Procesaron por coimas a un funcionario de Aduana y al presunto jefe de una banda dedicada al contrabando en Mar del Plata

El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti ordenó ampliar los procesamientos del presunto líder de una organización dedicada al contrabando de tecnología y juegos de azar ilegales, junto al de un funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA) de esa ciudad balnearia. Ambos están ahora imputados por cohecho, luego de que se descubriera un ticket de depósito bancario por 594.000 pesos que, según la acusación, evidencia el pago de una coima para facilitar las operaciones ilícitas de la red, cuyos miembros fueron señalados como “los mayores contrabandistas de Mar del Plata”.

La organización, desarticulada en mayo, estaba implicada en la importación ilegal de teléfonos y otros artículos de alta gama, actividades clandestinas de juegos online y lavado de dinero. La fiscal Laura Mazzaferri, de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, había solicitado la extensión de las imputaciones, que el juez decidió convalidar tras analizar la prueba clave del ticket, encontrado en un allanamiento realizado en una oficina vinculada al comerciante de 53 años, supuesto jefe de la organización importadora, quien había estado prófugo -con orden de captura internacional- y luego se entregó en julio pasado.

El titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata imputó al importador como autor de cohecho activo, en concurso real con los delitos de asociación ilícita, administración y explotación de juegos de azar sin autorización y lavado de activos. A su vez, el funcionario de Aduana, de 49 años y actualmente bajo prisión domiciliaria, fue imputado por el delito de cohecho pasivo, además de la acusación inicial de asociación ilícita.

Según la investigación, de la cual informó el Ministerio Público Fiscal este martes en su portal, el pago de la presunta coima se concretó el 3 de diciembre de 2021, a través de un empleado del comerciante en una sucursal de BBVA Francés. El monto, equivalente a unos 5.870 dólares con el tipo de cambio de ese momento, superaba ampliamente el salario del funcionario aduanero, que rondaba entonces los 375.596 pesos. Para el juez del caso, la operatoria se consolidó “con el fin de poder llevar a cabo las maniobras investigadas”.

Si bien la defensa del comerciante alegó que el depósito en cuestión formaba parte de un reembolso al controlador de la Aduana por tres teléfonos pedidos que no le había llegado a conseguir, el juez consideró que esa versión resultaba “inverosímil”. Y es que para el magistrado, la entrega de dinero cuestionada respondía “sin dudas” a la participación del funcionario aduanero “ya sea para intervenir en sus operaciones, no efectuar los controles físicos de la mercadería que debía realizar en función de su cargo, o simplemente agilizar los despachos de importación de los imputados con tiempos más acotados en muchas de esas importaciones (...). No existe otra explicación posible”.

Además, el juez destacó que entre 2020 y 2022 el empleado de Aduana intervino en al menos 17 operaciones de importación vinculadas al presunto jefe contrabandista, donde se verificó que había agilizado todos los despachos en segundos o “escasos minutos”. También recordó que el funcionario viajó dos veces a Miami con otros miembros de la asociación ilícita, donde la red contaba con una sede para coordinar exportaciones.

A la luz de estos elementos, el magistrado Inchausti ratificó la prisión preventiva para los dos imputados, aplicando la opción domiciliaria para el funcionario público, que había recibido esa morigeración por orden de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. En su fallo, el magistrado de primera instancia justificó esa medida restrictiva de la libertad en los posibles riesgos de fuga y obstrucción procesal, ya que el comerciante había permanecido prófugo durante dos meses y la red criminal “tuvo información previa y pudo deshacerse de evidencias antes de algunos allanamientos”.

Por otra parte, el magistrado también mantuvo los embargos ya establecidos sobre los bienes y activos de los acusados: 10 mil millones de pesos para el comerciante y 300 millones para el funcionario de Aduana.

La instrucción comenzó en septiembre de 2022, cuando una denuncia anónima ante la Policía Federal, vía correo electrónico, aportó nombres y domicilios de supuestos involucrados en una red de contrabando de iPhones y otros dispositivos electrónicos, mencionando además el posible vínculo de funcionarios de la DGA. Según consta en el expediente, el denunciante describió a los involucrados como “los mayores contrabandistas de Mar del Plata” y afirmó que operaban con marcas como Apple, Xiaomi, Samsung y Motorola, junto con casinos en línea y empresas ficticias para transferir divisas a precio oficial hacia Estados Unidos.

De acuerdo al MPF, además de contrabando y venta de celulares de alta gama en violación al Código Aduanero, la investigación, liderada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluyó escuchas telefónicas y análisis de los bienes de los acusados. La evidencia permitió a la fiscalía federal solicitar una ampliación de las actuaciones para investigar la configuración de otros delitos como el lavado de activos y la promoción de juegos de azar sin autorización oficial.

En una resolución anterior, el juez Inchausti había ordenado el decomiso preventivo de una serie de fondos en criptomonedas por 28.589 USDT (criptodólares) pertenecientes al supuesto líder de la banda, presuntamente conformada por nueve miembros. Esa orden tuvo como norte “garantizar la eventual reparación patrimonial y recupero del dinero ilícito”.