En el marco de un acuerdo homologado por el juez federal de Venado Tuerto, Antonio Cuello Murua, tres jóvenes fueron condenados a dos años de prisión condicional por amenazar de muerte a dos familias a raíz de presuntas deudas por drogas, de las que las víctimas eran ajenas. La resolución, dictada en un procedimiento tramitado en menos de tres meses, también incluyó el delito de tenencia de estupefacientes.
De acuerdo a las actuaciones, los tres imputados, Gonzalo Catriel Giménez (30), Matías David Alba (30) y Kevin Tomás Alba (20), oriundos de la ciudad de Rosario, irrumpieron en dos viviendas de la ciudad de Venado Tuerto el 15 de agosto a la noche. Buscaban a un hombre llamado Álvaro B. y exigían a los gritos el pago de 20.000 dólares o “que aparezca la droga”. Durante el episodio, los agresores increparon a las víctimas -con menores incluidos- a través de amenazas de muerte, en tanto señalaron que si no saldaban la deuda o no entregaban a la persona en cuestión “los mataban a todos”, publicó este lunes el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF).
En medio de la irrupción, el propietario de la primera casa abordada por los imputados les explicó que el hombre por el cual preguntaban no vivía allí, pero que su hermana residía en la zona. Ante esta información, los tres atacantes se retiraron y se dirigieron a la casa de la mujer para luego forzarla. Dentro de su vivienda, comenzaron a gritar que Álvaro debía aparecer, pagar los 20.000 dólares o devolver la droga, ya que, de lo contrario, atarían a todos o matarían a uno.
Al no obtener lo que querían, los jóvenes se escaparon en un auto Chevrolet Prisma Joy, registrado a nombre de la madre de Giménez. Alrededor de una hora después, la policía los detuvo cuando circulaban por la ruta 33, cerca de Firmat, a 60 km de Venado Tuerto. Durante la requisa, Matías Alba fue hallado con 8,9 gramos de cocaína, mientras que en el vehículo se encontraron 33.400 pesos y dos teléfonos celulares. Todos los indicios demostraron la implicación de los tres jóvenes en el hecho, aunque no se pudo comprobar que portaran un arma de fuego, como indicaron las víctimas en sus testimonios.
La investigación del caso recayó en la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, bajo la supervisión del fiscal Javier Arzubi Calvo y el apoyo de la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi. A lo largo de la instrucción penal, se realizaron pruebas de geolocalización, análisis de llamadas y archivos de audio, y se constató la presencia de los acusados en ambos inmuebles.
El acuerdo judicial se alcanzó el 30 de octubre con la aceptación de los tres imputados de todos los hechos, su participación, la calificación legal y la pena correspondiente. El juez federal de Venado Tuerto validó el procedimiento al considerarlo “razonable” y “ajustado a derecho”, puesto que “la propuesta sintoniza con el espíritu de recomponer la paz social alterada por el ilícito, así como la armonía entre sus protagonistas y con el imperativo que tienen los fiscales de proveer a la gestión de los conflictos”.
El expediente tramitó según las normas del nuevo sistema acusatorio configurado por el Código Procesal Penal Federal, que cobró efecto en esa jurisdicción desde el pasado mes de mayo.
Como parte de la resolución, que contempló los delitos de “tenencia simple de estupefacientes y amenazas simples (dos hechos) cometidos en concurso real y en grado de coautores”, los tres acusados recibieron una prisión en suspenso de dos años, durante los cuales deberán cumplir con diversas reglas de conducta, como evitar cometer nuevos delitos y reparar económicamente a las víctimas.
En el caso del imputado Giménez, además, se le impuso una inhabilitación especial para conducir vehículos de transporte público durante un año, ya que estaba inscripto como chofer de taxis en la ciudad de Rosario.
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