecino sin autorización

Tras rechazar un planteo de la defensa, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) confirmó la pena de un año y medio de prisión contra un intendente por los delitos de usurpación y abuso de autoridad. El imputado Juan Ramón Castellanos, jefe comunal de la localidad correntina de Perugorría, fue hallado culpable por ordenar el derribo de la vivienda un vecino con el uso de una topadora en el barrio La Tablita.

El fallo en cuestión dejó firme la sentencia del Tribunal de Juicio de Mercedes dictada en abril pasado, donde además de la prisión, se le impuso al acusado tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por la demolición ocurrida el 9 de diciembre de 2021.

De acuerdo a las actuaciones, Castellanos alegó que su conducta no configuraba un delito, ya que antes de erradicar la casa había llegado a un acuerdo con el dueño del inmueble para despejar el terreno y construir nuevas viviendas. Sin embargo, la víctima negó haber acordado esa maniobra y detalló, a su vez, que se enteró del episodio mientras trabajaba en el campo.

El 12 de abril de este año, el juez de Juicio Unipersonal de la Tercera Circunscripción Judicial, Ramón Ríos, constató que el denunciante era el titular del inmueble y que, en rigor, el funcionario no contaba con autorización judicial para proceder. De hecho, el magistrado aseveró que Castellanos aprovechó la ausencia del propietario para llevar a cabo el derrumbe, configurando un “despojo violento” realizado en “clandestinidad”. También señaló que el dirigente de Perugorría, ubicada al sur de Corrientes, en la quinta sección del departamento Curuzu Cuatía, a la vera de la ruta provincial 24 y a 228 kilómetros de la capital provincial, utilizó “maquinaria y personal municipal” durante su accionar ilícito.

Antes de ingresar a la política, Castellanos trabajó en el sector rural durante gran parte de su vida. En 2005 fue nombrado secretario de Gobierno y en 2017 asumió como intendente, donde luego fue reelegido en 2021. Como uno de los principales referentes del espacio Encuentro Liberal, es parte de la alianza oficialista provincial que conforma Encuentro por Corrientes.

Tras la resolución condenatoria, la defensa del imputado pidió su nulidad por supuestas violaciones al debido proceso y una valoración errónea de las pruebas recogidas en el juicio. Según su planteo, Castellanos había actuado a plena luz del día, con certificación policial y aviso previo a la familia de la víctima. Eso, afirmaron los abogados defensores, descartaba la posibilidad de una presunta “clandestinidad” en la desocupación de la vivienda.

Antes de que el Máximo Tribunal correntino se expidiera, el fiscal general César Pedro Sotelo dictaminó que el recurso de casación interpuesto carecía de sustento y respaldó la validez del fallo. En esa línea, el representante del Ministerio Público consideró que “todas las pruebas rendidas en el debate fueron consideradas por el Tribunal a fin de sopesar la base fáctica en que se sustentó la acusación pública”, informó este miércoles el portal del Poder Judicial de Corrientes.

Llegado el expediente hasta el STJ, el ministro Alejandro Alberto Chain aseveró que los hechos cometidos por el intendente violaron “los principios que regulan el ejercicio de la función pública” y “la ley penal”. Además, al analizar la configuración del delito de usurpación, aclaró: “una cosa es -un inmueble- deshabitado y otra es abandonado, es decir, con ánimo de no recuperar”.

Para el juez Chain, el acusado “utilizó su cargo de intendente para actuar ilegalmente” y de forma clandestina, en tanto aprovechó la ausencia del propietario para demoler. Además, evaluó que el accionar se desplegó “sin contar con autorización judicial ni respetar los procedimientos legales” y que “el abuso de autoridad no es una extralimitación funcional en el sentido extensivo, sino que es un mal uso de la autoridad dentro de la propia función”.

“El imputado actuó voluntariamente y sin justificación, causando el resultado típico y antijurídico del delito”, precisó Chain antes de proponer el rechazo definitivo del planteo recursivo. Ese voto fue acompañado por los jueces Eduardo Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz.

La confirmación de la condena se suma a un historial reciente de irregularidades en la gestión pública de Perugorría. Los dos intendentes anteriores, Jorge Luis Corona y Angelina Soledad Lesieux, fueron condenados en 2020 por corrupción. Ambos recibieron penas de cárcel por apropiarse de más de $56 millones destinados a obras públicas. Lesieux fue sentenciada a ocho años y tres meses de prisión, mientras que Corona recibió cinco años de prisión. Ambos fueron inhabilitados de manera perpetua para ocupar cargos públicos.