“Aquí se perdió el respeto a la autoridad”: Fernández exige tipificar la minería ilegal como crimen organizado en Costa Rica

Tras ser evacuada de emergencia por una detonación a escasos 200 metros de su comitiva en Crucitas de Cutris, la presidenta de la República, Laura Fernández, ofreció una vehemente conferencia de prensa en el sitio. La mandataria lanzó un fuerte reclamo a la Asamblea Legislativa para que apruebe el proyecto de ley que busca regular la actividad minera, y denunció con dureza la obsolescencia de las leyes actuales, las cuales castigan la minería ilegal únicamente como un delito ambiental menor.

El recorrido oficial, en el que participaban alrededor de más de 10 diputados de diversas fracciones legislativas, ministros y cuerpos policiales, debió ser interrumpido drásticamente por motivos de seguridad. Mientras la comitiva regresaba de inspeccionar los daños, un fuerte estruendo sacudió la montaña, obligando a los equipos tácticos a intervenir de inmediato.

“Si se atrevieron a hacer una detonación en la montaña... francamente, yo creí que era como una bombeta de esas que revientan en los túneles. Sonó como un ¡pum!, como un eco que se hizo seguro por el bosque. Me sentí yo como en lo que ve uno en las películas; lo agarran a uno del pelo, lo tiran al suelo, lo montan y ¡jalen!”, relató la gobernante sobre la brusca maniobra de evacuación ejecutada por su escolta.

Fernández aclaró que, por protocolo, fue revisada y se encuentra bien, aunque el incidente y las condiciones climáticas obligaron a brindar asistencia médica a cuatro personas, incluyendo a varios diputados que sufrieron crisis nerviosas, golpes de calor y descompensaciones de presión.

Para la mandataria, el ataque no hace más que reflejar el peligro que sufren diariamente los oficiales y los vecinos: “Si se animaron a hacer una detonación hoy con el operativo de seguridad que hay aquí por nuestra presencia, imagínense cómo será un día ordinario para los cuerpos policiales y la comunidad”.

Según explicaron los expertos de seguridad en el sitio, estas explosiones no son inusuales, ya que las bandas criminales utilizan explosivos en el monte para aflojar la tierra y construir las piletas de sedimentación.

El vacío legal: De delito ambiental a crimen organizado

El núcleo del reclamo presidencial se centró en la total ineficacia del marco jurídico actual de Costa Rica para combatir la minería clandestina en la zona norte. Fernández fue enfática en que el país se enfrenta a estructuras de crimen organizado puro y duro, y no a simples infractores ambientales.

“¿Ustedes sabían que la minería ilegal está tipificada como un delito ambiental y que la condena es de dos meses? Tienen toda la razón los policías que nos contaban: ‘Doña Laura, hemos agarrado a sujetos hasta treinta y cinco veces y ni uno solo ha ido a prisión preventiva’. Da lo mismo robarse un nido de pericos que hacer estas piletas de cianuro, porque se tipifica como delito ambiental parejo y no son la misma cosa”.

Por lo que, la mandataria urgió a los legisladores a respaldar una reforma integral en el Código Penal para clasificar la minería ilegal bajo la ley de delincuencia organizada, permitiendo castigos severos y herramientas de investigación punitivas. Explicó que el país cuenta con leyes obsoletas “creadas desde antes de que existiera el Internet”, lo que deja al Estado de manos atadas ante las dinámicas delictivas modernas y transfronterizas.

Por lo que, la presidenta reveló que el Gobierno de la República realiza un gasto insostenible de aproximadamente un millón trescientos mil dólares mensuales para mantener un contingente permanente de 150 policías resguardando las 800 hectáreas de la zona de conflicto. Sin embargo, catalogó este colosal esfuerzo económico como “una gota de agua en una plancha hirviendo”.

Como una muestra de apoyo inmediato a las patrullas fronterizas que operan en condiciones extremas sin agua potable, internet ni señal de radio, la mandataria hizo entrega en el acto de dos cuadriciclos todoterreno y dos vehículos tipo “mula” de tracción 4x4, bienes de alta gama confiscados directamente al narcotráfico mediante gestiones con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Un llamado enérgico a retirar las mociones “chayote”

El proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo, que lleva dos años en el Plenario Legislativo y cuatro en diseño técnico, pretende sustituir el viejo modelo minero por uno moderno que eleve el canon de explotación de un 2% a un 6%, distribuyendo los dividendos directamente entre la Municipalidad de San Carlos, las Asociaciones de Desarrollo Integral y el Estado.

Fernández fustigó duramente la presentación de 658 enmiendas al proyecto por parte de las bancadas del Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio, calificando a muchas de ellas como tácticas dilatorias. “Cuando yo reviso esas mociones... hay mociones, costarricenses, que dicen para cambiar la palabra ‘minería’ por ‘actividad minera’. Es una falta de respeto a los policías y a la gente que vive aquí. Les pido que hagan una labor patriótica y retiren las mociones que son, como decimos, chayote”.

Aunque la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, defendió en la misma conferencia su derecho de enmienda y argumentó la existencia de propuestas alternativas para redistribuir mejor las regalías hacia las escuelas y la seguridad local, coincidió con la mandataria en que la situación ha empeorado drásticamente.

Al cierre de la sesión, Fernández descartó de plano la propuesta de la oposición de abrir una nueva mesa técnica sin plazos definidos, advirtiendo que el sistema democrático pierde credibilidad cuando los políticos postergan las soluciones reales por dos décadas.