La Cámara Federal porteña resolvió que una denuncia por presunto amedrentamiento a vecinos del club privado de golf Indio Cua, donde Manuel Adorni tiene una casa que está en el centro de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, tramite en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires y no en Campana.
La decisión fue del juez del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farah ante un conflicto de competencia entre dos juzgados, el federal 3 porteño y el de ese partido bonaerense, bajo cuya jurisdicción está el barrio privado ubicado en Exaltación de la Cruz. En la denuncia presentada en mayo pasado en Comodoro PY 2002, la diputada Marcela Pagano aludió al “despliegue permanente de efectivos” de Gendarmería Nacional en la puerta del barrio donde la familia Adorni compró una casa y la refaccionó a nueva. En los arreglos gastó 245 mil dólares en efectivo, según declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por enriquecimiento ilícito, y ratificó anoche en una entrevista periodística el contratista Matías Tabar.
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Esta semana el fiscal que investiga a Adorni y a su esposa Bettina Angeletti pidió los registros de entradas y salidas al lote 380 del Jefe de Gabinete para “reconstruir aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas” que se hicieron en ese domicilio.
La denuncia
Cuando estalló el escándalo, según la denuncia de Pagano, se habría enviado a Gendarmería a custodiar la entrada sin “acto administrativo fundado, sin evaluación técnica de riesgo, sin requerimiento judicial y con presunta finalidad de amedrentamiento sobre los vecinos del complejo, sumado a la emisión por parte del propio funcionario denunciado de mensajes intimidatorios dirigidos a esos vecinos a través del grupo de WhatsApp del barrio”.
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La legisladora pidió investigar las posibles responsabilidades de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de Adorni y de integrantes de Gendarmería, entre otros involucrados.
El juzgado porteño se declaró incompetente y remitió la presentación a Campana, con lo cual se generó un conflicto que ahora resolvió la Cámara Federal.
El caso a Comodoro Py
Al decidir sobre la disputa jurisdiccional, el camarista Farah coincidió con el criterio de la fiscalía ante el Tribunal de Apelaciones, y consideró que la decisión de enviar el expediente desde Comodoro Py al juzgado federal de Campana fue prematura, porque la investigación se encuentra en una etapa inicial. “Ese temperamento fue adoptado cuando en la causa sólo obraba la denuncia y ni siquiera se había dado intervención al Ministerio Público Fiscal”, señaló el magistrado.
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Farah remarcó que todavía se desconoce si la consigna de Gendarmería “existió o existe aún, quién la ordenó y en base a qué circunstancias y aplicando qué normas”, por lo que entendió que no hay elementos suficientes para determinar qué tribunal debe intervenir.
En esa línea, recordó la doctrina de la Corte Suprema según la cual una cuestión de competencia debe estar precedida por “una adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa, las circunstancias de modo y lugar en que habría ocurrido y las calificaciones que puedan ser atribuidas”.
Por ello, concluyó que, al menos por ahora, la causa debe permanecer en el juzgado federal 3 a cargo de Daniel Rafecas. El magistrado tiene también como juez subrogante de otro juzgado, el federal 6, la denuncia contra el hermano del Jefe de Gabinete. Se trata de Francisco Adorni, a quien el fiscal de ese caso, Guillermo Marijuán, pidió citar a declaración indagatoria por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
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