El juez federal Sebastián Ramos notificó formalmente este martes a Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) la orden de captura emitida contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, su principal colaborador, Diosdado Cabello, y una quincena de funcionarios del gobierno venezolano, quienes fueron denunciados en Argentina por presuntas violaciones a los derechos humanos. La causa, abierta en los tribunales federales de Buenos Aires bajo el principio de “jurisdicción universal”, fue confirmada a Infobae por fuentes judiciales.
La notificación de Ramos, orientada a que Interpol emita alertas rojas, da cumplimiento a una orden emitida el 23 de septiembre por la Cámara Federal porteña. La cámara, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, dispuso la indagatoria y detención de Maduro, Cabello y varios funcionarios venezolanos acusados de participar en un “plan sistemático” para llevar a cabo torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela.
Ahora Interpol decidirá cómo proceder en caso de que alguno de los acusados salga de su país. Sin embargo, existe incertidumbre entre los impulsores de la denuncia, especialmente en lo referido a la situación de Maduro, debido a su estatus presidencial, que podría otorgarle inmunidad. “Hay que ver si Interpol va a registrar estas alertas”, declaró en los tribunales de Comodoro Py el abogado Tomás Farini Duggan, impulsor de la denuncia. “Es muy difícil de lograr, pero debemos intentarlo. No es imposible, aunque en el caso de Maduro es muy complejo debido a su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, Interpol debería detenerlo si la orden proviene de la Corte Penal Internacional. De todas formas, Argentina puede intercambiar los pedidos de detención con cada país, y si alguno de los acusados se encuentra en dicho territorio, solicitar directamente su arresto a las autoridades locales”.
La expectativa gira en torno a un posible viaje de Maduro a Brasil para participar en la Cumbre de Líderes del G20, programada para los días 18 y 19 de noviembre de 2024 en Río de Janeiro, junto a los líderes de los 19 países miembros, la Unión Africana y la Unión Europea. “Maduro debería ser detenido, salvo que exista un acuerdo político”, advirtió Farini Duggan.
En virtud del principio de jurisdicción universal, los tribunales federales porteños abrieron una causa para investigar posibles violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en respuesta a una denuncia presentada por la Fundación de George Clooney. A esta denuncia se sumó una previa de la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER), que había permanecido inactiva inicialmente, dado que Argentina ya había presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional.
El 5 de abril pasado, la Cámara Federal porteña ordenó investigar las responsabilidades del gobierno de Maduro, al considerar que se trata de delitos de “extrema gravedad” que requieren actuación sin “dilación ni demora” para proteger a amplios sectores de la población civil. Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens ordenaron realizar todas las diligencias necesarias, e incluso Llorens sugirió en ese momento disponer la captura de los sospechosos.
Mientras se realizaban estas diligencias, ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las últimas elecciones nacionales en Venezuela, en las que Maduro buscó perpetuarse en el poder. La querella destacó una serie de delitos: desapariciones de estudiantes, ejecuciones y detenciones arbitrarias, entre ellas la de 749 manifestantes y otras 132 personas al día siguiente, además de torturas. Estos hechos ocurrieron durante las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. También se incluyó un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela. Tras escuchar a víctimas venezolanas en una audiencia, la Cámara Federal ordenó en septiembre la detención e indagatoria de los principales acusados. La orden fue formalizada recientemente, luego de que el juzgado identificara fehacientemente a los implicados.
Horas después del fallo, en Venezuela se ordenó la captura del presidente electo argentino, Javier Milei, su hermana Karina Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto a los jueces y fiscales involucrados en la causa por violación de derechos humanos en Venezuela: Bruglia, Bertuzzi, Llorens, Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe. La orden también incluyó a los funcionarios judiciales Federico Villena, Cecilia Incardona, Diego Iglesias, Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias, así como a políticos y denunciantes que impulsaron la investigación relacionada con el secuestro de un avión venezolano-iraní, decomisado y entregado a Estados Unidos.
Desde la Procuración General de la Nación y el Consejo de la Magistratura expresaron preocupación por las órdenes de detención promovidas contra funcionarios judiciales y ratificaron “la defensa de la independencia judicial y la eficaz prestación del servicio de justicia, sin condicionamientos externos”.
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