Sueños Compartidos: la defensa de Sergio Schoklender pidió su absolución y negó que hubiera una estafa

Los abogados del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, solicitaron este miércoles su absolución en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, que investiga una presunta defraudación en la construcción de viviendas sociales financiadas por el Estado.

Como parte de su exposición, aclararon que no piden la absolución por el paso del tiempo, sino porque consideran que no hubo delito: “Schoklender está pidiendo que se lo absuelva porque no hubo desvío de fondos, porque no se violó ninguna norma al momento de contratar y porque las obras que se comprometieron están hechas”.

Al referirse a la acusación sobre la materialidad de los hechos, los defensores oficiales Alan Swanston y Hernán Enrique Figueroa remarcaron que Sergio Schoklender admitió desde el inicio que fue el ideólogo del proyecto.

En esa línea, puntualizaron que su propuesta era distinta porque, según él mismo describió, “su objetivo no era construir viviendas, sino construir ciudadanía”.

Enfatizaron que el responsable de la Fundación Madres de Plaza de Mayo estaba orgulloso de su proyecto “porque buscaba transformar los lugares, en lugar de sacar a la gente de un lugar para llevarla a otro”.

Asimismo, detallaron que, para construir las viviendas, había que enseñarles a trabajar a los pobladores para que hicieran sus propias casas. Indicaron que las viviendas “eran una herramienta de transformación humana”.

Los abogados recordaron los testimonios que mencionaron las tareas de contención de las Madres de Plaza de Mayo en las villas de emergencia, con jardines maternales, la integración de mujeres, asistencia de salud y la inclusión laboral y educativa.

Durante la exposición, proyectaron imágenes que, según señalaron, correspondían a hospitales y centros de atención primaria ubicados en distintos parajes remotos del país donde había intervenido la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Por otro lado, uno de los abogados aseguró que no pudo haber estafa porque entendió que el dinero para las obras pasaba por las provincias, cuyas unidades de ejecución se ocupaban de llevar adelante los proyectos. En ese aspecto destacó que no puede hablarse de defraudación si no se toma en cuenta la “pata local”.

Finalmente, Swanston y Figueroa cuestionaron, por supuestas inconsistencias, el informe del perito ingeniero civil de la Corte Suprema, Francisco Guzmán, quien había dicho que las viviendas sociales construidas a través de convenios con la Fundación Madres de Plaza de Mayo “no estaban en condiciones de ser entregadas”.

La acusación

El fiscal Diego Velazco acusa a los imputados de un presunto fraude por el desvío de 206 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales convenidas en distintas jurisdicciones, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Bariloche, Chaco y Santiago del Estero.

Tanto la fiscalía como la querella solicitaron seis años de prisión e inhabilitación especial para el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender; su hermano, Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el subsecretario Abel Fatala.

Solicitaron seis años de prisión e inhabilitación especial para el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.

En cuanto a Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, solicitaron cuatro años de cárcel.

Tras el alegato de los abogados de Sergio Schoklender, la semana próxima continuarán las exposiciones de las defensas de Pablo Schoklender, Carlos Castellano, José López y Julio De Vido.