En el marco de una jornada que congregó a juristas y especializados en materia de juicio por jurados, la Cámara Federal de Casación llevó adelante este jueves un evento titulado “La experiencia de la justicia provincial y los desafíos de la implementación en la justicia federal”, con el propósito de generar un debate respecto a los desafíos y virtudes de ese modelo de enjuiciamiento.
El encuentro se desarrolló en los tribunales federales de Comodoro Py al 2002, y contó con la participación de más de 300 personas tanto de manera presencial como por medios virtuales.
La apertura de la actividad estuvo en manos del presidente de la Casación, Mariano Borinsky, quien destacó la relevancia de esta clase de debates para la formación y capacitación en asuntos de actualidad jurídica. Además, señaló la importancia de la participación ciudadana en los juicios por jurados, en tanto “le da un sentido más democrático a nuestro Estado de derecho”.
Según expresó el camarista, este sistema de enjuiciamiento “confía en la sociedad como guardiana de los propios derechos” y evita “el autoritarismo”. También consideró que promueve un modelo de “ciudadanos libres sin compromisos con otros poderes del Estado” y favorece un “control transparente de la ciudadanía” en los actos de gobierno.
El panel de disertantes incluyó a expertos en el área: Andrés Harfuch, director del Programa de Juicio por Jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Aldana Romano Bordagaray, co-directora del Programa de Organización y Gestión Judicial del INECIP; Mariela Belfer, defensora oficial en la justicia provincial de Buenos Aires; Matías Deane, juez de la justicia bonaerense; Marcela Dimundo, fiscal de la justicia provincial de Buenos Aires; Mateo Bermejo, juez de la justicia provincial de Mendoza; y Ximena Morales, defensora oficial en la justicia mendocina.
La coordinación general estuvo a cargo de la secretaria de cámara del máximo tribunal penal del país, Andrea Fernández, junto a la prosecretaria Vanina Almeida. Toda la jornada, en tanto, estuvo orientada a dialogar sobre las experiencias en la implementación del juicio por jurados en diferentes provincias y los desafíos para su adopción a nivel federal.
Hace un mes y medio, el 23 de octubre pasado, las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y Justicia de la Cámara de Diputados votó un dictamen de mayoría para tratar en el recinto del Congreso un proyecto de ley para poner en práctica el juicio por jurados en delitos federales con penas en abstracto mayores a cinco años de prisión.
De acuerdo a ese proyecto, el jurado, estaría integrado en partes igual por mujeres y hombres y contaría con doce miembros titulares y como mínimo por dos suplentes. Sería dirigido por un juez y su función recaería en la deliberación sobre la prueba y la determinación sobre la culpabilidad o no del imputado respecto al hecho o los hechos y al delito en cuestión.
Según el artículo 7° del proyecto de ley impulsado por el oficialismo, para ser jurado será necesario: “a) Ser argentino, con cinco años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados; b) Tener entre 18 y 70 años de edad; c) Saber leer, escribir, hablar y comprender el idioma nacional; d) Contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos; e) Tener domicilio conocido; f) Tener una residencia inmediata no inferior a dos años en la circunscripción judicial -del hecho enjuiciado-”.
De acuerdo a datos de la Asociación de Juicios por Jurados, ese modelo se implementó hasta ahora en 12 provincias del país: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chaco -donde también se utiliza para casos civiles y comerciales-, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Neuquén. También hay municipios que utilizan el sistema para casos de faltas y contravenciones graves como Rosario, Mendoza y San Patricio del Chañar, en Neuquén.
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